El PSOE apoya las reivindicaciones de UGT para recuperar los derechos laborales y la creación de una oferta pública de empleo extraordinaria para los funcionarios de prisiones
Los socialistas han abordado esta mañana el recorte de un 7% de la plantilla de prisiones en la provincia y han anunciado una batería de iniciativas en el Congreso para exigir la apertura inmediata de la cárcel de Archidona así como mejoras en la plantilla e infraestructuras de la Guardia Civil en el municipio
El secretario de Empleo de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, el diputado socialista Miguel Angel Heredia y la secretaria de Empleo del PSOE de Málaga, Noelia Suárez, han mantenido esta mañana una reunión con representantes de UGT Prisiones para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de este sindicato para recuperar los derechos laborales de los funcionarios de prisiones y una oferta pública de empleo extraordinaria para cubrir las vacantes existentes.
Durán, que ha comparecido en rueda de prensa, ha destacado que estos trabajadores "hacen una gran labor para nuestro país en defender y garantizar la custodia y el derecho constitucional a la reinserción en las cárceles españolas, es fundamental que en una sociedad avanzada como la nuestra se les dé dignidad a las personas reclusas y a los profesionales que trabajan en la reinserción y en la seguridad de nuestras cárceles".
Así, el dirigente socialista ha lamentado que "con el pretexto de la crisis económica" el Gobierno de Rajoy haya permitido que existan infraestructuras penitenciaras con dotaciones insuficientes de personal. "Existen 2.436 vacantes de personal funcionario y 761 de personal laboral, son casi 3.200 vacantes que son plazas presupuestadas y que no se cubren, convirtiendo esta merma en un problema estructural y pueden convertir la situación en insostenible", ha añadido.
Entre los derechos laborales a recuperar, Durán ha señalado el de que estos trabajadores puedan estar en un puesto de trabajo sin que vean peligrar su integridad ni ser agredidos. "Necesitamos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales traspase el muro de las prisiones más allá de los anuncios y que se proteja de verdad al personal de las instituciones penitenciarias y que se les considere agentes de la autoridad y que se retome la formación continua para permitir el reciclaje de estos profesionales", ha concluido.
Por su parte, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado que las demandas de los socialistas se materializarán en una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para que el Gobierno explique los motivos de este recorte tan significativo en la plantilla de instituciones penitenciarias en Málaga, sobre cuándo se va a abrir definitivamente la cárcel de Archidona, los daños que se han producido en ella, las carencias existentes al día de hoy y la necesidad de incrementar agentes de la Guardia Civil en el municipio.
Así, Heredia ha denunciado un recorte del 7% de la plantilla de Instituciones Penitenciarias en la provincia de Málaga desde que Rajoy llegó al Gobierno, "como se reconoce en una reciente respuesta parlamentaria esta plantilla ha pasado de 568 trabajadores en 2011 a los 528 actuales", ha avisado.
En dicha respuesta, el Ejecutivo central detalla que el número de funcionarios en el Centro Penitenciario de Málaga ha pasado de los 448 de 2011 a los 423 actuales y en el caso del Centro de Inserción Social ha pasado de 70 a 67. Por otro lado el número de laborales ha pasado de 44 en 2011 a 37 en 2017 y por lo por lo que respecta a la Entidad Estatal de Derecho Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se ha pasado de 6 de 2011 a sólo 1 en la actualidad. Este mismo descenso se registra a nivel nacional, donde el diputado nacional ha señalado que el recorte ha sido de casi 1.300 trabajadores, concretamente de 1.285, una media de 200 menos al año. Es cierto que el descenso ha sido superior en funcionarios, 1.040, que en laborales, donde el descenso ha sido de 245.
"A todo ello se añade, el problema de la edad, según los sindicatos de prisiones, más del 66% de los trabajadores superan los 45 años y la mitad está por encima de los 50 años", ha afirmado Heredia, que también se ha referido al incremento en el número de agresiones a los funcionarios por el descenso de las plantillas, una situación denunciada por los sindicatos "y que constituye un tema muy preocupante", ha señalado.
En este mismo sentido, Heredia ha exigido la apertura inmediata de la cárcel de Archidona, una cárcel que estaba terminada desde 2013, en 2015 se licitaron y adjudicaron los equipamientos necesarios para el funcionamiento de la prisión. "Se planteó abrirla entre junio y julio de 2017, después dijeron que en diciembre y ahora el Gobierno da como plazo principios del próximo año", ha criticado Heredia.
Por ello, los socialistas exigen saber la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores destinados a esta prisión, donde actualmente se encuentran los inmigrantes que llegaron a las costas españolas en las últimas semanas de noviembre. Así, han solicitado al Gobierno que se pronuncie sobre qué medidas está tomando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para minimizar los perjuicios que estos trabajadores están padeciendo debido a la apertura del CIE temporal y si se han puesto en contacto con ellos para informarles de su situación laboral.
"La medida de trasladar inmigrantes al centro penitenciario sin inaugurar afecta a 248 trabajadores y a sus familias que se han visto perjudicados porque, tras varios retrasos en la fecha de apertura, el compromiso del Gobierno era inaugurarlo el próximo enero, con la incorporación previa del personal que se haría cargo de su funcionamiento", ha recordado Heredia.
Entre las principales consecuencias para estos funcionarios con puestos adjudicados a Archidona es que han quedado retenidos en sus puestos de origen sin que la prisión termine de ser inaugurada mientras hay nueve funcionarios que fueron cesados en sus puestos para incorporarse al nuevo centro y que ahora carecen de lugar de trabajo en el que poder formalizar su toma de posesión.
"La mayoría de los trabajadores con destino en Archidona comenzaron a buscar alojamiento y a escolarizar a sus hijos en colegios de la zona, sin saber ahora cuándo podrán incorporarse a su puesto de trabajo, es necesario conocer en qué situación se encuentra el Centro Penitenciario, parece que los destrozos han sido importantes y cuantiosos y desconocen si va a estar lista para prestar su función o va a ser necesario realizar algún tipo de obra de mejora", ha declarado Heredia, que también ha señalado que se deben corregir cuestiones pendientes en este centro como la finalización de la planta potabilizadora, líneas telefónicas o calefacción.
Por último, Heredia ha exigido el incremento del número de efectivos en el cuartel de la Guardia Civil de Archidona, actualmente hay 13, "un número claramente insuficiente en el momento en que se ponga en servicio el Centro Penitenciario", ha recordado. Además, se debe proceder a la mejora y ampliación del cuartel, ha concluido.
De forma paralela, la secretaria provincial de Empleo del PSOE de Málaga, Noelia Suárez, ha lamentado el "exceso de imposiciones y la poca negociación laboral" que ha llevado a cabo el Gobierno de Rajoy con los funcionarios de prisiones. "El PP tiene que garantizar que se respetan los derechos laborales, sobre todo en materia de seguridad para estos profesionales, es algo fundamental en cualquier puesto de trabajo", ha afirmado.
Además, Suárez ha lamentado la vulneración de los derechos humanos que se está está llevando a cabo en la cárcel de Archidona con la reclusión de inmigrantes llegados a nuestras costas. "Se está encarcelando a personas que no han cometido ningún tipo de delito mientras los propios trabajadores que están allí destinados no saben cuando podrán comenzar a realizar su trabajo por este uso irregular como Centro de Internamiento de Extranjeros", ha concluido.
Desde UGT, su responsable nacional en materia de prisiones, Antonio González, ha denunciado la actitud del Gobierno de Rajoy hacia estos trabajadores. "Conculca sistemáticamente los derechos de los trabajadores penitenciarios, lo hemos visto con la cárcel de Archidona ya que llevamos esperando cinco años un concurso de traslados al que tenemos derecho y ahora, por el uso como CIE, los trabajadores no pueden tomar posesión de su puesto de trabajo", ha afirmado.
"La cárcel de Archidona es un centro penitenciario, se está vulnerando la normativa y se está encarcelando a la inmigración y se están obviando nuestros derechos laborales", ha criticado González, que también ha pedido la equiparación salarial entre los funcionarios de prisiones en todo el territorio nacional.
También se ha referido el dirigente sindical a la necesidad de rejuvenecer la plantilla de estos funcionarios. "Sufrimos agresiones y la administración mira para otro lado, por eso es necesario que se ponga en marcha una oferta de empleo extraordinaria", ha concluido.
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