BLOGOSFERA

José Ortiz García

Impugnar los presupuestos por ocultar una deuda millonaria


Deuda de 17 millones de euros ocultada por el Ayuntamiento de Torremolinos, que ni aparecía en los presupuestos, ni en la liquidación. Esto pone de manifiesto la irregularidad y fraude de las cuentas que se han presentado en los últimos años. Es por ello que impugnaremos los presupuestos municipales de 2012, aprobados provisionalmente, que en la actualidad están periodo de alegaciones y cuya deuda supone un desequilibrio presupuestario del 20%.
Pero además deja en evidencia el plan de saneamiento en cuanto a las condiciones y exigencias establecidas, y pone de manifiesto el mal procedimiento del gobierno de Torremolinos que ha ocultado deudas para que le aprobasen créditos y demora en pagos obligados como son los de seguridad social y hacienda.

En mi opinión, vulnera claramente la ley y puede tener graves consecuencias legales para el alcalde, Pedro Fernández Montes. Así que estudiaremos ejercer las medidas legales que estimemos oportunas cuando en el transcurso de los próximos días tengamos más información.

La opacidad y falta de transparencia durante estos años donde se ha estado negociando en secreto, dejando a un lado los intereses de la ciudadanía y el derecho de ser informados un asunto de extrema gravedad.

La deuda real, estimada en más de 160 millones de euros, aumenta a un nivel extremo con los 17 millones de euros que aparecen ahora, dejando prácticamente al Ayuntamiento sin capacidad crediticia,contando además que las negociaciones realizadas con las distintas entidades bancarias con las que se ha negociado los prestamos, han sido irregulares porque se ha ocultado, con conocimiento de causa, la deuda del ayuntamiento y su capacidad real de devolución de los prestamos.

Ya no es la persecución de las administraciones donde gobiernan los socialistas las que le persiguen por exigirle que cumpla la ley entre otras cosas, sino que es una administración del PP la que le exige que cumpla lo dictaminado por una sentencia y pague lo que debe.

No es un problema entre administraciones socialistas o populares es un problema de cumplir la ley en un estado de derecho y a aceptar lo que un tribunal en sentencia firme dictamina.

En definitiva se ha producido un grave perjuicio para Torremolinos y sus ciudadanos, y se ha vulnerado, según nuestro criterio, gravemente la ley con unas implicaciones y consecuencias de enorme gravedad que tendrá que explicar el Alcalde de Torremolinos con con más que posibles consecuencias legales para su figura.

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