El pleno de la Diputación aprueba que se ponga en conocimiento de la Fiscalía el caso Marina Bravo

PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora respaldan que Fiscalía investigue los contratos de Marina Bravo con la empresa de su cuñado en la que trabaja su pareja por si son constitutivos de algún delito

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado hoy que se ponga en conocimiento de la Fiscalía el caso Marina Bravo. Los grupos PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora han respaldado que Fiscalía investigue los contratos de la diputada del PP Marina Bravo con la empresa de su cuñado en la que trabaja su pareja por si son constitutivos de algún delito, tal y como proponía una moción de los socialistas.

En su intervención durante el pleno, el presidente y portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Francisco Conejo, ha asegurado que la Diputación “tiene que llevar mañana este asunto a la Fiscalía para que ningún malagueño o malagueña tenga la menor duda de que aquí no se ha cometido un delito de ámbito penal”.

Conejo ha hecho referencia al informe de la Secretaria General que se conoció ayer, que asegura que existe conflicto de intereses en los contratos de Marina Bravo a la empresa de su cuñado. “Nos da la razón porque señala que hay conflicto de intereses por dos razones: porque Marina Bravo es el órgano contratante y porque contrató con un familiar en segundo grado, su cuñado”, ha manifestado.

El portavoz socialista también se ha referido al informe del interventor general de la Diputación que concluye que hubo fraccionamiento de contratos de Marina Bravo a la empresa de su cuñado en la que trabaja su pareja, así como al decreto firmado por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carmen Mata, por delegación del presidente de la institución, Elías Bendodo, para levantar ese reparo del interventor y autorizar el pago de las facturas a la empresa del cuñado de Bravo.

“El caso Bravo ha pasado a ser el caso Bendodo. El presidente de la Diputación ampara la irregularidad en los contratos de la señora Bravo en el momento en el que decide levantar el reparo”, ha asegurado. “Levantar un reparo para que la empresa del cuñado del una diputada cobre es un trato de favor”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que Bendodo no ha firmado ningún reparo desde que es presidente. “¿Por qué el señor Bendodo no levanta ningún reparo? ¿Porque cree que en algún momento le pedirán responsabilidades en el ámbito penal?”, se ha preguntado.

“Aquí hay mucha Gürtel. Iremos viendo poco a poco cómo la Gürtel nacional también tiene sede en el PP de Málaga”, ha afirmado Conejo.

La diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, realizó contratos a dedo por valor de 190.000 euros a la empresa de su cuñado en la que trabaja su pareja. Según la documentación facilitada por el equipo de gobierno en la Diputación de Málaga al grupo socialista, la diputada ha llevado a cabo a través de la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación que dirige un total de 20 contratos menores a la empresa Tu imagen integral adaptada, SL.

Los 20 contratos adjudicados a la empresa del cuñado de Marina Bravo han sido contratos menores de 18.000 euros, contrataciones a dedo, que no han necesitado de un concurso público. La Ley de Contrataciones de la Administración Pública establece que hasta los 18.000 euros más IVA (es decir, 21.780 euros) no es necesario convocar un concurso público de libre concurrencia.

De entre esos contratos, dos fueron adjudicados el mismo día para un mismo concepto y por una cantidad muy similar: el 27 de octubre de 2017 Medio Ambiente adjudica por 20.173,18 euros el plan de dinamización turística de Júzcar, en concreto la señalización del municipio y locales. Ese mismo día, 27 de octubre de 2017, Medio Ambiente también adjudica por 21.659 euros el plan de dinamización turística de Júzcar para la señalización temática, es decir, grafitis, senderos y rótulos. Son dos contratos diferentes para prácticamente el mismo fin, dos planes de señalización para la localidad de Júzcar, ambos justo en el límite del mínimo establecida para evitar tener que convocar un concurso público.

El grupo socialista ha mantenido desde que se conoció este caso que existió fraccionamiento de contratos en el caso de las dos facturas correspondientes a la señalización de Júzcar, cuestión que ha sido avalada por el informe del interventor general de la Diputación de Málaga que se ha conocido, tras tres peticiones realizadas por el grupo del PSOE. El habilitado nacional fiscaliza de “disconformidad la propuesta” sobre ambas facturas en su informe, con fecha de 10 de noviembre de 2017 y remitido al Jefe del Servicio de Turismo y Promoción del Territorio, en el que concluye en su punto tercero ‘Consecuencias’, punto 3, que “ante la inexistencia, como mínimo de un procedimiento negociado sin publicidad (Art. 177 y ss), para la normalización contractual de la prestación del servicio, se incurrirán en lo establecido en el art. 86.2 del mismo texto normativo, en materia de fraccionamiento del contrato”. Las “anomalías” detectadas, por tanto, se refieren a la “falta de un procedimiento de adjudicación de la prestación del servicio, al superar, el límite establecido en el art. 138.3 del RDL 3/2011 para la consideración de un contrato menor”.

Sin embargo, mediante decreto, con número 3392 con fecha de 28 de noviembre de 2017, sobre ‘Resolución de discrepancias sobre el informe de reparo de la Intervención en relación al documento de petición de conformidad de las facturas nº Emit-52 y Emit-53, emitidas por Tu imagen adaptada SL’, la vicepresidenta de la Diputación Ana Carmen Mata, siendo presidenta accidental por delegación de Elías Bendodo, levanta el reparo del interventor general y ordena que continúe el trámite de aprobación de las facturas.

Otro de los puntos denunciados por el grupo socialista fue la incompatibilidad de la diputada Marina Bravo para contratar con una empresa de su cuñado. El régimen general de las prohibiciones para contratar por razón de incompatibilidad que afecta a los cargos electos de las Corporaciones Municipales está regulado por el artículo 60, apartado 1 letra g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, modificado por la Ley 40/2015 de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Según esa ley, la prohibición de contratar que afecta a los cargos electos de las Corporaciones Municipales se extiende a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, como es este caso que nos ocupa, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.

Es más, advierte un informe de la asesoría jurídica de la Diputación de Huesca (Expediente Nº 02.05.03/48_2016, de 30 de junio de 2016) que el segundo grado de parentesco alcanza a los hermanos y a los cuñados del cargo electo, según sea el parentesco por consanguinidad o por afinidad, respectivamente. Además, ese mismo informe explica que la prohibición para contratar se extiende a los parientes siempre que se supere el 10 por ciento de las participaciones de la respectiva entidad o en las que ostenten el cargo de administrador, como es el caso que nos ocupa.