PSOE exige a PP que dirija sus críticas sobre Dependencia a Rajoy, que no paga lo que corresponde y pone trabas para la aplicación de la ley

Los socialistas destacan que, a pesar de la falta de compromiso del Gobierno central, la apuesta de la Junta de Andalucía ha permitido la incorporación al sistema de Dependencia desde marzo de 1.091 personas con un total de 1.432 prestaciones

El parlamentario andaluz del PSOE, Francisco Vargas, ha exigido hoy a los dirigentes del PP de Málaga que dirijan sus críticas sobre la Ley de Dependencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no paga lo que corresponde y pone trabas para la aplicación de esta ley. Así, ha denunciado que el Gobierno no está cumpliendo su compromiso de cubrir el 50% de financiación de la atención a la Dependencia, lo que conlleva una "vulneración de la ley", obligando a Andalucía a afrontar el 80% de la prestación, mientra que el Ejecutivo central lo hace con el 20% restante. Vargas ha destacado que, a pesar de la falta de compromiso del Gobierno central, la apuesta de la Junta de Andalucía ha permitido la incorporación al sistema de Dependencia desde marzo de 1.091 personas con un total de 1.432 prestaciones.

El parlamentario andaluz por Málaga ha criticado que la secretaria general del PP en Málaga, Patricia Navarro, intente desviar la atención de los recortes y del ahogo financiero al que el Gobierno del PP somete a Andalucía. En este sentido, ha recordado que desde 2012 Andalucía ha dejado de recibir 625 millones de euros para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, así como otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada. "Con sus recortes el Gobierno de Rajoy ha impedido la atención de unas 105.000 personas más en Andalucía", ha dicho.

Vargas ha acusado al PP de señalar a las comunidades autónomas, cuando son las que están asumiendo no sólo la retirada "brutal" de financiación estatal, sino las que están haciendo frente a las trabas fijadas por el Gobierno central, tras la publicación del Real Decreto ley 20/2012. Así, ha explicado que a raíz de "esta imposición estatal" se ha llevado a cabo por parte del Gobierno del PP en España una batería de modificaciones en la ley, como fue la desaparición de niveles, el cambio en los baremos o el retraso del calendario inicial, propuesto por ley, para la incorporación del último grado de Dependencia a la atención en el sistema, afectando así a las personas dependientes con Grado 1 o dependencia moderada. "Fue el Gobierno del PP con ese decreto ley quien pospuso en tres años el reconocimiento al derecho de estas personas con dependencia moderada", ha apuntado.

"La hoja de ruta del PP con la Ley de Dependencia ha sido clara desde el principio. Lo anunció el entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, en noviembre de 2011, quien aseguró que la Dependencia no era viable. Y bien que se ha empeñado en demostrarlo todos estos años. Con Rajoy, el Gobierno ha puesto en marcha el derribo del cuarto pilar del Estado del Bienestar y la derogación de los derechos reconocidos a las personas más vulnerables", ha asegurado.

Pese a que las políticas del PP han supuesto en el conjunto de España la pérdida de 2.800 millones de euros en esta materia, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, Vargas ha resaltado que el Gobierno andaluz ha asumido el esfuerzo para que el Sistema de Atención a la Dependencia "cumpla los fines para los que fue creado en 2006: constituirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

De esta forma, ha señalado que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a poner en marcha un Plan de refuerzo de la Dependencia que fue aprobado por Consejo de Gobierno en el mes de marzo y que hasta la fecha ya ha permitido la incorporación de 9.000 personas al Sistema en Andalucía con 10.500 prestaciones. En este sentido, ha apuntado que la estrategia andaluza para hacer frente a la falta de compromiso del Ejecutivo central, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta, ha ofrecido desde el mes de marzo en la provincia de Málaga la incorporación a 1.091 personas con un total de 1.432 prestaciones.

"Con este Plan de medidas la Junta de Andalucía mantiene a pulmón su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de dependencia. Para ello, con un presupuesto de 25 millones de euros (ya incluidos en las cuentas de la Junta para 2017), se permitirá este año incorporar a 76.400 personas, lo que supondrá a finales de este año la atención de 234.000 andaluces y andaluzas", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que en el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). En concreto, el compromiso del Gobierno andaluz es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura.

La aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones. "El Gobierno andaluz en los 10 años de gestión que se han cumplido ya de la vigencia de la Ley de Dependencia, ha dejado patente que se mantendrá firme para proteger la implementación de esta normativa y de los derechos reconocidos, en todos y cada uno de sus grados, siempre en el marco que establece esta normativa", ha dicho.

En cuanto a la atención de las personas en situación de dependencia con Grado 1 reconocido o Dependencia moderada, ha señalado que, una vez más, la Junta de Andalucía se adelanta para establecer una estrategia que beneficie a las personas dependientes. Para ello, ha explicado que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) refuerza la colaboración en este sentido, poniendo de relieve el papel fundamental que juegan las diputaciones y los ayuntamientos en la atención a las personas en situación de dependencia, "ya que hay que recordar que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios".

En función de lo que establece el art.6.3 del R/D 1.051/2013, la intensidad del servicio de promoción de la autonomía personal "se adecuará a las necesidades personales de promoción de la autonomía, a la infraestructura de los recursos existentes y a las normas que se establezcan por la correspondiente comunidad autónoma o administración que en su caso tenga la competencia". Asimismo, ha añadido que siempre es un profesional de los Servicios Sociales Comunitarios quien establece la propuesta de prestación más adecuada a cada caso. Así, en la atención de la dependencia moderada primarán, tal y como recoge la ley, las actuaciones que potencien las capacidades de las personas usuarias, evitando un agravamiento de la situación de dependencia.

En parlamentario ha subrayado que en Andalucía se refuerzan las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, se potencia la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168) como por las Corporaciones Locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia, garantizando así el acceso a los servicios de todas las personas independientemente del lugar de su residencia. "En todo caso, en función de las circunstancias de cada persona, se propone la prestación más adecuada, contemplando todos los recursos que son viables según establece la normativa vigente, una Ley de Dependencia que en Andalucía se seguirá defendiendo a toda costa", ha concluido.