Lima: "El decreto de regularización de viviendas busca dar respuesta a los Ayuntamientos, a las familias y a la ciudadanía en general"


La reforma de la Ley del Suelo de Andalucía, reactivará el sector económico de la construcción y potenciará la construcción de VPO en los Ayuntamientos que así lo estimen.

Los socialistas mijeños lamentan la utilización de una oficina externa para llevar a cabo el procedimiento de regularización de viviendas


El delegado de obras públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, la parlamentaria andaluza Marisa Bustinduy, junto a la portavoz del grupo municipal socialista en Mijas, Fuensanta Lima, han desarrollado esta mañana en rueda de prensa las principales características y beneficios del decreto de regularización de viviendas que está impulsando la administración socialista autonómica. Mijas es el primer municipio donde se ha explicado en rueda de prensa el decreto, por el que se "desarrolla un marco regulatorio para las edificaciones que existen en Andalucía en suelo no urbanizable, un decreto que busca dar respuesta a los Ayuntamientos, a las familias y a la ciudadanía en general", aseguró Enrique Benítez.

Para el delegado, "tenemos el convencimiento que desde el urbanismo se crea riqueza colectiva, ya que cualquier ciudadano al adquirir su vivienda contribuye indirectamente al desarrollo urbanístico de su ciudad, facilitando la construcción de centros educativos o sanitarios, partiendo de esta base la Junta de Andalucía no va a crear ningún agravio comparativo con quienes si han hecho las cosas adecuadamente, así a través del decreto aquellas familias con viviendas irregulares, construidas de buena fe, podrán regularizarse contribuyendo como lo han hecho legalmente otros ciudadanos".

Según Benítez, "En Andalucía existen entre 250.000 y 300.000 viviendas irregulares, entre 50.000 y 60.000 en Málaga y unas 3000 en Mijas, la solución irá casa por casa y caso por caso, pareciendo viable a priori que las edificaciones que se pueden beneficiar del decreto es elevado, por ello la Junta pedirá a los Ayuntamientos un informe señalando cuales son las edificaciones aisladas o asentamientos urbanísticos de su término municipal que cumplen los requisitos para beneficiarse del decreto".

"El decreto da respuesta a los Ayuntamientos, a las familias y a los ciudadanos, reconociendo una realidad existente a la que no queremos darle la espalda desde la Junta de Andalucía, como también es una realidad que habrá viviendas que no se van a regularizar, viviendas que estén en una manifiesta situación de riesgo para quienes habitan en ella, al igual que tampoco se podrán acoger al decreto aquellas viviendas con procedimientos judiciales aún pendientes".

Por su parte Marisa Bustinduy, hizo hincapié en la reforma de la Ley del suelo de Andalucía, "una reforma necesaria que en primer lugar agilizará la tramitación de expedientes urbanísticos, facilitando así la reactivación económica del sector, una reforma que dotara de mayor transparencia a la administración y mayor capacidad a la ciudadanía para informarse de los distintos elementos urbanísticos y una reforma que generará, si el Ayuntamiento lo dispone, una mayor capacidad de construcción de vivienda protegida"

Fuensanta Lima, pidió al PP que informe debidamente de este decreto "estando a pie de calle con los vecinos y vecinas afectados por esta situación, ya que el Ayuntamiento debe explicar su hoja de ruta", también dejo clara la postura del PSOE sobre la utilización de una oficina externa con personal externo para llevar a cabo el procedimiento, "no entendemos este gasto doble, cuando la función se podría hacer perfectamente utilizando los recursos públicos que tenemos".


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