El PSOE exige al nuevo equipo de gobierno del PP en la Diputación que dé la máxima prioridad al contrato de ayuda a domicilio


Se trata del contrato más importante de la institución y está pendiente desde el año 2013


La diputada provincial del PSOE, Toñi García, ha exigido al nuevo equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga que dé la máxima prioridad al contrato de ayuda a domicilio. En el pleno celebrado hoy, donde figuraba entre los puntos del día la continuidad en la prestación del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación en municipios menores de 20.000 habitantes, García ha recordado que se trata del contrato más importante que tiene en sus manos la institución, ya que asciende a 73 millones de euros y de él dependen más de 5.000 usuarios en toda la provincia y casi dos mil trabajadores. “Pedimos que se pongan manos a la obra y se concluya de una vez este procedimiento que viene coleando desde 2013”, ha dicho.

García ha asegurado que la situación del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación “se ha convertido en insostenible e inaceptable”. De esta forma, ha recordado que desde el año 2013 el PP en la Diputación viene diciendo que se está trabajando en este contrato. En el año 2022, el equipo de gobierno sacó a licitación el pliego de este servicio, un pliego impugnado y que los tribunales suspendieron “por no cumplir con las necesidades del servicio, es decir con la atención a los dependientes y con las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras”.

Asimismo, ha apuntado que en febrero de 2023 la Diputación aprobó en el pleno los trámites de una nueva contratación. Sin embargo, hoy el equipo de gobierno ha traído al pleno una nueva prórroga de la continuidad del servicio, puesto que el contrato tiene finalización el próximo 31 de agosto.

García ha señalado que el informe del interventor de la Diputación al respecto de esta continuidad “es demoledor”. “No se está cumpliendo con la ley del sector público de contratos, esto es no hacer las cosas bien”, ha advertido. Además de la disconformidad del interventor, también hay una disconformidad de la empresa que está prestando el servicio. “En el anterior mandato hasta en cuatro ocasiones vino la continuidad forzosa del servicio a este pleno y la empresa mostró su disconformidad. Esperemos que sea la última continuidad que viene a pleno. Esperemos que no vuelvan a tardar otros nueve años en sacar a licitación el contrato”, ha concluido.


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