Heredia denuncia el desmantelamiento del Archivo Militar de Málaga por parte del Gobierno de Rajoy

"Se llevan parte de la historia de los malagueños y las malagueñas como consecuencia de una decisión del Gobierno de Rajoy", asegura

El secretario general del PSOE de Málaga y número uno de los socialistas malagueños al Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado hoy el desmantelamiento del Archivo Militar de Málaga por parte del Gobierno de Rajoy. Junto al Juzgado Togado Militar de Málaga, ha recordado que desde que se conoció la intención del Gobierno del PP de iniciar el traslado del Archivo Militar que se custodia en el Juzgado Togado Militar nº24 de Málaga, "los socialistas comenzamos una campaña pública e institucional para evitarlo", con mociones en Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial que contaron con el respaldo de todos los grupos. "Al parecer, no ha dado mucho resultado, porque hoy mismo están desmantelando el archivo. Se llevan parte de la historia de los malagueños y las malagueñas como consecuencia de una decisión del Gobierno de Rajoy", ha dicho. En cualquier caso, los socialistas han ratificado su compromiso y apuesta por este archivo ante la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga.

Entre la documentación que el PP ha comenzado hoy mismo a trasladar, ha recordado Heredia, se encuentra más de 1.000 cajas clasificadoras con expedientes desde 1894 de gran relevancia para conocer la Historia de España: desde la importancia de Málaga como plaza militar gracias a la relevancia de nuestro Puerto tanto para la guerra de Cuba como para el protectorado español y la guerra en el norte de África. La parte fundamental la conforman los más de 20.000 expedientes referentes a las causas judiciales abiertas durante la Guerra Civil española y el franquismo. En este archivo se encuentra la documentación, por ejemplo, de las más de 4.500 sentencias a muerte de los asesinados por el franquismo en Málaga. Es decir, "es el principal archivo documental para conocer la represión de la Dictadura de Franco en la provincia de Málaga", ha destacado.

Actualmente tanto familiares de los represaliados de la dictadura de Franco, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Málaga como distintos investigadores entre los que se encuentran doctores de la Universidad de Málaga desarrollan sus investigaciones en esta documentación, que de ser trasladada impediría en buena medida poder reconstruir la Historia Contemporánea de nuestra provincia entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX y uno de los hechos más trascendentes en nuestra Historia reciente.

"Aunque se cierre el Juzgado Militar, en Málaga hay dependencias militares, pertenecientes al Ministerio de Defensa, que podrían albergar ese archivo y permitir la labor investigadora que actualmente desarrollan, incluso hay archivos que podrían quedarse esa documentación como son el Archivo Provincial de Málaga (que pertenece a la Junta de Andalucía) o el Archivo Municipal (Ayuntamiento de Málaga)", ha defendido Heredia. "Este desinterés del PP por el asunto es uno más en todo cuanto tiene relación con la memoria histórica", ha añadido.

En el año 2007, recuerda Heredia, el Gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un amplio consenso. "Solo tuvo el voto en contra del Partido Popular y de ERC. Lideramos, así, una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con nuestra más reciente historia. En esta ley se ampliaron y reconocieron los derechos de todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista", ha expuesto.

Al tiempo, ha señalado que esta ley tuvo "un alto grado de cumplimiento". "Se hizo hasta que el PP llegó al Gobierno, hasta que Rajoy llegó a la Moncloa, y redujo a cero euros esta partida presupuestaria y suprimió la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura". "Consideramos que hay que dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica. Las recomendaciones de Naciones Unidas marcan el camino a seguir en la gestión de la memoria histórica. Básicamente, el Estado debe asumir directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Se trata de que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no dependa de la voluntad del gobierno de turno", ha explicado.