El PSOE señala al PP en Málaga como “colaborador necesario” para el cierre de más de 8.000 comercios locales en cinco años


El Partido Popular tumba una moción con la que la concejala socialista Mari Carmen Sánchez exige al Consistorio ayudas directas, incentivos fiscales y medidas urbanísticas urgentes que frenen la conversión masiva de locales en viviendas turísticas y protejan el tejido productivo de los barrios


El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha lamentado la oposición del equipo de gobierno a la puesta en marcha de una batería de medidas en apoyo del comercio local de la ciudad tras votar en contra de una moción socialista durante la comisión de Economía, Hacienda y Comercio. Para la responsable de esta área en el PSOE, Mari Carmen Sánchez, la situación que atraviesa el comercio tradicional es “crítica” a la vez que ha acusado al Partido Popular de ser «colaborador necesario» en la desaparición del tejido comercial local. La edil, durante su intervención en comisión, había instado a tomar “medidas urgentes y de calado” para frenar una sangría que ha supuesto el cierre de «alrededor de 8.000 pequeños comercios en la ciudad en los últimos cinco años», 200 de ellos tan solo en el último año, ha advertido.

Sánchez ha señalado que “al impacto de las grandes superficies, el comercio online o la liberalización de horarios por la zona de gran afluencia turística”, se suma ahora un factor determinante auspiciado por las políticas del PP, que es «el modelo de ciudad de Paco de la Torre. Un modelo especulativo que está propiciando la subida desorbitada de los alquileres, y esto hace que estos pequeños negocios sean inviables», ha denunciado la concejala socialista.

Según datos aportados por las asociaciones de autónomos y la Universidad de Málaga, los comerciantes tienen que destinar casi el 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler. «En el centro de la ciudad se ha desmantelado prácticamente el comercio tradicional malagueño con alquileres que superan los 7.000 euros mensuales, pero este fenómeno también se está trasladando a los barrios, donde los arrendamientos ya oscilan entre los 1.100 y los 1.900 euros», ha detallado Sánchez.

La concejala socialista ha puesto el foco en “la inacción del Ayuntamiento frente a la especulación inmobiliaria” que está devorando los espacios comerciales. «Esta forma de rentabilidad rápida está haciendo que, en la mayoría de los casos, los locales cerrados se conviertan en infravivienda o vivienda de uso turístico. En el último año, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha autorizado 695 conversiones de este tipo», ha recriminado, recordando que esto presiona aún más los precios al alza.

Para poner freno a esta situación, la edil ha reclamado al equipo de gobierno un compromiso real mediante la aplicación de medidas urbanísticas y fiscales que «contribuyan a frenar la conversión masiva de locales en infraviviendas o en viviendas de uso turístico, preservando el tejido económico y social de los barrios». En este sentido, ha exigido la creación de una mesa de coordinación entre el área de Comercio, la Gerencia de Urbanismo, la Junta de Andalucía y los representantes de los colectivos para «abordar el tema de los alquileres, que es uno de los que más preocupa ahora mismo al comercio tradicional». Lamentablemente, todos los puntos de la moción del PSOE han sido tumbado por el equipo de gobierno, además de que Vox ha sumado su oposición en dos de los puntos.

Asimismo, Sánchez ha demandado un salvavidas económico urgente para el sector. «El Ayuntamiento debe comprometerse a realizar cuantas modificaciones en las Ordenanzas Fiscales sean necesarias para compensar y bonificar al pequeño comercio, así como implementar un plan de ayudas, subvenciones e incentivos que garantice el relevo generacional de los negocios inscritos en el Registro Municipal», ha defendido la socialista. Finalmente, ha reclamado que no se deje atrás a quienes sufren el impacto de las actuaciones urbanísticas, exigiendo «mecanismos de compensación económica y fiscal para los negocios afectados por obras públicas municipales de larga duración, evitando así su quiebra».


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