Cada año, cuando llega el 3 de diciembre, sentimos que esta fecha nos obliga a detenernos, no para cumplir un acto simbólico más, sino para mirar de frente una realidad que aún pasa demasiado desapercibida, la de quienes viven con diversidad funcional en un mundo que todavía no ha aprendido a ser plenamente accesible. Al mismo tiempo, nos recuerda la importancia de fomentar sociedades integradoras y participativas que impulsen el progreso social, reconociendo que la verdadera integración requiere que la diversidad funcional esté presente en todos los ámbitos de la sociedad, ya sean social, económico, cultural o político. Porque formar parte activa de la sociedad, no es un gesto simbólico, es un derecho y una responsabilidad colectiva.

El Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS lo confirma: la participación social plena no se mide solo por las leyes aprobadas, sino por vidas que mejoran, por los cambios reales que permiten a las personas con diversidad funcional vivir con autonomía y seguridad. Esto se demuestra en hechos que exigen un compromiso real con la autonomía, la dignidad y la implicación efectiva en la vida comunitaria.

Más del 16 % de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, y solo la eliminación de obstáculos físicos, sociales, sanitarios, educativos y laborales permitirá a las personas ejercer plenamente sus derechos y verlos realizados. Hablamos de barreras visibles e invisibles, de entornos hostiles y de sistemas que aún no se han adaptado a la diversidad humana.

Los informes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y del IECA Andalucía muestran que la participación y la integración social solo avanzan cuando hay empleo accesible, servicios sociales reforzados, educación sin obstáculos y viviendas adaptadas que garanticen igualdad de oportunidades. Sin accesibilidad universal no hay igualdad real, y sin igualdad no hay democracia plena.

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) lo deja claro: la discapacidad no reside en la persona, sino en los obstáculos que impone su entorno. Este cambio de paradigma sitúa a la persona en el centro; sin embargo, casi dos décadas después, esos obstáculos siguen presentes. No hablamos solo de rampas, ascensores o señales; hablamos del derecho a participar en la vida en igualdad, sin pedir permiso ni justificarse, sin tener que demostrar diariamente que también se puede, que también se vale, que también se sueña, porque la discapacidad no es un problema individual, es el reflejo de una sociedad que aún mantiene demasiadas puertas a medio abrir.

En el día a día hemos compartido tiempo con personas que nos han enseñado lo esencial, sin discursos grandilocuentes; son vidas que nos muestran que la integración no es un eslogan, es dar oportunidades y derribar silencios. Son recordatorios de que esos derechos no pueden depender de la suerte ni de la resistencia diaria de cada persona o familia.

Sí, todavía persisten obstáculos arquitectónicos: rampas inexistentes, ascensores que no funcionan, puertas demasiado estrechas, baños inaccesibles y viviendas que no se adaptan a quienes necesitan apoyo. Según la Junta de Andalucía, desde 2019 se han mejorado más de 15.000 viviendas con adaptaciones específicas para garantizar accesibilidad, un avance importante, pero que aún deja a muchas personas sin un hogar realmente habitable y seguro. La accesibilidad universal es una condición indispensable, no un complemento.

También están las trabas administrativas y sociales: la burocracia que desespera, los tiempos de espera que agotan, las miradas condescendientes, los silencios incómodos y las oportunidades que nunca llegan, porque la discriminación más peligrosa es la que se normaliza y pasa desapercibida.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad recuerda que la mayor discriminación es la que no se reconoce. En Andalucía, en 2023 había 382.300 personas en edad laboral con diversidad funcional y solo el 20,6 % estaban ocupadas. La tasa de paro del colectivo alcanzó el 29,5 %, muy superior a la de la población sin discapacidad, y las mujeres con diversidad funcional sufrieron aún más, con una tasa de paro del 33,4 % frente al 27 % de los hombres. En 2023, Andalucía contaba con 286.600 personas beneficiarias del sistema de dependencia, muchas de ellas con diversidad funcional, un máximo histórico que evidencia la urgencia de reforzar los servicios públicos, porque sin empleo digno, sin servicios sociales fuertes y sin apoyos suficientes, hablar de integración se convierte en un mero enunciado.

La reforma de la Ley de Discapacidad y la revisión del Artículo 49 de la Constitución avanzan en esa dirección, reforzando derechos y dignidad, estableciendo la obligación a los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la participación de todas las personas en entornos accesibles, atendiendo especialmente a mujeres y menores con diversidad funcional. Esta reforma no es un gesto simbólico, es un compromiso constitucional que obliga a todas las administraciones, dando un paso importante hacia una sociedad más integradora. La diversidad funcional es parte esencial de la ciudadanía, no un añadido.

Si partimos de ese compromiso, no podemos seguir normalizando esperas interminables, entornos hostiles y servicios saturados. Necesitamos más apoyos y menos trámites, más accesibilidad real y menos excusas; empleo digno y oportunidades que no discriminen; una educación que no separe ni etiquete; servicios sociales que acompañen; y una administración que escuche a quienes viven esta realidad cada día. El liderazgo de las propias personas con diversidad funcional debe ser escuchado y estar presente en todas las decisiones.

No aspiramos a que la sociedad tolere la diversidad, aspiramos a que la entienda, la acoja y la respete. La participación plena no se declara, se construye y se mide en vidas que mejoran.

En Andalucía, los datos confirman que ese ideal aún está por cumplirse; muchas personas con diversidad funcional siguen sin acceso real a empleo digno, servicios sociales adecuados, recursos de dependencia, vivienda adaptada o formación inclusiva.

Por ello, este 3 de diciembre debemos felicitarnos por lo conseguido, pero también reafirmar la urgencia de eliminar las dificultades que aún impiden la participación plena; escuchando a las personas con diversidad funcional, a sus familias y organizaciones. Hay que legislar con valentía, sensibilidad social y compromiso real. No piden privilegios, sino lo que les corresponde para participar, decidir, vivir y avanzar; por ello tenemos la obligación moral de no fallarles. No hay espacio para mensajes vacíos, la realidad exige decisiones valientes y políticas transformadoras.

La verdadera integración nace en la mano que acompaña, en la mirada que reconoce, en la puerta que se abre y en la decisión de no dar la espalda a nadie. Es ahí donde la sociedad demuestra su humanidad.

Nuestro deber es construir una sociedad más justa, más sensible y más equitativa. El compromiso es no rendirnos nunca, porque detrás de cada avance hay una vida y detrás de cada derecho garantizado hay un futuro que se abre.

Que este día nos encuentre con el corazón abierto y que lo que hagamos a partir de mañana sea digno de quienes, con su fuerza silenciosa, nos recuerdan que vivir con discapacidad nos enseña a valorar la diversidad, la empatía y la solidaridad, impulsándonos a ser más humanos, subrayando al mismo tiempo la necesidad de sociedades participativas y equitativas que impulsen el progreso social, cumpliendo con el compromiso de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, porque la participación activa es el camino y la justicia social, la meta.