La pandemia ha originado una crisis sanitaria mundial sin precedentes con graves repercusiones sociales, económicas y laborales en la práctica totalidad de los países por los que se ha extendido. Pero, como en todas las crisis, no todos los países afectados han tenido la misma respuesta para salir de ésta. Aún miramos desde cerca las respuestas a la anterior crisis económica en España que se basaron en la disciplina presupuestaria y en el rescate al sistema financiero; es decir, a los bancos y con el sufrimiento de miles de familias, de ahí que en esta ocasión la sensibilidad de un gobierno progresista centre estas respuestas en el rescate a las personas mediante la adopción de una serie de medidas económicas, sociales y laborales que conforman un amplio Escudo Social de protección dirigido a las clases más vulnerables ante esta crisis.

Este Escudo Social contempla distintas iniciativas impulsadas por un gobierno de coalición, liderado por el presidente Pedro Sánchez y el PSOE que, desde el primer momento, comprendió la dimensión de las repercusiones sociales y asumió que las recetas tenían que ser proporcionadas a dicha coyuntura y con el mayor grado de consenso. De ahí los acuerdos alcanzados con los Agentes Sociales y Económicos y sobre muchas de las medidas aprobadas también por el Congreso.

De entre todas estas medidas, destacan las de apoyo a los trabajadores y trabajadoras, a través de la figura de los ERTES y las de apoyo a las PYMES y autónomos, ambas formuladas por primera vez en nuestro país y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital; prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos y que ha servido como una herramienta esencial dentro de este Escudo Social en la lucha contra la pobreza y los efectos de esta crisis.

De igual modo destacan las de garantía de mantenimiento de las viviendas y de los suministros básicos de las familias más vulnerables: alimentos, electricidad, luz y agua. De esta forma, se aprobó la moratoria en el pago de las hipotecas para las familias afectadas por la emergencia económica y sanitaria, se prohibieron también los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y la renovación de los contratos de alquiler, así como moratorias y ayudas para hacer frente a los mismos. Asimismo, se ha prorrogado y ampliado la vigencia del bono social eléctrico y la prohibición del cese o interrupción de estos suministros, además de destinarse 25 millones a paliar la pobreza infantil como consecuencia de la suspensión de la actividad de los comedores escolares.

Pero las medidas adoptadas también se han dirigido a mantener nuestro sistema productivo, a nuestras empresas y, en especial, a la red de pymes y autónomos que han visto mermada su actividad y, en algunos sectores como el del transporte, cultural, servicios o turístico, que han sufrido una mayor disminución. En este sentido, se creó una línea de avales del Estado a través del ICO por un importe de 100.000 millones para cubrir sus necesidades de financiación que, en el caso de Málaga asciende a 1.918,4 millones, el 80% del total solicitado, en 27.187 operaciones y han alcanzado a un total de 18.291 empresas y autónomos, con una liquidez inyectada por valor de 2.445,9 millones.

Y medidas fiscales de apoyo a las pymes y autónomos como la moratoria en el pago de determinados impuestos y cotizaciones sociales, la ampliación de los plazos ordinarios para el pago de otros, así como la moratoria y aplazamiento de hipotecas, alquileres o deudas derivadas de la actividad de la empresa o autónomo.

Pero si ha habido algunas medidas aprobadas por este gobierno, inéditas y con un gran impacto social y económico debemos referirnos a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad a los trabajadores autónomos y las de los ERTES. Ambas medidas, prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021, han tenido un enorme impacto en la provincia: un total de 64.110 autónomos, el 53% del total provincial, la han percibido, destinándose hasta el mes de agosto 159 millones, siendo la provincia andaluza con mayor gasto, con un ahorro de cotizaciones de 95,5 millones y una inversión para autónomos del Gobierno de España que supera los 254 millones.

Respecto a los ERTES, estas medidas han permitido que 3,4 millones de trabajadores mantengan su relación laboral con las empresas y que más de medio millón se mantengan vivas en espera de la reactivación. En Málaga hasta un total de 136.719 personas han llegado a estar protegidos por la medida, de los que ya se han incorporado a ellas el 77,9%, resultando en octubre que ya solo eran 26.921 los que aún permanecían bajo un ERTE. Hasta agosto, el pago de esta prestación ascendía hasta los 467,7 millones, con 247.141 prestaciones por desempleo en total y 772,5 millones de euros de inversión.