BLOGOSFERA

Salvador Pendón Muñoz

Si no igual, al menos parecido


Por causa de una gestión urbanística descontrolada que respondía más a las demandas del mercado que a las exigencias del desarrollo conforme a lo establecido en las leyes, tanto Marbella como La Axarquía, dos territorios malagueños, heredaron una situación difícil de administrar, como es ineludible en un Estado de Derecho, con sujeción estricta a la legalidad, pero teniendo siempre en cuenta la complejidad de una casuística diversa que llevó incluso a la implicación de personas que, obrando de buena fe, se convertían en actores involuntarios de algunas de las irregularidades advertidas.

Se me ha criticado por voces de distinta procedencia la posición que he venido manteniendo respecto al tratamiento de los asuntos urbanísticos en la comarca oriental de Málaga. Resumiendo, siempre he manifestado que la solución a un problema que afecta a un territorio y a las personas que viven en él no puede reducirse sólo al tratamiento judicial de las presuntas actuaciones delictivas, sino que debe acompasarse a la adopción de medidas que incidan en la normalización territorial y en la seguridad jurídica para los ciudadanos.

Por ello propuse, recogiendo el pronunciamiento de la instancia competente de la Junta de Andalucía, que se acelerase la tramitación de los instrumentos de planeamiento locales porque, al igual que ha sucedido en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y desde hace tiempo, éstos permiten la regularización de muchas construcciones ahora fuera de ordenación. Propuse la formulación de planes especiales de regularización una vez aprobados los planes generales, contemplando medidas correctoras y compensaciones por parte de los propietarios de construcciones que no pudiesen normalizar su situación vía plan general. En contra de lo por algunos manifestado, nunca me mostré favorable a cambiar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sino que propuse introducir leves modificaciones de lo contemplado en el Plan Subregional de Ordenación del Territorio a fin de facilitar la regularización en los dos casos antes señalados.

Siempre dije que a cualquier intento de regularización sólo debían acogerse las construcciones sobre suelos sin figura legal alguna de protección. Siempre manifesté que para las construcciones imposibles de regularizar sin infringir la norma no se podía contemplar otra actuación que la aplicación de los supuestos de disciplina. Siempre dije que las responsabilidades judiciales de quienes resultasen implicados en actuaciones no conformes a ley nunca prescriben y por eso nunca solicité amnistía urbanística, como muchos malintencionados han criticado sin más argumento que su propia inquina e insolvencia, según los casos. Siempre dije que en algunas actuaciones que hoy se tramitan por la vía de lo penal deberían ser competentes los juzgados de lo contencioso y hasta el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga se ha manifestado en ese sentido en pública declaración.

Pues bien, Marbella ha aprobado su Plan General de Ordenación Urbanística, en el que se contempla la regularización de más de dieciséis mil viviendas hasta ahora ilegales. Mientras siguen abiertos los procesos judiciales contra quienes permitieron e incluso ampararon tan bochornosa situación, el gobierno local de la ciudad costasoleña y la instancia autonómica competente han actuado en el sentido de propiciar una situación de normalidad que permita una actividad económica sin sobresaltos y con la voluntad de garantizar la seguridad de los propietarios, desterrando la incertidumbre y alarma social.

Conozco bien el territorio de la provincia de Málaga y sé que Marbella y La Axarquía son dos situaciones muy diferentes en cuanto a la situación urbanística, aunque en la base de ambas esté la gestión descontrolada. Por eso no defenderé nunca que el modelo de regularización de viviendas ilegales en Marbella se reproduzca de manera mimética en La Axarquía, porque sería proponer algo imposible de llevar a cabo. Probablemente sea más complicado regularizar los diseminados de La Axarquía, pero también es muy probable que tras las irregularidades de Marbella se escondan comportamientos mucho más repudiables y perseguibles que los que pueda haber tras las de La Axarquía.

Algunas posibilidades de legalizar lo legalizable en La Axarquía he expuesto en estas líneas. Sin duda que han de ser más las que vayan surgiendo conforme se avance en la búsqueda de soluciones. Pero, ante todo, no veamos como absolutamente normal un proceso enmarcado en la legalidad y establezcamos incomprensibles límites territoriales para su aplicación cuando ésta sería posible tan sólo con cambiar el modelo. Nunca voy a defender una dinámica de enfrentamiento entre dos territorios de nuestra provincia y mucho menos entre quienes tienen la responsabilidad de gobernarlos. Mi propuesta responde a un más pacífico criterio: si ha sido posible en Marbella, hagámoslo también en La Axarquía.

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