El PSOE lamenta que “los malagueños paguen el fracaso del PP en la construcción de viviendas públicas” que obligan a miles de familias a irse de Málaga
Los socialistas critican al responsable de Vivienda, Francisco Pomares, “por defender lo indefendible, la parálisis del equipo de gobierno para resolver el problema de habitabilidad en nuestra ciudad”, mientras que “más de 5.000 jóvenes se van de la ciudad en busca de alquileres asequibles y hay 25.000 demandante de VPO
El Grupo Municipal Socialista ha culpado al PP “del fracaso del Ayuntamiento en la construcción de vivienda protegida en Málaga”, una ciudad que pierde “5.000 jóvenes al año que no encuentran en nuestra ciudad alquileres asequibles” mientras que “25.000 familias de Málaga demandan una vivienda y el alcalde le pone alfombra roja a especuladores”. Así se ha manifestado la responsable de Vivienda en el PSOE, Carmen Martín, que en comisión ha defendido una moción para pedir “que el Instituto Municipal de la Vivienda se centre en su principal cometido, que es la construcción de VPO, no la construcción de campos de fútbol, que es competencia del área de Deportes e incluso de los distritos”.
La moción no ha salido adelante en sus puntos sustanciales con los votos en contra de PP y de Ciudadanos, tras un áspero debate en el que “el señor Pomares”, concejal responsable de Vivienda, “parece no conocer el drama habitacional que afecta a la ciudad”. Martín ha reiterado que “pretender construir 1.400 VPO cuando hay más de 25.000 personas demandantes no es ni una declaración de intenciones, este plan presentado por el alcalde es una porquería”, ha reiterado la edil del PSOE.
“El alcalde también dijo el pasado 9 de enero de 2023 ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento había terminado y entregado 5.300 viviendas en 20 años. Pero, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga dicen que desde 2010, 13 años según su cómputo, se han terminado tan solo 1047 VPO, de las cuales la ciudad sólo hizo 412 y el resto empresas privadas. Por eso, mienten. Como mienten en su defensa por Málaga. Se obcecan en la construcción de altas torres con viviendas de hasta un millón de euros que jubilados extranjeros pagan al contado, mientras que obligan al común de los malagueños, con nóminas de 1.200 euros mensuales, a mudarse a municipios con alquileres asequibles”, ha denunciado la socialista.
“Es que el IMV no hace viviendas protegidas, al menos a la velocidad que crece la demanda. Si el alcalde no ha hecho VPO en los últimos diez años, ¿pretenden que nos creamos que pondrán en marcha siquiera 1.400 pisos protegidos para su venta, o 8.900 si sumamos las de renta libre? Seríamos insensatos”, ha argumentado Carmen Martín. “¿Y cree que es comunista hacer VPO?”, le ha espetado Martín a Pomares, después de que éste último califique como un acto comunista la creación de vivienda. “Sus palabras le retratan. Deje de mirar el argumentario y póngase a trabajar por los malagueños”, ha zanjado el debate la socialista tras ver tumbada el grueso de la moción para exigir al IMV que construya viviendas “en vez de destinar su presupuesto a asuntos que no le competen”.
Hacia la municipalización del CAC
Durante la misma comisión, la edil socialista Lorena Doña ha arrancado a los grupos el compromiso para “ultimar los trámites para que los nuevos pliegos del Centro de Arte Contemporáneo impliquen una gestión más directa del área de Cultura”, en aras de que la instalación “llegue a ser municipal tan pronto sea posible”. La moción defendida por la responsable socialista urge, de esta manera, “a acelerar los trámites para la gestión municipal de nuestro centro de artes contemporáneo, que debe renovar su contrato en septiembre de este año con una empresa privada que cobra de las arcas más de 13 millones de euros y con una gestión que tiene más sombras que luces”.
Pasar el CAC de nuevo a manos de la ciudad depara “ampliar la oferta cultural con un coste más bajo, el ahorro de 3,5 millones de euros y permitiendo una gestión transparente”, se permitirá “la contratación de personal con salarios dignos, con un mayor control de la inversión, el ahorro de tres millones de euros a la parte privada que redundará en la mejora de la oferta cultura y el correspondiente ahorro del IVA”, ha insistido la socialista durante la defensa de la moción.
Doña ha relatado los incumplimientos de la empresa que gestiona el CAC, Gestión Cultural y Comunicación, de la que el gestor cultural Fernando Francés era gerente antes de su paso por la Dirección de Museos de la Junta de Andalucía. “Tras ver los expedientes, vemos que la empresa cobró más de 650.000 euros del dinero de los malagueños en los meses más duros de la pandemia, con las puertas del centro cerradas y la mayoría de sus trabajadores en ERTE. Un negocio muy rentable, para el que no se aportó ni una sola factura justificativa sobre qué hicieron entre marzo y junio de 2020”.
Gestión Cultural y Comunicación, SL cobraba además un plus de 45.000 euros anuales para el desarrollo de actividades museísticas sobre el fomento del ahorro energético y energías renovables, unos talleres de formación al margen de la oferta cultural y de las exposiciones. “A día de hoy no tenemos esa información”.
Por otro lado, la dirección del CAC no aporta documentación sobre la beca de Bellas Artes, dotada con 25.000 euros, alojamiento y gastos durante cuatro meses, una condición que figura en el pliego de condiciones del contrato. Doña ha conseguido además que la responsable de Cultura, Noelia Losada, se manifeste sobre esto. “Vamos a pedir a la empresa que explique qué ha pasado con esta beca”. La moción sale adelante, pero por segunda vez en el salón de plenos. “Esperemos que esta vez no llegue una prórroga del contrato con la empresa privada y que veamos una gestión pública de un edificio que tendrá mayor calidad y control del pago desde lo público, en las mejores manos”, ha zanjado la concejal socialista Lorena Doña.
