El PSOE de Málaga valora que las personas con discapacidad cuenten con un sistema de apoyo individualizado en la toma de decisiones

Ruiz Espejo y la senadora Martín Palop celebran que se adapte la legislación española y se cumpla con las recomendaciones de la Convención de la ONU de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez tramitado en la Cámara Baja y que pasará próximamente al Senado para finalizar su tramitación
 

El PSOE de Málaga ha valorado de manera muy positiva que las personas con discapacidad cuenten con un sistema de apoyo individualizado en la toma de decisiones.

Para su secretario general, José Luis Ruiz Espejo, “se trata de un éxito el cambio de paradigma del proyecto por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones de forma libre e informada”.

El responsable socialista ha resaltado el trabajo realizado por el Gobierno de España, el CERMI, instituciones como el Notariado y la Fiscalía, y otras asociaciones para alcanzar este objetivo. Un trabajo determinante en el impulso de esta modificación de la legislación civil y procesal, y que va a representar un cambio histórico en la integración plena de las personas con discapacidad.

Según Ruiz Espejo, “la nueva regulación va a repercutir en mejorar la vida de casi 66.000 malagueñas y malagueños con discapacidad, según datos de la Junta de Andalucía a febrero 2021, posibilitando el ejercicio de derechos hasta ahora limitados o realizados por terceras personas”.

Por su parte la senadora socialista Estefanía Martín Palop cree imprescindible que las personas con discapacidad tengan autonomía y capacidad jurídica plena, para lo que es necesario que reciban toda la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad, además de la representación o, incluso, la sustitución en la toma de decisiones, cuando el apoyo no pueda darse de otra forma.

“La adaptación de la legislación civil española, de modo claro y coherente, a las directrices de la Convención de la ONU de 2006 sobre Derechos de la Personas con Discapacidad, propiciará mayor autonomía y capacidad de decisión para que estas personas tengan el soporte legal suficiente que garantice la igualdad de oportunidades y la plena integración”, ha asegurado la también integrante de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado.

Martín Palop ha querido poner en valor la eliminación de ciertas instituciones jurídicas, como la tutela, la patria potestad prorrogada y la rehabilitada del ámbito de la discapacidad porque no responden a la promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. “Tanto la guarda de hecho como los poderes preventivos emergen como instrumentos jurídicos de gran relevancia, llamados a desjudicializar, en buena medida, la vida de las personas con discapacidad, limitándose a aquellos supuestos en que sean estrictamente necesaria su práctica”, ha añadido.

De esta forma, Martín Palop, que se ha felicitado de que el proyecto de ley haya salido adelante sin ningún voto en contra en el Congreso antes de su paso al Senado para su tramitación definitiva, ha destacado que esta modificación legal tendrá una gran repercusión en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad que verán ampliados derechos que hasta este momento tenían restringidos, sobre todo, cuando todos los poderes y administraciones públicas, incluidas las CCAA, reciben mandatos de actuación que obligan a intensificar el compromiso con dicho colectivo.