¿Suprimir las diputaciones es la solución?

No voy a utilizar ni una sola línea de este escrito para justificar el papel que en la ordenación territorial y administrativa del Estado juegan la provincia y la diputación. Ni tan siquiera para replicar a quienes desacreditan la existencia de la segunda como gobierno de la primera argumentando que se trata de una institución decimonónica, ignorando de manera deliberada que su refrendo constitucional no ha cumplido todavía treinta y dos años.

Y es que soy consciente de que nada de lo que pueda decir a favor tendrá la consistencia intelectual suficiente para rebatir a plenipotenciarios ministros, eminentes catedráticos, dignísimos alcaldes de grandes municipios, inspirados columnistas… que entienden que la reforma administrativa del Estado y la superación de las penurias económicas de esta España nuestra pasan, única e ineludiblemente, por la desaparición de las diputaciones. Sin anestesia ni vendaje.

Estoy seguro que así se manifiestan porque a ello les induce un sentido de la cosa pública basado en la razón y la eficiencia de las administraciones y no porque piensen que con ello desvían la atención y, como consecuencia, quien ahora lo hace dejará de preguntarse sobre la utilidad de ministerios que supuestamente han de gestionar competencias transferidas casi en su totalidad a las comunidades autónomas; sobre si la composición de los parlamentos y la estructura administrativa de las autonomías guardan proporción con el número de ciudadanos a los que representan y gobiernan; sobre si son necesarios los organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, gerencias, patronatos, etc. que, como almendro en enero, florecen en los ayuntamientos de las grandes ciudades…

Soy consciente de que tan cualificados adalides de la transparencia y la optimización de los recursos públicos opinan con la contundencia y certeza dimanantes de una sólida formación académica y de una extensa hoja de servicios al Estado. Yo sólo puedo opinar desde la incontrolada vehemencia de quien conoce los déficits y las virtudes de las diputaciones. Pobre bagaje para tan elevada discusión, tanto más para aspirar a que mis puntos de vista sean respetados y tenidos en cuenta. La experiencia, en estos difíciles momentos, no sólo no es valor añadido sino que estorba en la estrategia política.

Hace unos días, un joven y experimentado periodista malagueño me preguntaba, a la vista del debate abierto sobre la efectividad del gobierno de la provincia, que si podía darse el caso de que yo fuese el último presidente de la Diputación de Málaga. Allí, contesté con política corrección. Aquí, afirmo que tal supuesto no me preocupa por lo que tiene que ver conmigo. Sí me preocupa que, por causa de no disponer de una institución colaboradora con los intereses de sus localidades, desde el conocimiento y la cercanía, David, Paco y Adolfo, sean los últimos alcaldes de Júzcar, Fuente de Piedra y Periana. Valgan como triple ejemplo de lo que podría pasar con los setenta y nueve alcaldes de las entidades locales malagueñas de menos de cinco mil habitantes.

Si algunas de esas entidades pierden su alcalde y dejan de tener la actual consideración administrativa, ¿seguirán viviendo en esos pueblos quienes hoy lo hacen o se verán forzados al éxodo? Si ocurre esto último, cosa probable si termina por imponerse el criterio que al reclamar la eliminación de las diputaciones traslada el principio de subsidiariedad del ámbito local a otro diferente, ¿no habremos perdido algo de nosotros mismos? Podemos debatirlo. Siempre que los abolicionistas puedan esperar, claro.