El PSOE lamenta que ningún Ayuntamiento del PP ceda suelo a la Junta para VPO

Sólo un ayuntamiento del PP se ha adherido al Plan Concertado de Vivienda de la Junta de Andalucía frente a la veintena del PSOE.

El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, ha lamentado hoy que ningún ayuntamiento del PP en Málaga haya cedido suelo a la Junta para promover viviendas protegidas, "lo que demuestra lamentablemente que el PP no se toma en serio esta necesidad". Heredia ha mantenido esta tarde una reunión con el consejero de Vivienda, Juan Espadas, en la que han participado los alcaldes socialistas y portavoces municipales de municipios mayores de 20.000 habitantes.

"La vivienda es una prioridad para los socialistas, máxime en tiempos duros como el que está ahora golpeando las economías familiares. Y es un derecho en el que creemos con profunda convicción, no sólo porque esté recogido en la Constitución, sino porque creemos que es una base fundamental del Estado del Bienestar. El bienestar comienza por una vivienda digna", ha explicado Heredia.

El responsable socialista ha recordado que si bien nos encontramos ante un problema global, las particularidades de Málaga y la Costa del Sol acentúan una realidad en la que los responsables públicos debemos arrimar el hombro todos a una. "Asistimos a la paradoja de que, mientras se cuentan por decenas de miles los pisos vacíos a la espera de venderse o que simplemente se compraron como inversión para no ser ocupados, cerca de 40.000 familias malagueñas demandan una VPO. La zona litoral acusa especialmente este problema y, por ejemplo, sólo en Marbella se cifra esta demanda potencial en unas 12.000 viviendas sociales", ha afirmado.

"Los ejes con los que estamos respondiendo desde las administraciones socialistas a esta realidad incluyen tanto la vivienda nueva en régimen de compra o alquiler, la rehabilitación integral de barriadas y edificios y las ayudas a la emancipación", ha informado.

Para Heredia, de esta situación debemos salir en equipo, con políticas conjuntas. Resultan estériles los esfuerzos de la administración regional sin la colaboración decidida de los ayuntamientos. "Y, en este punto, tenemos que denunciar que sistemáticamente los municipios gobernados por el PP no facilitan las cosas. Quiero recordar que tan sólo un ayuntamiento gobernado por la derecha, en su día Vélez Málaga, se adhirió al Plan Concertado de Vivienda y Suelo, que preveía la necesidad de que los consistorios facilitaran por, ejemplo, los terrenos necesarios para la construcción de viviendas sociales", ha agregado.

En el capítulo de favorecer el acceso a la vivienda por parte de los más jóvenes, las medidas adoptadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía para impulsar el fomento de alquiler para jóvenes han beneficiado ya a 9.000 personas ya en el caso de la provincia de Málaga.

También hay destacar la importancia del convenio suscrito este verano entre la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y 123 entidades financieras para facilitar prestamos para la adquisición de viviendas de protección oficial (VPO). Entre las entidades firmantes se encuentran las malagueñas Unicaja, calificada de entidad colaboradora preferente, y Cajamar. El acuerdo consigue garantizar el acceso a los préstamos por parte de las familias y que el 50% de este importe necesario sea avalado por el Gobierno.

En materia de rehabilitación, cada 20.000 euros invertidos generan un empleo directo y otro inducido. La promoción y rehabilitación de vivienda constituyen potentes generadores de empleos y en estos tiempos difíciles resulta esencial movilizar recursos públicos para tratar de cambiar las cosas. Y la rehabilitación es un potente antídoto para luchar contra la degeneración de los tejidos urbanos, contribuir a ciudades más amables y más habitables.

En concreto, en la provincia de Málaga, más de 20.600 familias se están beneficiando de la rehabilitación singular de edificios, que ha permitido una generación de 12.400 empleos. El Gobierno andaluz está actuando en uno de cada tres barrios de Málaga y la está invirtiendo en 10 municipios del litoral. Queda claro que los socialistas apostamos por esta política pública basada en un valor progresista: la regeneración de los espacios donde vive la gente, de la ciudad habitada.

"Sobre la demanda de VPO, aspecto en el que el litoral sufre especialmente las consecuencias de un mercado que ha tenido comportamientos extremos en los últimos años. Y les hablaba de la falta de colaboración de los ayuntamientos gobernados por el PP. No hay mejor manera de ilustrar esta realidad que con datos objetivos", ha criticado.

Según los datos oficiales, desde el año 2004 se han calificado en nuestra provincia alrededor de 10.000 viviendas de protección oficial. De ellas, el 41% lo fueron VPO en régimen de venta con promotor público; el 40% fueron en régimen de venta privadas; el 19%, en régimen de alquiler con promotor público y el 3% restante, en alquiler con promotor privado.

Estos términos, aparentemente técnicos, ponen sobre la mesa una cuestión que en absoluto es baladí. La promoción pública es clave para garantizar este derecho de acceso a la vivienda a las familias menos pudientes. Para ello, es necesaria la colaboración absoluta y decidida de los ayuntamientos a la hora de ceder suelo a la Junta de Andalucía, por ejemplo.

En el caso de la promoción privada, fórmula preferida del Partido Popular, los ayuntamientos optan por enajenar, por vender suelo a privados, para dichas viviendas. Estos pisos cuentan con muchas menos ayudas y, además, pesa sobre ellos, como es lógico, el interés del promotor privado por obtener beneficios. En muchos de los casos, los pisos rondan los 180.000 euros y gran parte de las familias tienen que renunciar a ellos bien porque no los pueden pagar o bien directamente porque las entidades financieras no les conceden los préstamos necesarios.

Por el contrario, en el caso de la cesión de suelo a la Junta de Andalucía, viviendas con iguales o mejores características que las privadas, tienen un coste final que ronda los 100.000 euros. Con estos números en la mano, es difícilmente discutible la idoneidad de apostar por esta fórmula en aras del interés general.

Según los datos oficiales, sólo un Ayuntamiento del PP, el de Málaga, apuesta por la fórmula pública, mientras que, los ayuntamientos socialistas convencidos de esta política son 22. Aún así, el señor De la Torre y el PP llevan años sin ceder un centímetro cuadrado de suelo a la Junta para este fin.

"Otro dato más que significativo, es que en los últimos años ha habido entre 20 a 25 municipios socialistas que promueven VPO (la cifra varía porque en algunos lugares ha habido cambio de signo político) y solamente 6 del PP. Nosotros promovemos en pequeños y medianos municipios y el PP fundamentalmente en la capital, lo que ayuda a maquillar las cifras globales", ha manifestado.

En resumen, los socialistas promovemos VPO casi en el 50% de los municipios en los que gobernamos y el PP solamente en el 20%, teniendo en cuenta además que la derecha (salvo en Málaga capital, donde se cede al IMV) enajena los suelos de VPO obligando de esa forma al promotor a construir régimen general o iniciativa municipal y autonómica que son los dos regímenes más caros.

Pero, sin duda, la conclusión más grave de todas es que en los últimos años ningún municipio gobernado por el PP ha cedido suelo gratuitamente a la Junta de Andalucía para la promoción de viviendas sociales.

"La conclusión es clara. El Partido Popular opta por el beneficio de unos pocos y se mueve por puro afán recaudatorio al apostar por la venta de suelo y no por su cesión gratuita. Quiero aprovechar este foro para plantearle al PP un cambio de modelo para ayudar en estos tiempos complicados a miles de familias que lo necesitan y, de paso, generar puestos de trabajo en un sector como el de la construcción en horas bajas", ha remachado.