El PSOE tacha de “desastre” la gestión de las VPO del sector Universidad “al dejar sin vivienda a más del 90% de los adjudicatarios”
La viceportavoz socialista y responsable en el PSOE del área de Vivienda, Carmen Martín, defenderá a comisión el próximo viernes una moción para denunciar que apenas se han formalizado 12 de los 91 pisos de la promoción R15 tras cuatro meses, mientras a los solicitantes se les exigen hasta 167 documentos y requisitos económicos casi un 50% superiores a los de otras promociones públicas de la misma zona
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado este martes el “auténtico fracaso” del modelo de gestión público-privado impulsado por el equipo de gobierno para las viviendas protegidas de alquiler asequible en el Distrito Universidad, que son las promociones R3, R11, R12 y R15, gestionadas por las empresas privadas Lagoom Living y Sogeviso. Así lo ha anunciado la viceportavoz socialista y responsable de Vivienda en el grupo municipal del PSOE, Carmen Martín, que ha presentado una moción sobre este asunto que defenderá en la comisión del próximo viernes, tras acompañar a decenas de familias integrantes de la Plataforma de Afectados VPO Málaga junto a la concejala socialista Mari Carmen Sánchez.
La responsable socialista ha alertado de que se está expulsando “por la puerta de atrás y sin derecho a reclamación a más del 90% de las personas” que resultaron adjudicatarias en el sorteo celebrado ante fedatario público por el Instituto Municipal de la Vivienda. Carmen Martín ha calificado la situación de “muy grave e injusta”, señalando directamente la responsabilidad del Ayuntamiento de Málaga. “Esto demuestra que el modelo público-privado de este Ayuntamiento en la gestión de estas viviendas es un auténtico fracaso, porque le están dando suelo público y fondos públicos a las promotoras privadas y no está llegando a lo que tiene que llegar, que es a las familias que más lo necesitan», ha afirmado Martín.
La edil socialista ha criticado “la opacidad y la indefensión” en la que se encuentran decenas de hogares que ya contaban con bloque, piso y puerta asignados. “Es inaceptable que a estas familias, después de años solicitando una vivienda asequible, se les mande un correo diciéndoles que tienen asignada una vivienda, empiecen a preparar sus cosas con toda la ilusión y, días después, reciban otro correo, algunos redactados por inteligencia artificial, cuya contestación deja mucho que desear, denegándoles esa posibilidad sin ningún tipo de explicación ni posibilidad de reclamar”, ha subrayado. Asimismo, Martín ha calificado de incomprensible que “familias que están pagando más de 1.000 euros en el mercado libre vean denegado un alquiler asequible de 600 euros”.
Ante este escenario, Martín ha anunciado que en la próxima comisión de Derechos Sociales y Vivienda exigirá “paralizar de inmediato la adjudicación de las viviendas mientras esto no se aclare”, realizar una revisión integral de todos los expedientes rechazados con funcionarios públicos del IMV, exigir transparencia sobre los criterios económicos aplicados por la empresa privada y aprobar un protocolo municipal común que garantice los derechos de los solicitantes. “Lo que no se puede hacer es dar suelo público y dinero público a una promotora y ponerse a mirar para otro lado; el suelo municipal no puede convertirse en una simple aportación patrimonial para una foto del alcalde”, ha sentenciado.
Exigencia de hasta 167 documentos y vaivenes en la concesión de VPO
Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, Laura García, ha detallado los continuos incumplimientos de las bases aprobadas por el propio IMV y Lagoom Living, recordando que “casi el 50% de la construcción de estas promociones se financia con recursos públicos”, más de 13,5 millones de euros en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, más de 50 millones de fondos ICO y ayudas de la Junta de Andalucía. García ha denunciado que, “mientras en las promociones estrictamente públicas del mismo distrito Universidad como la R10 o la R16, se exige un mínimo de ingresos de 15.500 euros anuales, en estas promociones de similares características viviendas de dos dormitorios y 70 metros cuadrados el fondo inversor sueco eleva el umbral mínimo hasta los 23.300 o 23.500 euros, casi un 50% más, dejando en el caso de la R15 una horquilla de apenas 918,60 euros respecto al máximo permitido para unidades de una persona (24.418,60 euros).
“Tienen la mala fe de no querer que justifiquemos nuestros ingresos reales vía nómina, pese a que el propio pliego autoriza revisar la situación económica actual si el año fiscal vencido no la refleja. Solo miran dos casillas de la renta, descartando a personas con discapacidad, familias con bajas médicas o madres recientes”, ha explicado. Asimismo, la portavoz ha alertado de las “trabas burocráticas desproporcionadas impuestas por la gestora”, llegando a exigir en un plazo de “apenas cinco días certificados de autoliquidación de Hacienda que tardan 20 días en expedirse, registros de morosidad (CIRBE), sentencias de divorcio, facturas de sillas de ruedas o cuadros de amortización de televisores financiados con compañías telefónicas”. Según García “tenemos un compañero en el grupo que ha llegado a subir 167 documentos. ¿Es normal tener que subir esa cantidad de documentos para optar a una vivienda pública que pagamos todos los malagueños y que luego te la rechacen?”, ha cuestionado García, quien ha puesto de relieve el colapso de la gestión “De las 91 viviendas de la promoción R15, tras cuatro meses solo se han adjudicado 12; quedan cerca de 80 vacías. ¿Es que el 99% de los malagueños no cumplimos los requisitos?». La plataforma ha dado un plazo máximo de 72 horas al Ayuntamiento y al IMV para ofrecer soluciones por escrito antes de emprender acciones legales.
Rechazos arbitrarios sin validar la documentación
En la misma línea, Eva Moncayo, afectada del sector Universidad, ha cifrado en torno al 95% los rechazos motivados por la aplicación rígida de las casillas del IRPF, penalizando especialmente a quienes disfrutaron de permisos de paternidad o maternidad durante el ejercicio fiscal de 2025. Moncayo ha denunciado la arbitrariedad de la promotora, asegurando que “a unos les piden las nóminas para comprobar su solvencia real y a otros no, aplicando criterios distintos según el caso”.
Moncayo ha expuesto además casos límite dentro del colectivo, como el de un vecino al que le denegaron el pasado mes de julio, “se lo volvieron a aceptar, alegando un cambio de bases y, a tan solo dos días de firmar el contrato, se lo volvieron a rechazar sin posibilidad de alegación”. Además, Eva Moncayo ha agregado que en su caso puede demostrar con capturas de pantalla “que toda mi documentación aparece en la plataforma como pendiente de validar y, sin embargo, arriba en rojo ya figura como denegada. Están rechazando viviendas sin ni siquiera revisar los papeles”, ha concluido, reclamando igualdad de trato y criterios transparentes para todos los adjudicatarios.
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