El PSOE destaca los diez años de defensa de la Ley de Dependencia en la provincia de Málaga

"La Junta de Andalucía ha desarrollado y consolidado la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía poniendo sobre la mesa 1.550 millones de euros para el sostenimiento del sistema", ha afirmado Marisa Bustinduy

La parlamentaria socialista Marisa Bustinduy ha destacado esta mañana en rueda de prensa la defensa de la Ley de Dependencia que han hecho los gobiernos del PSOE en la provincia de Málaga. Bustinduy, que ha estado acompañada por la también parlamentaria socialista Beatriz Rubiño, ha recordado que "desde que se firmó la Constitución y comenzó la democracia, ha habido grandes avances en políticas de igualdad y bienestar social, las leyes más importantes siempre han llevado la firma de un presidente socialista y la Ley de Dependencia la lleva".

Así, Bustinduy se ha referido a la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por las políticas sociales, con 8 de cada 10 euros invertidos en esta materia. "La Junta de Andalucía ha desarrollado y consolidado la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía poniendo sobre la mesa 1.550 millones de euros en la provincia de Málaga para el sostenimiento del sistema, más de 10.000 millones en toda la Comunidad Autónoma", ha afirmado, al tiempo que ha detallado en estos 10 años se han atendido en Málaga a 59.200 personas con 77.400 prestaciones, de un total de 371.600 personas con 488.300 prestaciones en toda Andalucía. "Si Andalucía hubiera hecho un esfuerzo menor como ha pasado en Madrid o Cataluña, habríamos dejado de atender a a atender 82.200 personas en Andalucía, 13.100 en la provincia de Málaga", ha añadido.

Desde el PSOE señalan que Andalucía ha estado liderando la aplicación de la ley de Dependencia: hoy con 185.000 personas atendidas y 239.000 prestaciones, Andalucía representa el 23% del conjunto de España. En la provincia de Málaga actualmente hay 28.892 personas beneficiarias con 37.343 prestaciones, mientras que la inversión en atención a la dependencia crece actualmente al 2,5% anual. Es el Gobierno regional el que financia más del 78% del sistema de atención a la dependencia, mientras que el estado lo hace en menos de un 22% a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% entre ambas administraciones. "Andalucía ha cargado a sus espaldas la financiación de esta ley y sigue adelante porque es una prioridad absoluta de Susana Díaz", ha apostillado.

Sobre los recortes estatales a la financiación de esta Ley, Bustinduy ha recordado que, de 2012 a 2016, el Gobierno de España ha recortado 508 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía. A este importe hay que sumarle más 10 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para las más de 20.000 personas en situación de dependencia moderada. "Con la deuda total se podrían haber atendido a 105.000 personas", ha lamentado.

En el conjunto de España los recortes han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros para la financiación de la atención a la dependencia. Otros recortes han sido la eliminación la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, que en España afectó a 150.000 cuidadoras y en Andalucía a 55.000. Además, se han endurecido los requisitos para las personas cuidadoras y se ha retrasado del calendario de implantación de la Ley, hasta en dos ocasiones.

"El PP ha reducido un 15% la cuantía de la prestación para cuidado en el entorno familiar, lo que ha obligado a la Junta de Andalucía invertirá anualmente 2,6 millones de euros para amortiguar esa reducción del 15% al 13,2%, una situación que no ayuda cuando, desde 2011, se ha eliminado la financiación acordada para las Comunidades Autónomas en 283 millones de euros", ha aseverado Bustinduy, al tiempo que ha criticado la reducción en más del 13% el nivel mínimo por persona beneficiaria que recibían las CCAA.

Por su parte, la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño, ha destacado "la década de logros y aciertos en la aplicación de la Ley de Dependencia y en su capacidad para generar empleo, son más de 45.000 los puestos generados en Andalucía, más de 18.000 empleos creados por el Servicio de Ayuda a Domicilio", ha dicho.

"El desarrollo de la Ley de Dependencia ha conllevado, además de prestación de servicios, una repercusión directa en la creación de empleo que tiene la particularidad de ser estable y no deslocalizable, en la provincia de Málaga son 7.000 empleos, 2.460 empleos en el Servicio de Ayuda a Domicilio, en su mayoría mujeres. La Ley de Dependencia es una ley que fomenta la igualdad", ha manifestado Rubiño, que también ha defendido el consenso institucional y profesional en la aplicación de la ley, sobre todo en el ámbito rural.

Para la parlamentaria socialista, este diálogo con representantes del sector y con el objetivo de optimizar los recursos públicos disponibles, ha generado una dinámica positiva que ha dinamizado el sector dando calidad a los mismos y garantizando su sostenibilidad. Un papel destacado han tenido las entidades locales, que han gestionado 5.000 millones de euros en estos diez años. En 2016, más de la mitad (el 53,8%) del presupuesto que gestionaron iba a la atención a la dependencia, ha ido a ayuda a domicilio, estancia diurna, atención residencial y refuerzos dependencia.

"Hay que destacar en esta colaboración que la Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma que financia completamente el refuerzo de profesionales, y el servicio de ayuda a domicilio, para lo que ha invertido 2.500 millones de euros, transferidos directamente a las corporaciones locales desde el inicio de la ley en Andalucía, 314 millones para los municipios de la provincia de Málaga", ha dicho Rubiño.

La parlamentaria socialista ha recordado que entre los retos actuales a los que debe hacer frente la Ley es la incorporación de los pacientes de Grado I. "El Gobierno socialista de Susana Díaz ha aprobado durante 2016 el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros. Avanzamos en su desarrollo, con acciones dirigidas a grupos de población específicos como personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Asimismo, ponemos especial atención en las cuidadoras", ha explicado.

En paralelo, los socialistas impulsan un Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, propuesto al Gobierno de España para garantizar el futuro, que se articula en torno a ocho ejes: financiación garantizada y suficiente, impulso de servicios de calidad profesionalizados, responsabilidad pública y proximidad, un baremo más idóneo, simplificar y agilizar el procedimiento, impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y sanitarios, transparencia y participación, y garantías democráticas y estabilidad normativa.

"Estamos ante una Ley de Dependencia que ha ofrecido mucho en esta década y que tiene mucho que ofrecer en los próximos años siempre de mano de gobiernos socialistas y a pesar de los recortes del PP", ha concluido.