El PSOE pide que no se aplique la reforma laboral en la Diputación de Málaga

Reivindica el papel de las administraciones públicas en la prestación de servicios

El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga defenderá en el próximo pleno, previsto para el 10 de abril, una moción contra la reforma laboral instando al equipo de gobierno a que no aplique el decreto al personal laboral de la institución y sus empresas vinculadas, ha anunciado el portavoz socialista, Francisco Conejo. "La reforma laboral es el instrumento para desmantelar el sector público municipal. Al drama del paro, sumaremos la reducción de serivcios públicos, su privatización o el copado de éstos", ha advertido el portavoz.

En los acuerdos de la iniciativa, los socialistas muestran el rechazo al Real decreto 3/2012 aprobado el pasado 12 de febrero de 2012. "Exigimos al Gobierno a que convoque la mesa del diálogo social para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y económicos para reorientar la reforma laboral, porque impulse la contratación verdaderamente estable y de calidad; para asegurar la incorporación al mercado laboral de trabajadores en paro y dar pasos en la dirección de transformar nuestro modelo competitivo", recoge la moción.

Mostrar y defender la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo y que de una vez se cumplan los compromisos adquiridos entre el Gobierno de la Nación y los gobiernos de las comunidades Autónomas en materia de financiación, y que permitiría evitar el ahogamiento de la capacidad económica de las Administraciones Locales son dos de las propuestas del Grupo Socialista consensuadas con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

El portavoz socialista ha explicado que en la moción se insta a los entes locales de la provincia de Málaga a que se comprometan a la no aplicación del RDL 3/2012 de 10 de febrero a su personal laboral, así como al personal de las empresas públicas vinculadas.

"El papel de las Administraciones Públicas es principal para garantizar los servicios públicos y las políticas sociales, para hacer efectiva la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social. La administración local es la más cercana y el primer recurso con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas. En esta realidad la reforma olaboral aprobada por el gobierno del Partido Popular plantea el empleo público con las reglas de la economía de empresa y del mercado y por ello rechazamos la aplicación de esta reforma en las Administraciones Públicas", ha afirmado.

Para los socialistas, "nuestro país vive inmerso en una profunda crisis económica que tiene sus causas en la quiebra del sistema financiero. Una de las consecuencias más duras que tiene esta gravísima situación que atraviesa nuestra economía es la destrucción de empleo, que ya ha llegado a cotas históricas en España. Las políticas contra el déficit que se imponen desde la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional están afectando gravemente los elementos fundamentales de nuestro modelo de estado del bienestar. La aplicación de recortes presupuestarios a la educación y a la sanidad públicas, así como la reducción radical del gasto social que da cobertura, principalmente, a la población más humilde y a aquellos que han perdido su trabajo, está ampliando la brecha social , amenazando seriamente la cohesión social en nuestro país".

Conejo ha recordado que en el mes de febrero el paro dejó en Málaga 5001 personas más en el desempleo. Con esto las cifras totales ascienden en Málaga a 207.355. En este contexto de elevadísima tasa de desempleo, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo en el seno de las empresas, el Gobierno central ha aprobado por decreto la reforma laboral más regresiva de la historia democrática en España. "Una reforma que significa un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales en nuestro país", resume la moción.

Bajo la excusa de encontrar mecanismos para la reactivación de la contratación en nuestra economía, el Gobierno del Estado ha impuesto una reforma laboral que instaura de facto el despido libre y con 20 días de indemnización. Es una reforma que permite a las empresas impulsar expedientes de regulación de empleo sin la aprobación de la Administración pública, como era hasta ahora.

La reforma, bonifica los empresarios para la contratación de trabajadores sin ningún tipo de seguridad en su continuidad en el puesto de trabajo con un 50% del su prestación de paro, con lo que los que hayan agotado la prestación serán difícilmente contratables.

Esta reforma impuesta también da un grave golpe la negociación colectiva, colocando el convenio de empresa como principal referencia, por encima de los convenios sectoriales y territoriales, y dejando en situación de máxima debilidad los trabajadores y las trabajadoras de las empresas pequeñas y medias.