El Grupo Socialista pide al Gobierno que reaccione y tome medidas para evitar una merma global de ingresos para los ayuntamientos

"Era previsible la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, porque teníamos claro que este impuesto en su formulación actual es injusto", subraya el portavoz de Hacienda, Julián López

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley sobre reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), firmada por el portavoz de Hacienda, Julián López, y la portavoz de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, para que el Gobierno reaccione y tome medidas para evitar una merma global de ingresos para los ayuntamientos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de la que se deriva la necesidad de modificar este Impuesto porque con la actual regulación se someten a gravamen situaciones en las que no se produce un incremento del valor de los terrenos, anulando la plusvalía municipal cuando no hay incremento de valor y hay pérdidas.

"Los socialistas venimos denunciando la situación y pidiendo al Gobierno que reaccione", afirma el portavoz de Hacienda, Julián López, al señalar que "era previsible la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, porque teníamos claro que este impuesto en su formulación actual es injusto".

"Urgimos al Gobierno a que cambie la regulación para evitar que la desidia del gobierno, negándose a actuar antes de que llegara la sentencia, termine perjudicando a las finanzas locales y sea un nuevo ataque a la autonomía financiera de los ayuntamientos", advierte por su parte la portavoz de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano.

Así, instan entre otras medidas, a que se acuerden con los ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del IIVTNU para evitar su aplicación automática en los casos en que no se haya producido el incremento de valor que constituye el hecho imponible del mismo; a que se acuerde en el marco de la revisión de la financiación local una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos; y colaborar con los ayuntamientos para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos.

"El gobierno no ha de esperar a que se produzca el fallo respecto del resto de recursos pendientes y ha de comenzar a negociar cuanto antes las modificaciones legales necesarias, para adaptar las normas a los principios que establece la decisión del Tribunal Constitucional y asegurar, al mismo tiempo, que los ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan", se subraya en la iniciativa.