El PSOE pide la intervención del Defensor del Pueblo ante la decisión del Gobierno de recluir a 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona

Los diputados socialistas David Serrada, Dolores Galovart y Miguel Ángel Heredia se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo.

Los socialistas denuncian que la medida vulnera la ley de derechos y libertades de los extranjeros y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado hoy al Defensor del Pueblo que “intervenga en la investigación y el esclarecimiento de la actuación del Gobierno” en relación con la reclusión de más de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona (Málaga) y la “vulneración que supone de los derechos y libertades de las personas afectadas”.

El portavoz socialista de Interior, David Serrada, la portavoz del Defensor del Pueblo, Dolores Galovart, y Miguel Ángel Heredia, diputado por Málaga, han mantenido hoy una reunión con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y han registrado un escrito en la sede de esta institución en el que solicitan su intervención tras la decisión del Gobierno de internar a 519 inmigrantes llegados en patera en los últimos días a la costa de la Región de Murcia en el centro penitenciario de Málaga II de Archidona.

“El Ministro del Interior ha comunicado que esta prisión ha sido habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de forma provisional, sin norma alguna que fundamente dicha decisión”, denuncian los socialistas.

“La medida incumple la normativa española, europea e internacional en materia de derechos humanos, al internar en un establecimiento penitenciario a personas que no han sido sentenciadas a penas y medidas penales privativas de libertad, ni tienen la condición de detenidos o presos”, explican.

El Grupo Socialista recuerda en su escrito que conforme a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, los lugares de internamiento no pueden tener carácter penitenciario y deben estar dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios.

Además, la decisión vulnera también las normas internacionales previstas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que son de aplicación en España.