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Muchos no llegan
Beatriz Rubiño Yáñez
06 de febrero de 2018
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Hace 10 años, la canción “Papeles mojados”, del grupo musical “Chambao”, se convirtió en todo un éxito en nuestro país. Su letra expresaba la dura realidad de quiénes intentan llegar a nuestras costas en busca de una vida digna, de una vida mejor; era la historia de quiénes corrían peligro de muerte por llegar a nuestro país, de quiénes luchaban por alcanzar esos “papeles” que son la oportunidad de vivir de forma legal en España… Muchos de ellos, sin embargo, encontraban la muerte en el mar; otros, tras alcanzar tierra, eran deportados a las pocas horas; y los que lograban llegar, lo hacían en terribles situaciones de precariedad, lo que los condenaba -y les condena- a una vida marginal y marcada por la exclusión. Cada vez parece más claro que la actual gestión de fronteras condena a las personas a la clandestinidad, las empuja a jugarse la vida en su proceso migratorio y las despoja de sus derechos fundamentales.

Hace algunas semanas se cumplían 29 años desde la aparición del primer cadáver identificado como el de una persona migrante; casi 30 años después, duele decir que poco ha cambiado. O mejor dicho, sí que lo ha hecho, y ha sido para empeorar: la situación se ha vuelto más dura, más cruel, más amarga... No hay más que recordar la terrible imagen del pequeño Samuel, el Aylan español, en las playas de Barbate, o la noticia del ahogamiento de su madre en las costas argelinas. En el año 2017, las víctimas mortales en las costas españolas, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo, triplica ya a todas las del año anterior. El incremento en llegadas de inmigrantes a España, y muy especialmente, a las costas andaluzas, pone de manifiesto que somos la frontera Sur de Europa, y por tanto, un destino anhelado y codiciado, la promesa de una existencia libre de penurias y miseria, de persecución o de torturas. Un ritmo de llegada que ha aumentado debido al buen tiempo hasta escasas fechas y a que las embarcaciones son cada vez más pequeñas, lo que, según ha expresado la Oficina Internacional de Migraciones (Agencia de la ONU), pondrá en aprietos a nuestro país a la hora de gestionar la situación actual. Situación que, sin duda, obliga a las autoridades españolas a plantear que estamos ante una alerta humanitaria que obliga a trabajar sobre vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin peligro. En España, las competencias en materia de políticas migratorias corresponden al Gobierno central, mientras que nuestra Comunidad, según el artículo 62 de su Estatuto de Autonomía, “participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía”.

El drama de los menores inmigrantes

UNICEF estima que casi un 10% de las personas que llegan a España de forma ilegal son niñas y niños. De hecho, la inmigración infantil en nuestro país está alcanzando cifras récord: sólo en los tres primeros semestres del año, se habla de 5.380 menores extranjeros no acompañados (los conocidos como MENAs) en los diferentes centros de acogida repartidos en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; se trata de casi un 35% más en el 2016, cuando llegaron casi 4.000 -concretamente, 3.997-. Y aún queda por contabilizar el último trimestre del pasado 2017, lo que elevará la cifra y agudizará el drama. En este sentido, Andalucía vuelve a ser la región a la que llega un mayor número de menores: actualmente, nuestra Comunidad Autónoma tiene acogidos en sus servicios de protección a más de 2.000 menores extranjeros no acompañados, es decir, casi el doble que en todo 2016, lo que representa más del 38% de todos los que se encuentra en territorio español. Por sexos, hay una abrumadora mayoría de varones: 1.939 frente a 137 mujeres.

Ante esta difícil coyuntura, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 1 de agosto un refuerzo con 100 nuevas plazas los centros de acogida inmediata de menores extranjeros no acompañados. La medida, con carácter de emergencia por la gran afluencia de los últimos meses, se ha centrado en las provincias de Almería, Cádiz y Granada, de tal forma que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – a través de la Dirección General de Infancia y Familias- ha contratado, con carácter de emergencia, estas plazas hasta el 31 de marzo de 2018, suponiendo una inversión de más de 1,4 millones de euros para poder atender las necesidades básicas de alimentación, cuidados y alojamiento. Igualmente, y junto a la ampliación de plazas, la Junta ha activado un plan especial para acoger a los menores y ha hecho un llamamiento a las autoridades europeas, a través del Gobierno de España, para que se tengan en cuenta las necesidades de Andalucía como región de entrada de la inmigración. No cabe duda que la situación de los menores extranjeros no acompañados exige de políticas y medidas en el ámbito social, sanitario y educativo,

Medidas ante la inmigración

El Tribunal de Derechos Humanos ha condenado en su última sentencia a España por las llamadas “devoluciones en caliente”, es decir, las deportaciones en cuestión de horas para quiénes “sí llegan”, y que se consideran una grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Parece claro que los cientos, miles de muertes que se están produciendo en nuestras costas, tienen no sólo como causa la prolongación del buen tiempo y el uso de embarcaciones más pequeñas, sino la gestión que de los naufragios en aguas internacionales hacen Italia y nuestro país, en colaboración con la agencia FRONTEX de la Unión europea. Lo que deberían ser vías seguras y legales, respetuosas con los derechos humanos, se convierten en corredores de la muerte, y el Mar Mediterráneo, en lugar de ser una frontera natural, se erige como un gran cementerio, una fosa común donde mueren los sueños.

Ni España, ni la Unión Europea pueden ya mirar hacia otro lado. Andalucía, de hecho, no lo hace, y en los Presupuestos Generales para el año 2018 destina sendas partidas económicas en las Consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Justicia e Interior -con competencias en materia de coordinación de políticas migratorias-. En el primer caso, en 2018 se destinarán 2,4 millones de euros para subvenciones de relacionadas con la inmigración, a través de las subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeros andaluces y sus familias, y mediante las subvenciones a entidades privadas para programas de acción social.

Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior contaré este año con casi 5 millones de euros para políticas migratorias, lo que implica una subida del 51% respecto al año anterior y rebela el compromiso del Gobierno andaluz ante una problemática que, lejos de desaparecer, está más presente que nunca. Un presupuesto que va a permitir, entre otras actuaciones, incrementar las subvenciones destinadas a Corporaciones Locales, para mejorar la empleabilidad y el hábitat de trabajadores inmigrantes temporeros, en dos líneas de ayudas: una nueva, apoyada con 1.075.241 euros del Fondo Social Europeo, para mitigar las situaciones de infravivienda en zonas agrícolas con fuerte presencia inmigrante; y otra línea, puesta en marcha desde 2017, y que se refuerza en 2018 con 500.000 €, alcanzando un importe total de 1 millón de euros, destinada a sufragar la adquisición, construcción, reforma y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes. Estas líneas resultan de vital importancia ya que una de los principales problemas de la población inmigrante en nuestra tierra es el de los asentamientos ilegales y las situaciones de infraviviendas que se dan en varios de nuestros municipios.

Igualmente, se seguirá apoyando a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con colectivos de inmigrantes, y que tan buena labor realizan, en los proyectos y actividades que ya vienen realizando desde hace años, destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de las personas que llegan a Andalucía, a fin de favorecer su efectiva integración laboral, económica y cultural, destinándose para ello un importe total de 1,2 millones de euros. Por último, se impulsará, en colaboración con las asociaciones de mujeres inmigrantes, la formación específica sobre prevención de la trata de seres con fines de explotación sexual y contra la mutilación genital femenina dirigida a profesionales del ámbito sanitario, educativo y de los Servicios Sociales, por lo que se consigna en el Presupuesto un importe de casi 50.000 euros.

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