Los concejales de Málaga capital y los diputados provinciales socialistas secundarán la huelga general

Solicitan en un escrito que se descuente de la próxima nómina la cantidad equivalente a un día según la retribución mensual correspondiente

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga y los diputados del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga han registrado sendos escritos en ambas instituciones solicitando que con motivo de la convocatoria de huelga general de mañana se descuente de la próxima nómina la cantidad equivalente a un día según la retribución mensual correspondiente. A esta iniciativa se han sumado también el personal eventual de ambos grupos.

De esta forma, los socialistas secundarán la huelga convocada por los sindicatos como respuesta a la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP. La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) apoyó en su reunión de ayer las movilizaciones contra la reforma y anunció la presentación de una moción para que los ayuntamientos de la provincia no apliquen la norma.

Los socialistas se han comprometido a que ningún alcalde ni alcaldesa socialista de los que gobiernan en la provincia apliquen la reforma laboral en su ayuntamiento garantizando así que no se despidan a trabajadores en el ámbito local.

La moción promovida por UGT y CC OO pone el acento en la agresividad de una reforma laboral "que significa un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales en nuestro país".

En concreto, critica el hecho de que permita a las empresas impulsar expedientes de regulación de empleo sin la aprobación de la administración pública, el grave golpe a la negociación colectiva, e instaure de facto el despido libre y con 20 días de indemnización.

Por todo ello, propone mostrar el rechazo a esta reforma, exigir al Gobierno que convoque la mesa del diálogo social para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y económicos para reorientar dicha medida y defender la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo.