El PSOE urge a Moreno Bonilla y De la Torre a declarar “ya” la ciudad de Málaga como zona tensionada para frenar la expulsión de malagueños

Los socialistas llevan a pleno como moción urgente la “dramática situación por los precios de la vivienda” para reclamar además una moratoria de pisos turísticos

El grupo municipal del PSOE llevará al pleno ordinario de abril una moción urgente para “tratar de frenar la expulsión de malagueños” pidiendo a la Junta de Andalucía y, por extensión al Ayuntamiento de Málaga, medidas “urgentes” ante “este drama habitacional”, comenzando por pedir a Moreno Bonilla “que declare ya a la ciudad zona tensionada” por los precios de alquiler y de compra, y por la proliferación de viviendas de uso turístico.Así lo ha explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez, pocas horas después de que el presidente de la Junta haya aceptado el Plan de Vivienda 2026-30 del Gobierno de España, que prevé la inversión de 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda protegida en nuestro país, 1.197 millones de euros que llegarán a Andalucía. El gobierno de la Junta debe hacerse cargo del 40%.

«A día de hoy Málaga es una ciudad inalcanzable para la mayoría de los malagueños y de las malagueñas. Es imposible comprar una vivienda, es imposible alquilar una vivienda a un precio asequible», ha aseverado Pérez durante una rueda de prensa, a la que han asistido alumnos de Periodismo de la Universidad de Málaga, “jóvenes muy afectados por el precio de los alquileres” de hasta 500 euros por habitación. Pérez ha advertido de las graves consecuencias sociales y demográficas de esta crisis. «El éxito de la ciudad puede reconocerse, pero también hay que reconocer que ese éxito está expulsando a la mayoría de los malagueños. Nuestra ciudad está perdiendo a la gente joven que tienen hijos, lo que va a provocar un nuevo descenso en la natalidad y en el número de niños matriculados en la ciudad».

En este sentido, Pérez ha interpelado directamente al regidor, Francisco de la Torre, quien “no ve inconveniente que los malagueños se vayan a vivir a Villanueva del Rosario y abandonen la ciudad donde han nacido y donde quieren vivir». Por eso, frente a la política de «laissez faire» y la «ley de la selva» que, según Pérez, aplica el PP en Málaga “favoreciendo a grandes rentistas y especuladores”, el portavoz socialista ha defendido que se califique ya a la ciudad como zona tensionada, la moratoria de la vivienda turística y el recargo del IBI en aquellos pisos que estén vacíos hasta que se pongan a disposición del mercado del alquiler de larga duración. “Hay que topar ya el mercado frente a subidas abusivas”, ha desgranado Daniel Pérez, mientras que “Málaga cuenta actualmente con más de 13.000 viviendas turísticas, superando a Madrid o Barcelona. Esto está impactando de manera directa en la subida de precios en una ciudad con una renta media muy inferior», ha explicado, proponiendo que la reversión paulatina de estas viviendas al mercado residencial ayudaría a bajar los precios.

En el mismo orden de cosas, el texto pretende la creación de una auditoría de suelo y de vivienda vacía en menos de tres meses, realizando un inventario actualizado de espacios municipales compatibles para construir VPO. Y el refuerzo presupuestario del Instituto Municipal de la Vivienda, “que es el organismo competente para la construcción de VPO”, revirtiendo los recortes presupuestarios ejecutados por el Ayuntamiento en los últimos años.

Plan Estatal 2026-2030

Daniel Pérez ha celebrado que la Junta de Andalucía “haya rectificado y aceptado adherirse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 impulsado por el Gobierno de España”, lo que supondrá la llegada de más de 1.198 millones de euros a la región para la construcción de vivienda pública. Sobre esta normativa estatal, Pérez ha señalado que uno de sus grandes hitos es garantizar la calificación de VPO de por vida, aunque Moreno Bonilla propone 50 años. «Hasta ahora, la normativa de Juanma Moreno solo protegía la VPO durante siete años, lo que deja la puerta abierta a su venta en el mercado para especular. La vivienda construida con financiación pública tiene que estar protegida por ley de por vida para que no se termine especulando con ella», ha sentenciado.

Finalmente, Pérez ha lamentado el «afán mercantilista» del Partido Popular, afeando el reciente voto en contra del PP, junto a Vox y Junts, en el Congreso de los Diputados al decreto de garantías de los alquileres, una decisión que “permitirá subidas desorbitadas a más de 360.000 andaluces”. Asimismo, ha denunciado “la ineficacia de la Junta de Andalucía en la gestión del Bono Alquiler Joven”, recordando que «todavía a aquellos beneficiarios del 2023 no se lo han pagado» pese a que “la Junta no tenía que destinar presupuesto, sino dedicarse a tramitar correctamente estas ayudas”.