El PSOE reclama “máxima transparencia” del Ayuntamiento con las viviendas de Santa Julia que no pasan inspección desde hace 8 años

La comisión de Ordenación del Territorio saca a la luz, según datos del equipo de gobierno, que faltan informes de revisiones técnicas de edificios en viviendas de esta barriada del distrito de Cruz de Humilladero. Además, pese a superar los 50 años de su construcción y presentar una grave degradación, PP y Ciudadanos se oponen a actuar de manera subsidiaria
 

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga “máxima transparencia” en las viviendas de Santa Julia, en el distrito de Cruz de Humilladero,  donde unas 200 familias temen seguir la estela de los residentes en Callejones del Perchel y ser expulsados de las casas en las que residen de alquiler desde hace décadas. Así lo ha expresado el concejal socialista, Mariano Ruiz, que ha defendido una moción conjunta del PSOE y de Unidas Podemos durante la comisión de Ordenación del Territorio. Durante la citada comisión y según datos del equipo de gobierno, “faltan informes de la Inspección Técnica de Edificios en varias viviendas, pese a que los bloques superan con creces los 50 años”.

 

En este punto, Mariano Ruiz ha exigido “que se vele por cumplir la legalidad en el barrio Santa Julia, donde viven cientos de familias sometidas a vivir en condiciones indignas con grandes grietas, humedades, desprendimientos de paredes y ratas”. Sobre la legalidad, el edil socialista le ha pedido al responsable de Urbanismo, Raúl López, “que vaya a la página 112 del PGOU donde se señala la protección de conjuntos y edificaciones (Santa Julia cuenta con grado 1 de protección arquitectónica) y es necesaria la redacción de un Plan Especial para su conservación y supervivencia. Los vecinos quieren actuaciones ya, no cuando se caigan sus casas por ruina”, ha señalado el socialista.

 

Además, según el artículo 144.2 de la nueva ley de ordenación regional, “la LISTA, se permite a los ayuntamientos ordenar de oficio a los propietarios de viviendas ejecutar las labores necesarias para proteger y mantener las casas, con la imposición de sanciones coercitivas y periódicas si se niegan”. En este marco, el edil socialista Mariano Ruiz le ha pedido a la bancada popular “unos plazos concretos para ejecutar las labores de mantenimiento”, pero el equipo de gobierno no ha dado una fecha. “Si ustedes no ponen plazo, los vecinos pueden esperar otros 20 años más para ver obras de mantenimiento en sus casas. Ya lo sabemos, señor López. Ha tardado más de cuatro años en hacer algo con el puente del Guadalmedina a la altura del CAC”, ha ironizado Ruiz Araujo.

 

El edil socialista teme, al igual que el medio centenar de vecinos que ha asistido a la comisión, que Santa Julia corra la misma suerte que El Perchel, “donde los fondos buitre y especuladores con las viviendas quiere echar a vecinos de toda la vida de sus casas”. Para Mariano Ruiz, “esto se permite en Málaga porque “mientras nuestra ciudad pierde población por el alza de los precios del alquiler, desde el equipo de gobierno se trabaja para dejar sin identidad a los barrios malagueños. Yo no cambio El Cenachero por un Starbucks; no cambio La Mundial por un mamotreto, la modernidad no es incompatible con nuestra idiosincracia. Obnubilarse con el modelo emiratí de altas torres dando la espalda a lo nuestro es acomplejado y cateto”, ha defendido el responsable socialista de Urbanismo. “Yo creo en la Málaga de Los Verdiales, de los jazmines, la del Carnaval, El Perchel y Santa Julia. Ellos son la Málaga en la que creo y por la que trabajo”, ha agregado Ruiz.

 

Tras la votación, han salido adelante por unanimidad tres puntos de los cinco de la moción, con los que se insta a la Gerencia Municipal de Urbanismo a informar a los damnificados y al resto de grupos políticos sobre los procesos de Inspección Técnica de Edificios, además de exigir a los propietarios de los inmuebles “que realicen los trabajos y obras precisas para devolver a los inmuebles las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal y eficiencia energética”. De lo contrario, los propietarios serán sancionados.

 

También se ha ganado el compromiso de la Gerencia Municipal de Urbanismo para estudiar el proceso de redacción del Plan Especial que recoja la normativa pormenorizada de edificación y usos y que contemple la protección y el mantenimiento de la población en el barrio. Por el contrario, los votos en contra de PP y de Ciudadanos han tumbado la propuesta de que el Ayuntamiento ejecute de manera subsidiaria los trabajos para garantizar la seguridad de los domicilios mientras se exige a los propietarios acometer obras de mantenimiento en las viviendas. Populares y naranjas también se han negado a que el Ayuntamiento de Málaga a ofrecer mediación y atención jurídica a los vecinos y vecinas afectados.

 

Francisco Álvarez, presidente de la asociación Abanico Solidario, ha pedido al equipo de gobierno “que escuchen a la ciudadanía en los barrios y concretamente en Santa Julia tanto como a los grandes tenedores de vivienda”. Álvarez ha criticado que “PP y Ciudadanos tratan a Santa Julia como ciudadanos de tercera, conocen cuál es el grado de degradación de sus viviendas y no actúan. Los desperfectos no son sólo en las fachadas. En el interior de los domicilios hay ratas, humedades, paredes que se caen, cucarachas, etcétera, mientras que los vecinos pagan religiosamente su alquiler todos los meses”. Francisco Álvarez ha terminado su intervención con la exclamación “Ni el Perchel, ni Santa Julia ni Málaga se venden. No lo vamos a permitir”.

 

José Hernández, vecino de Santa Julia, vive desde hace 58 años “en la casa donde nací y de la que parece que me quieren echar”. Este residente en Santa Julia ha invitado a los concejales del equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos, “los únicos grupos que no han pisado todavía el barrio, que vengan a vivir a mi casa durante una semana, si lo aguantan, con una degradación total en nuestras casas”. Lo que tiene claro además es que “los vecinos vamos a seguir con la lucha por el barrio, porque esta situación es vergonzosa”.  

 

 

Ampliar el mapa del miedo hasta los polígonos

 

Durante la misma comisión ha salido adelante por unanimidad una moción del socialista Jorge Quero para ampliar el estudio de un mapa del miedo en la ciudad de Málaga hasta los propios polígonos industriales, “donde trabajan centenares de mujeres que se sienten inseguras a la hora de volver a casa”. Con una moción propositiva, Quero pide al Ayuntamiento “hacer más accesibles los polígonos industriales para quienes optar por llegar a pie, en bicicleta o en transporte público al centro de trabajo. En casos como el parque empresarial de Trévenez, no hay acvera ni luminarias suficientes, las personas con movilidad reducida tienen muy complicado llegar hasta el autobús y las mujeres sienten miedo durante la noche por la mala iluminación”.

 

El concejal ha insistido en que “las personas trabajadoras del Parque Industrial Trévenez han denunciado en varias ocasiones las deficiencias y necesidades en materia de movilidad. La falta de pasos peatonales, iluminación, pasos de cebra, marquesinas de autobuses iluminadas para ser vistos o cosas tan básicas como resguardarse de la lluvia y el sol. El riesgo por atropellos es muy alto, no se dispone de senderos peatonales o carriles bicis segregados, señalizados e iluminados que son básicos para una vuelta del trabajo segura”. Además, “estamos de acuerdo con la lucha de la siniestralidad laboral, accesibilidad y seguridad vial laboral de las personas trabajadoras que en el último año se incrementó un 13,1% respecto al 2021, una cifra que no nos podemos permitir como sociedad”.

 

Esta moción, que ha salido adelante por unanimidad para ampliar el estudio del mapa del miedo a los polígonos industriales de la ciudad, se gana el compromiso del Ayuntamiento para poner en marcha la mejora de la accesibilidad, la iluminación y los senderos peatonales en la A-7054 del parque empresarial Trévenez hasta las paradas de autobús del Consorcio Metropolitano, porque hay varios tramos muy inseguros, auténticos puntos negros que suponen un peligro”.

 

Del mismo modo, “si la persona trabajadora tiene una discapacidad, se encuentra frente al urbanismo tradicionalmente planificado y pensado para el coche, puesto para las personas con movilidad reducida y para quienes optan por coger el bus para ir y venir del trabajo se convierte en una misión imposible limitando sus derechos fundamentales”. Además de ello, Jorge Quero pide al equipo de gobierno que “no se permita que las mujeres sean dobles víctimas, por un lado, la inseguridad vial propias de las personas trabajadoras y, por otro lado, las zonas hostiles de los polígonos, con de falta iluminación y de limpieza, que a determinadas horas se quedan sin gente y que aumentan el miedo a la vulnerabilidad”, ha zanjado por su parte.