Heredia exige al alcalde de Estepona que readmita de forma inmediata a los trabajadores afectados por el ERE

Los socialistas aseguran que el ERE no ha supuesto un ahorro económico para el Ayuntamiento y acusan al PP de poner en la calle a los trabajadores sin criterios objetivos de ningún tipo

David Valadez: "Es una decisión política, amparada en una mentira, que ha causado un perjuicio y un daño tremendo a muchísimas familias de Estepona"

El secretario general del PSOE de Málaga y del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha exigido hoy al alcalde de Estepona, José María García Urbano, que readmita de forma inmediata a los 176 trabajadores del ayuntamiento afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tras conocerse la semana pasada que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el ERE que el PP llevó a cabo en este ayuntamiento y ha ordenado repetir el juicio, el responsable socialista se ha reunido hoy con una amplia representación de los afectados y ha mostrado su solidaridad con estos trabajadores municipales.

En rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Estepona, David Valadez, y la presidenta de la Plataforma '176 y más' de afectados por dicho ERE, Emma Molina, Heredia ha recordado que el PSOE ha registrado sendas iniciativas en el Congreso y en el Senado reclamando al Gobierno del PP que derogue la reforma laboral que ampara el despido de estos 176 trabajadores y rechace dicho expediente. Además los socialistas llevarán esta iniciativa al Parlamento andaluz y a la Diputación de Málaga. "Una de las primeras decisiones del alcalde García Urbano fue echar a la calle a estos trabajadores y ahora la justicia dice que ese ERE no se tuvo que llevar a cabo", ha afirmado Heredia, que ha recordado que la medida "se justificó por necesidades económicas, pero nada más lejos de la realidad". "Después se han contratado a otros trabajadores para suplir esos puestos vacantes y, lo que es peor, se han privatizado la mayoría de los servicios públicos municipales. Una vez más, el PP pretende hacer negocio", ha aseverado el líder socialista.

Para Heredia, el regidor esteponero aprovechó la reforma laboral de Rajoy "para poner en la calle a estros trabajadores sin criterios objetivos de ningún tipo, por eso le pedimos que readmita de forma inmediata a estos 176 trabajadores", ha dicho, al tiempo que ha reprochado a García Urbano que haya "truncado las vidas de muchas familias de Estepona". "Muchos de ellos llevan esperando la resolución de un juicio, han agotado todas las prestaciones e incluso a algunos les faltaban pocos meses para jubilarse", ha dicho.

"El alcalde nunca debió tomar la decisión de despedir a estos trabajadores, es indecente que diga que no hay dinero para readmitirlos pero tenga 1,3 millones para construir un géiser artificial en el municipio", ha criticado Heredia, que ha denunciado que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy no solo no ha supuesto la creación de empleo, "sino que lo que el PP buscaba era el despido a precio de saldo, bajar los salarios y ofrecer contratos miserables".

Por su parte, el secretario general y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estepona, David Valadez, ha exigido al equipo de gobierno del PP que anule el ERE y readmita a los 176 personas "que han sido injustamente despedidas por una decisión exclusivamente política". "Desde el Grupo Municipal Socialista presentaremos alegaciones al presupuesto presentado por el equipo de gobierno para que se tengan en cuenta en el próximo ejercicio presupuestario de 2015 las plazas de las 176 personas despedidas. Es una cuestión de justicia y también queremos evidenciar las mentiras del PP en este tema", ha dicho.
En este sentido, Valadez ha reprochado al PP que haya justificado el ERE en cuestiones económicas "cuando la realidad es otra muy distinta". "Hemos tenido acceso a un documento del interventor según el cual el alcalde mintió descaradamente sin ningún tipo de reparo", ha apuntado. Así, ha señalado que el plan de pago a proveedores que ascendía a 65 millones de euros y que se utilizó como excusa para poner en marcha el ERE "no ha empezado ni siquiera a ser abonado". No será hasta el 1 de enero de 2016 cuando el consistorio comience a pagar esa cuantía económica.
"Durante todo este tiempo García Urbano ha mantenido una decisión exclusivamente política, que ha causado un perjuicio y un daño tremendo a muchísimas familias de Estepona, justificándose y amparándose en una mentira", ha manifestado Valadez. Al tiempo, ha advertido de que en el propio informe del interventor los habilitados nacionales del ayuntamiento ponen la manifiesto la necesidad de poner en marcha otro plan económico-financiero para junio de 2015. "Si el PP sigue teniendo mayoría en el ayuntamiento, es muy probable que se ponga en marcha otro expediente de regulación de empleo", ha alertado.
Valadez ha criticado que se haya llevado a cabo en el ayuntamiento un proceso de privatización de servicios "como antes nunca se había conocido en la Costa del Sol". Este proceso ha afectado a la gestión de la plaza de toros, el parque municipal de Los Pedregales, los cementerios municipales, la limpieza de edificios públicos, los parques y jardines, la brigada de infraestructuras o las playas, lo que, para el portavoz socialista, supone "un menoscabo para las arcas municipales en beneficio de intereses privados a costa de los impuestos y tasas que pagamos todos los esteponeros". "Se han desmantelado servicios públicos esenciales como las guarderías municipales, la escuela municipal de adultos, la escuela de joyería o la de seguridad", ha concluido.

Por último, la presidenta de la Plataforma de Afectados por el ERE en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, se ha mostrado convencida tras la decisión del Supremo de que "vamos a ganar el juicio", por lo que ha pedido a los responsables del consistorio esteponero "que dicen estar tan preocupados por las personas, que resuelvan nuestra situación". "No estamos cobrando prestación. Muchos de los afectados tienen más de 40 años. Vivimos una crisis y es muy difícil acceder a un puesto de trabajo. Nos han cortado esa posibilidad. Ha habido muchos compañeros discapacitados que han sido despedidos del ayuntamiento, con lo que no cumplen con el 5% de contratados obligatorio", ha explicado.
"Tampoco existían esas causas organizativas que alegó el Ayuntamiento cuando el alcalde aprobó el ERE", ha dicho Molina, que ha pedido celeridad a la justicia en el nuevo juicio. "Llevamos aguantando dos años esta situación y si tenemos que volver a aguantar otros dos años más no sé que va a pasar con muchos de nosotros", ha concluido.