El PSOE pide al Ayuntamiento que garantice la seguridad y la intimidad de las mujeres que interrumpen su embarazo

Una moción que defenderá la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez pide al equipo de gobierno el apoyo a la tramitación de una Proposición de Ley del Código Penal aprobada ya en el Congreso de los Diputados “para penalizar el acoso al que se ven sometidas usuarias de clínicas para el aborto voluntario” después de que el Consistorio haya permitido la instalación en marquesinas municipales de una publicidad contra esta práctica legal

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha pedido al equipo de gobierno el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a la tramitación de una Proposición de Ley del Código Penal, aprobada ya en el Congreso de los Diputados, “para penalizar el acoso al que se ven sometidas usuarias de clínicas para el aborto voluntario” después de que el Consistorio haya permitido la instalación en marquesinas municipales de una publicidad contra esta práctica legal. Esta Proposición de Ley Orgánica del pasado 2 de febrero de 2022, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, modificará la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, “para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”.

 

La socialista pide además “que se pongan en marcha recursos y dé pasos en la protección de la intimidad de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo, unos días después de que en la ciudad se haya visto en marquesinas municipales “publicidad que las acosa y que atenta contra la seguridad de las usuarias de clínicas en nuestra ciudad”. Así lo ha manifestado la responsable socialista del área de Derechos Sociales, que ha explicado los acuerdos de una moción que este grupo defenderá en comisión el próximo jueves.

 

Rosa del Mar Rodríguez ha explicado que “el lobby ultracatólico Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) que ha pagado anuncios en 33 ciudades, una de ellas Málaga, contra la prohibición del acoso a mujeres en estas clínicas”. Bajo el nombre de esta campaña ‘Cancelados’ “se esconde un intento de impedir que las mujeres que así lo deseen ejerzan un derecho legal en nuestro país y alientan las concentraciones para acosar mujeres frente a las clínicas que realizan estas prácticas”, ha denunciado la edil, que agrega que “a escasos metros de nuestro ayuntamiento se ha instalado una publicidad donde se puede leer el lema Rezar frente a las clínicas abortistas está genial”, ha denunciado la edil. Rodríguez ha señalado que con la ordenanza de convivencia se pretende evitar toda la publicidad que pueda fomentar una imagen discriminatoria o vejatoria de las personas en general, y en particular de las mujeres, así como toda publicidad que pueda perturbar la convivencia ciudadana. Está claro que hostigar y acosar a las mujeres en las puertas de las clínicas es un tipo de violencia hacia la mujer”.

 

Según la socialista, “en España está reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, además de regulado por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que goza de gran consenso y apoyo de la ciudadanía española”. Sin embargo, “grupos ultraconservadores, organizados y con gran capacidad económica, acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”.

 

De hecho, el Ayuntamiento ha permitido la implantación “de una publicidad que acosa directamente a las usuarias de las clínicas” en mobiliario urbano, por lo que “exigimos al equipo de gobierno que proteja de estos insanos mensajes a las mujeres, además de que en el ámbito de las competencias municipales se creen programas para la educación sexual y prevención de embarazos no deseados”.

Rodríguez ha recordado que el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la Ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, por la que se despenalizaba el aborto en tres supuestos, y sigue siendo hoy, una realidad.

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción al entorno del centro sanitario “para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un aborto seguro,  derecho que queda en entredicho a causa de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo”, ha continuado Rosa del Mar Rodríguez.

 

La realidad en otros países

 

Además, el pasado mes de junio se aprobó la resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, para que los derechos sexuales y reproductivos queden protegidos en cuanto derechos humanos en el Derecho internacional y europeo de Derechos Humanos, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio Europeo de Derechos Humano. Con esto, “se insta a todos los estados miembro a garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto y el respeto del derecho a la libertad, a la intimidad y a la mejor atención sanitaria posible”, ha explicado Rosa del Mar Rodríguez.

 

“En nuestro país, el derecho ya está reconocido. Lo que se protege con esta reforma del Código penal es su ejercicio en libertad introduciendo un nuevo tipo delictivo que sancione el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto, así como a los profesionales que trabajan en ellas. Se establecen penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quien acose, mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos a una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha zanjado la responsable socialista.

 

No podemos obviar la realidad, según el último informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), el 89% de las mujeres que acudieron en 2018 a una clínica de aborto declararon haber experimentado alguna forma de acoso. En la misma encuesta, casi la totalidad de las mujeres entrevistadas (95%) consideró que este tipo de acciones deberían estar prohibidas y muchas de ellas manifestaron una total incredulidad al saber que las administraciones conocían esta situación y no hacían nada por impedirlo.

 

Otros países europeos ya han abordado esta cuestión, siendo Francia el más restrictivo, donde se sanciona con dos años de prisión y multa de 30.000 euros a quien impida la interrupción del embarazo por cualquier medio u obstaculice el acceso a las clínicas.