PSOE: "El ataque de Rajoy a las 35 horas semanales quiere impedir que la recuperación económica llegue a miles de familias andaluzas"

"El Gobierno de Susana Díaz marcó un camino propio para enfrentarse a la crisis, sin privatizaciones y sin despidos masivos de empleados públicos", ha dicho Miguel Ángel Heredia

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha afirmado hoy que el Gobierno de Rajoy quiere impedir que la recuperación económica "llegue a las familias recurriendo las 35 horas en Andalucía". "El Gobierno de Susana Díaz marcó un camino propio para enfrentarse a la crisis, sin privatizaciones y sin despidos masivos de empleados públicos. Eso fue posible con medidas de reparto del empleo público como la reducción al 75% de eventuales en sanidad y otros derechos que se aparcaron, para impedir que 25.000 profesionales públicos se fueran a la calle", ha explicado Heredia, que ha destacado que ese camino propio también ha buscado garantizar la cohesión social y que la recuperación llegue a las familias. "La recuperación de las 35 horas semanales que el Gobierno ha recurrido daba calidad en el empleo y permitía revitalizar los servicios públicos, la decisión de Rajoy constituye un ataque frontal y total para el buen funcionamiento y el avance en sanidad, educación, en dependencia o en servicios públicos", ha añadido.

Así, el dirigente socialista ha explicado que la interposición del recurso por parte del Consejo de Ministros 9 meses después de que la medida andaluza saliera publicada en el BOJA, se ha realizado con "alevosía". "El PP ha apurado el plazo para recurrir y sin importarle el daño para 270.000 empleados públicos", ha dicho Heredia, que ha preguntado a Rajoy sobre por qué no realizó dicho recurso en noviembre de 2016. Además, al líder del PP andaluz, Moreno Bonilla, el también diputado socialista en el Congreso le ha conminado a que responda sobre el hecho de que el Grupo Popular en el Parlamento Andaluz se abstuviera en vez de votar en contra cuando esta medida estaba siendo debatida en la cámara andaluza. "Estamos hablando de miles de empleados públicos que van a verse afectados por esta medida y es el momento en el que Moreno Bonilla tiene que escoger entre defender los intereses de nuestra tierra o seguir de palmero de Rajoy", ha denunciado, ya que el recurso impedirá la creación de entre 7.000 y 10.000 empleos públicos en la región, está última cifra aportada por los sindicatos.

Para Heredia, Rajoy impide a la clase media trabajadora "beneficiarse de la recuperación económica beneficiando a los grandes y machacando a los chicos", ha afirmado. "Prefiere rescatar autopistas y bancos a la vez que vacía la hucha de las pensiones, baja al mínimo la inversión en Andalucía, pone objetivos de déficit inalcanzables, o impide que los mayores ingresos se dediquen a impulsar el empleo. Ése tendría que ser la principal prioridad con una aplicación fuera de lugar de la regla de gasto y revitalizar los servicios públicos", ha sentenciado.

En este sentido, para los socialistas andaluces el recurso del Gobierno a las 35 horas semanales "es un nuevo hachazo de Rajoy, es una medida intolerable por parte del Gobierno del PP donde ataca a Andalucía y a los andaluces y andaluzas que atenta contra la autonomía andaluza, los servicios públicos y los trabajadores que prestan esos servicios en nuestra tierra", ha valorado.

La recuperación de las 35 horas semanales supone para los socialistas una conquista de los trabajadores y una política diferenciadora del Gobierno de izquierda de Andalucía. "Susana Díaz está demostrando que era posible otra manera de afrontar la crisis y, por la izquierda, manteniendo la cohesión social y devolviendo derechos, a la vez que se cumple con el déficit y se mantiene una deuda por debajo de la media", ha detallado Heredia. Desde el punto de vista económico, la medida andaluza también es eficiente "en una comunidad acuciada por el desempleo" por las previsiones de creación de nuevos contratos para la incorporación de personas en paro al sector público.

"Esta decisión arbitraria y antiandaluza del PP y del Gobierno de Rajoy está poniendo en riesgo la creación de 7.000 empleos en Andalucía por el capricho y sectarismo de Rajoy hacia nuestra tierra, demuestra que al PP ni le interesan los servicios públicos esenciales ni quiere que la recuperación económica pueda beneficiar a la inmensa mayoría de la gente después de años de crisis, muchos años de esfuerzo y de sacrificio", ha dicho Heredia.

De forma paralela, el dirigente socialista ha pedido al PP andaluz a que "haga gala" de apellido andaluz en vez de limitarse a aplaudir el castigo del Gobierno central a Andalucía. "El Gobierno andaluz va a desplegar todos los instrumentos legales a su alcance para hacer valer las 35 horas en Andalucía, tiene competencia y capacidad para ello", ha avisado Heredia, que ha criticado "la excusa que han dado tanto Antonio Sanz y como Méndez de Vigo dicen que el recurso busca garantizar la igualdad de horarios en la función pública así como que no es vertebrador que las jornadas de los empleados públicos varíen en función de la comunidad donde trabajen".

La determinación de la jornada es una competencia de las Comunidades Autónomas, así lo reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público, y está en el marco del diálogo social y de las prioridades acordadas cuando se adoptaron las 35 horas. Frente a esto, el Estado adoptó junto a otras, la medida de las 37,5 "para provocar ahorros a base de despidos de los empleados sobrantes", ha lamentado Heredia. Para el diputado socialista el Estado ha sido el que ha declarado la recuperación de algunos de los derechos, especialmente la paga extra de 2012, días de asuntos propios y adicionales de vacaciones por antigüedad, "lo ha hecho para depender en cada comunidad de su suficiencia financiera, produciendo el efecto, según su propio argumento, de situaciones de desigualdad entre empleados públicos. Andalucía junto a los sindicatos de la Mesa General decidió priorizar la recuperación de las 35 horas frente a la recuperación de la totalidad de la paga extra 2012, que la ha llevado a febrero de 2018", ha detallado. "No es una cuestión de desigualdad sino de ejercicio responsable y negociado de las competencias del gobierno Andaluz", ha concluido.