El PSOE denuncia el abandono del PP a los alumnos con necesidades especiales en Málaga

Los concejales populares tumban en solitario en el pleno municipal exigir a la Junta de Andalucía que deje de desviar fondos públicos a la educación privada y que devuelva a las aulas de la ciudad los profesionales de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y técnicos de Integración y de Lenguaje de Signos

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado “el abandono del PP a los alumnos con necesidades especiales en nuestra educación pública”. Así ha zanjado el concejal socialista Rubén Viruel el debate de una moción, durante el pleno municipal en Málaga, que los populares han tumbado en solitario pese a pedir “medidas de justicia” para “100.000 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en total 150.000 con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que representan el 10 % del alumnado andaluz. El 90 % de estos estudiantes están en la pública, pero apenas cuentan con apoyo: comparten profesionales especializados entre varios centros, y reciben atenciones de 30 minutos a la semana. Esto no es inclusión”, ha rechazado el responsable socialista en el área de Educación.

 

Viruel ha comenzado su intervención recordando la multitudinaria manifestación del pasado 17 de mayo, cuando miles de familias malagueñas salieron a la calle exigiendo una educación pública de calidad: “Hoy venimos a darle voz a esas familias que reclaman más recursos, más docentes, más apoyo a la diversidad y más inversión en los colegios públicos”. Según ha detallado el edil, en los casi siete años de gobierno del PP en Andalucía se han eliminado 3.000 unidades educativas públicas, 106 de ellas en Málaga para el curso 2025/2026, mientras que la educación concertada no solo mantiene sus líneas, sino que incluso se amplían. “¿Por qué no aprovechan para reducir ratios en lugar de eliminarlas? ¿Por qué no mejoran la atención al alumnado con necesidades específicas?”, ha cuestionado Rubén Viruel.

 

El concejal socialista ha exigido más personal especializado en los centros públicos: maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, técnicos de integración social, intérpretes de lengua de signos, orientadores, docentes de apoyo y enfermeras escolares. “Estos profesionales son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin ellos, la educación inclusiva es una mentira”. Viruel ha cargado contra la falta de empatía del gobierno andaluz, que “relega a la última fila al alumnado más vulnerable para que no molesten, y abandona a sus familias”. Ha citado las palabras del delegado de Educación de Sevilla, quien preguntó en público “¿Para qué quiere un niño con autismo una PTIS, para que le enseñe a mover la lengua?”, una declaración que Viruel ha calificado de “despreciable, dolorosa y absolutamente intolerable”.

 

Apoyo del Gobierno de España

 

El concejal también ha destacado la implicación del Gobierno de España con la educación pública en Andalucía: “Gracias al gobierno de Pedro Sánchez, nuestra comunidad cuenta con 53.800 millones de euros de financiación, una cifra récord. Y aún así, Moreno Bonilla ha rechazado otros 19.000 millones que permitirían resolver muchos de los problemas que ellos mismos han creado”.

 

Viruel ha recordado que los programas PROA+ y Educación Inclusiva+, impulsados por el Ministerio de Educación con fondos europeos y estatales, han permitido la contratación de 676 nuevos profesionales, de los cuales 400 son PT y AL sufragados por el plan PROA+ y 110 por el programa de Educación Inclusiva+. “La Junta apenas aporta 45 orientadores y 121 profesores para FP. Es el Estado quien está sosteniendo la inclusión educativa en Andalucía”.

 

Testimonios

 

Sandra Bautista, madre de una niña autista y representante de la Asociación Plataforma Neurodiverso, se ha dirigido al alcalde para abordar “la falta de recursos y apoyo en la educación inclusiva para niños con autismo en Málaga”. HA explicado que la situación actual en las escuelas públicas es “insuficiente y dolorosa para las familias”, quienes enfrentan problemas de conciliación y la carga emocional de la segregación educativa.

 

Gema Ávila, madre de una alumna con síndrome de Down, ha defendido que “el aumento del presupuesto” del que la Junta de Andalucía habla “en un 74% para niños con necesidades especiales no se está viendo un impacto real en los colegios”. Ávila ha pedido un cambio normativo que permita adaptar los planes educativos a las necesidades individuales de estos niños y sugiere que los futuros docentes reciban formación obligatoria sobre estas necesidades.

 

La dependencia “es un derecho, no caridad”

 

Durante el pleno, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, se ha ganado el apoyo de todos los grupos para exigir a la Junta de Andalucía el refuerzo de recursos humanos y materiales para agilizar la gestión de la Ley de Dependencia hasta los plazos legales establecidos, además de elevar en un 50% el presupuesto ya que, según datos expuestos por la edil, “casi 600 días de espera es el tiempo medio para acceder a un recurso de dependencia en Andalucía”, concretamente 587 días, cuando la media nacional es de 338 días y la ley marca un máximo de 180. “Entre enero y marzo de este año han fallecido 683 personas en nuestra comunidad esperando ese derecho. No olvidemos que la Ley de Dependencia es eso: un derecho. No es caridad”.

 

Rodríguez ha calificado “la odisea de las familias” en el sistema de dependencia andaluz como “una agonía” que requiere acción inmediata. Su intervención ha estado acompañada por el testimonio emocional de Asunción Vives, cuidadora principal de su madre dependiente, quien ha denunciado el abandono institucional que sufren miles de familias. “Esta moción es un grito de auxilio ante la agonía por la que está pasando el sistema de la dependencia desde hace años”, ha declarado Rodríguez. En el caso concreto de Málaga, la situación no mejora: 13.000 personas están a la espera de recursos, de las cuales 7.000 aún no han sido valoradas y otras 6.000 ya valoradas pero pendientes de recibir la prestación. Rodríguez también ha alertado sobre el colapso en el sistema de valoración de la discapacidad: “Se está valorando a fecha de junio de 2022, lo que significa tres años de espera para un diagnóstico que es el primer paso para acceder a servicios esenciales”.

 

Rodríguez negó que el problema sea de financiación. “No nos engañen, esto es el retrato de la pésima gestión del Partido Popular en la Junta. Son la comunidad que más fondos recibe. En 2018, el Estado destinó 248 millones a la dependencia; en 2025, la cifra es de 768 millones, un incremento del 209 %. Y se quejan”. La edil socialista también recordó los recortes realizados por el PP en esta materia: “Mariano Rajoy ya dijo en 2011 que la dependencia no era viable. Y así actuaron: recorte de 2.000 millones, reducción del 15 % en prestaciones, aumento del copago y exclusión de 300.000 cuidadoras, en su mayoría mujeres, del sistema de cotización”. La moción ha salido adelante por unanimidad en sus tres primeros puntos, pero PP y Vox se han opuesto a que se municipalicen los servicios de ayuda a domicilio “para garantizar unas condiciones dignas en el sector, así como una atención de calidad a las personas usuarias”.