El PSOE pide al Ayuntamiento el rechazo a la privatización de la Atención Primaria y a la Junta un plan de refuerzo


Los socialistas presentan una moción de pleno para “frenar la entrada de la empresa privada en nuestra sanidad pública” después de que el Gobierno regional haya abierto la puerta a que los ciudadanos paguen desde 65 euros hasta 150 por paciente y consulta


El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para promover desde el Ayuntamiento de Málaga el rechazo a la privatización de la Atención Primaria, “un peligro al que el gobierno de Juanma Moreno ha dejado la puerta abierta” tras la publicación del borrador de la orden para la actualización del sistema de tarificación de los convenios suscritos por el Servicio Andaluz de Salud “que ha hecho saltar todas las alarmas”. Así lo ha expresado el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, junto a la responsable de asuntos sanitarios en el grupo municipal del PSOE, Mari Ángeles Gertrudis. “No podemos permitir la privatización de la Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario público andaluz”, ha insistido Pérez.

 

Con esta moción que se debatirá en el próximo pleno de la ciudad, los socialistas pedirán a los grupos en el Ayuntamiento que se rechace “la tentativa de cobrar a los ciudadanos entre 65 y 150 euros por atención y paciente”, lo que supone “dar un paso atrás en nuestra sanidad pública, gratuita y universal que ha sido mejorada con cada gobierno del PSOE desde el arranque de la democracia”. Daniel Pérez ha recordado que “el PSOE rechaza este Proyecto de Orden por la que se actualiza la presupuestación y tarificación de convenios y conciertos suscritos por el SAS con las privadas”. Para el socialista, “el PP está copiando el modelo de Madrid, que está privatizando todo, mientras que en Andalucía las explicaciones no convencen a nadie, ni a los grupos políticos, ni a los ciudadanos ni a los profesionales sanitarios de la pública”.

 

“Después de la pandemia, los conciertos con la privada han aumentado con la excusa del aumento de pacientes tras el Covid19. Esto no hubiera pasado si el gobierno de Juanma Moreno contemplara el aumento de la plantilla de profesionales sanitarios”. Por eso, otro punto de la moción pide a la Junta de Andalucía, ante la precariedad del servicio, la puesta en marcha de un plan de choque de refuerzo de la Atención Primaria en la ciudad de Málaga”, ha expresado el líder socialista en la puerta del centro de Salud de Puerta Blanca, en el distrito de Carretera de Cádiz.

 

 “Desde el Pleno en el Ayuntamiento de Málaga no podemos ni debemos mantenernos ausentes del debate social creado en torno al intento de privatización de la Atención Primaria por parte del Partido Popular y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aprovecha su mayoría absoluta para gobernar en contra de lo defendido por la mayoría de las fuerzas sindicales, de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía: una sanidad pública, una Atención Primaria pública. Siempre de calidad y universal”, ha zanjado por su parte.


Además, “el borrador publicado por la Junta permitiría a los medios de la privada que utilizaran las instalaciones públicas para pasar consulta. Esto es una privatización encubierta no solo del servicio, sino de nuestros hospitales públicos de referencia como el Regional Universitario y el Clínico. Sería desastroso”. Así lo ha manifestado la concejala socialista Mari Ángeles Gertrudis, responsable de sanidad en el grupo socialista, médica jubilada y que llegó a ser subdirectora del Hospital Regional Universitario.

 

“La sanidad pública andaluza, fortalecida durante las últimas cuatro décadas por los sucesivos gobiernos socialistas, corre un grave peligro por la amenaza de privatización que se ha ganado en los últimos años una contestación ciudadana y de profesionales que se ha intensificado en los días recientes”, ha manifestado Gertrudis. “Que un andaluz o andaluza, que una malagueña o malagueño pague a una empresa privada por la Atención Primaria que hasta ahora se ha ganado como derecho para lo público lo consideramos el pisoteo de un avance conseguido durante los últimos 40 años, que ha marcado el progreso de nuestra sociedad en lo sanitario, también en lo social”, ha exclamado la edil socialista.

 

La citada orden, que lleva la marca de los gobiernos del PP en las comunidades de Galicia y de Madrid, laboratorios de iniciativas de privatización del modelo sanitario, comenzó su fase de tramitación en julio de 2022 y establece, dentro de la descripción de tarifas máximas para los procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas y estancias médicas, las consultas médicas de atención primaria, para las que fija un tope máximo de 65 euros.

 

Sin embargo, la Disposición Adicional Segunda de ese borrador superaría ese tope al establecer que “la Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan”. De la redacción del borrador se desprende que la primera consulta podría llegar a los 150 euros en Atención Primaria, 90 euros las consultas sucesivas, mientras que una consulta de alta resolución alcanzaría los 210 euros.

 

La tentativa de privatización de nuestra sanidad pública no es un fenómeno reciente, sino que se cocina desde comienzos de la presente legislatura en nuestra comunidad autónoma. “De hecho, el presupuesto regional actual ya reseña aumentos considerables de conciertos con la privada a través de partidas del Servicio Andaluz de Salud bajo el epígrafe ‘Asistencia sanitaria con medios ajenos’, con el incremento de 94,2 millones de euros, pasando de 463,7 millones de euros en 2022 a 558 millones de euros en 2023. Esto supone un incremento de un 20,32% comparando los ejercicios de 2022 y 2023”, ha manifestado Gertrudis, que recuerda que el Gobierno central ha aprobado el Plan de Acción de Atención Primaria Andalucía 2023 con un montante de 32 millones de euros para iniciar un proceso de estabilización del personal sanitario.


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