Collboni y Pérez plantean una alianza por la vivienda que garantice el derecho habitacional
En un acto organizado por el grupo municipal socialista, el portavoz Daniel Pérez pone la iniciativa del regidor de la ciudad condal como ejemplo para combatir la crisis habitacional por la falta de vivienda asequible: “Mientras ciudades como Barcelona actúan con valentía, Málaga se queda inmóvil. Y no actuar también es tomar partido: es favorecer que el mercado lo decida todo, sin importar el impacto social”
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, han defendido hoy la necesidad de establecer una gran alianza por la vivienda entre las principales ciudades españolas, con el objetivo de “garantizar el derecho habitacional y frenar la especulación inmobiliaria”.
En un acto celebrado en Málaga por el grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga, junto a colectivos sociales afectados por la crisis del acceso a la vivienda, ambos dirigentes han coincidido en que “es urgente cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario”, para proteger a las clases trabajadoras y a las familias que hoy no pueden afrontar el encarecimiento de la vivienda ni en alquiler ni en propiedad. "El mercado libre sin regulación no ha resuelto el problema de la oferta. Todo lo contrario: ha disparado los precios", ha señalado Jaume Collboni. En Barcelona, ha recordado, el precio de los alquileres aumentó un 70% en la última década, mientras los salarios se mantenían estancados. “Eso expulsa a la gente de sus barrios y rompe el equilibrio de los presupuestos familiares”, ha advertido el regidor.
El alcalde barcelonés ha detallado las dos grandes líneas de actuación que su ciudad ha puesto en marcha: por un lado, “aumentar la oferta pública de vivienda” con 5.000 viviendas en construcción y el objetivo de promover 1.000 anuales. Y, por otro, intervenir el mercado con medidas como el tope de precios en zonas tensionadas y la eliminación progresiva de los pisos turísticos. “Barcelona es la primera ciudad del mundo que ha decidido poner fin a esta actividad a partir de noviembre de 2028, lo que permitirá recuperar 10.000 viviendas para uso residencial”, ha aseverado Collboni.
“Esta decisión va en la línea de desmasificar el turismo, proteger la convivencia en los barrios y defender el derecho a quedarse de nuestros vecinos. Ese derecho a quedarse es el nuevo derecho social que estamos impulsando los alcaldes en Europa”, ha afirmado Collboni, en referencia a la red de ciudades europeas Mayors for Housing, que lidera junto a ciudades como París, Roma o Ámsterdam, y que reclama que la Unión Europea destine fondos específicos a la vivienda.
Por su parte, Daniel Pérez ha subrayado la gravedad de la situación en Málaga, donde “hay 34.000 demandantes de vivienda protegida, más que en ninguna otra ciudad andaluza”. Además, ha alertado de que “hay más pisos turísticos que en Barcelona”, en torno a 14.000, en una ciudad con 600.000 habitantes, frente a los 10.000 de la capital catalana, donde hay más de 1,6 millones de residentes. “Mientras ciudades como Barcelona actúan con valentía, Málaga se queda inmóvil. Y no actuar también es tomar partido: es favorecer que el mercado lo decida todo, sin importar el impacto social”, ha denunciado.
El portavoz socialista ha alabado las medidas adoptadas por Collboni y ha instado al Ayuntamiento de Málaga a seguir ese ejemplo, que es “declarar zonas tensionadas, limitar los precios de alquiler” y frenar el crecimiento de los pisos turísticos. “La vivienda no puede ser un negocio. Tiene que tener un fin social, como reconoce la Constitución. Por eso hay que intervenir el mercado para proteger a la gente”, ha añadido el líder de la oposición en Málaga.
Pérez ha recordado que el Gobierno de España ha puesto en marcha medidas clave como el incremento del Plan Estatal de Vivienda, la calificación indefinida de las viviendas protegidas para evitar la especulación, y la creación de un censo estatal de vivienda. “Ahora hace falta que los ayuntamientos se impliquen y sean valientes”, ha añadido. Ambos dirigentes han zanjado que “tenemos la responsabilidad de actuar, porque aunque no tengamos todas las competencias, sí sufrimos todas las consecuencias”. Por eso, “necesitamos una alianza política y social por la vivienda que garantice que nadie tenga que abandonar su ciudad por no poder pagar un techo”, ha finalizado Pérez.
