El 18 de noviembre se conmemora el Día Europeo para la Protección de Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, una fecha que nos recuerda la necesidad urgente de proteger la infancia frente a una de las formas de violencia más graves y silenciadas.

En España, los datos son alarmantes. Según el Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2024 se registraron más de 10.000 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que supone un aumento del 4,8 % respecto al año anterior. La organización Save the Children advierte además que uno de cada cinco menores sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Son cifras que no pueden dejarnos indiferentes.

La explotación y el abuso sexual de menores constituyen una vulneración profunda de los derechos humanos. Ocurren en entornos familiares, educativos y digitales, a menudo bajo el silencio o la incredulidad del entorno. Frente a ello, las políticas sociales deben centrarse en tres pilares fundamentales: prevención, detección y protección.

En prevención, es esencial la educación afectivo-sexual y emocional, la formación de profesionales y la sensibilización de familias y ciudadanía. En detección, resulta clave la coordinación entre servicios sociales, centros educativos, fuerzas de seguridad y personal sanitario. Y en protección, debemos garantizar atención psicológica, acompañamiento integral y recursos que permitan a los menores víctimas reconstruir su vida con apoyo, respeto y dignidad.

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) ha supuesto un avance importante, pero su eficacia depende de su aplicación real en cada territorio. Por ello, desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande trabajamos para reforzar la red de recursos sociales y educativos, impulsar la formación del personal municipal y colaborar con entidades especializadas que desarrollan una labor fundamental.

Como concejala de Bienestar Social, y también como profesional que ha trabajado en centros de menores, he conocido de cerca esta realidad. Recuerdo cada informe de abuso como un testimonio doloroso e injusto. Son situaciones que impactan profundamente y que refuerzan la convicción de seguir luchando para que ningún menor tenga que vivir algo así. Hoy, desde la responsabilidad pública, cada expediente que llega a mis manos sigue siendo un recordatorio de que aún queda mucho por hacer.

En esta jornada, quiero hacer un llamamiento a toda la sociedad: no podemos mirar hacia otro lado. La protección de la infancia es una tarea colectiva que nos implica a todos. Romper el silencio, acompañar a las víctimas y promover una cultura del respeto son los pasos imprescindibles para garantizar que cada niña y cada niño crezcan en un entorno seguro, libre y feliz.