El PSOE destaca que Málaga es la provincia más avanzada en la aplicación de la Ley de Dependencia con 29.000 beneficiados

La Ley de Dependencia en Málaga supone en el entorno de 2.000 empleos directos y 20.000 personas han obtenido a través de esta normativa un reconocimiento del trabajo que realizan como cuidadores de sus familiares dependientes con la cotización en la Seguridad Social

El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, la coordinadora del Gabinete Parlamentario Socialista, Marisa Bustinduy, y la secretaria de Bienestar Social del PSOE de Málaga, María Salomé Arroyo, han destacado hoy que Málaga "es la provincia más avanzada en la aplicación de la Ley de Dependencia con 29.000 beneficiados. "Andalucía y Málaga son modélicas a nivel nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia. Frente a las trabas continuas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que bloquean sistemáticamente la aplicación de esta ley de profunda justicia social, Andalucía y Málaga cumple. Los socialistas cumplimos", ha destacado Heredia.

Así, el líder socialista ha resaltado que el Gobierno de Griñán invierte más de 115 millones de euros al año, 362.000 euros al día, en esta prestación. "Si para gestionar la Ley de Dependencia existiera una Consejería propia, ésta sería la segunda más inversora en la provincia. Esto pone bien a las claras el compromiso de Griñán con estas políticas", ha apuntado.

Según Heredia, la fase de atención a las personas en situación de mayor grado de dependencia se ha completado. "Hablamos de los grandes dependientes y de los dependientes severos. Será, por lo tanto, en este año 2011 cuando empecemos a atender a la dependencia moderada en su grado más alto", ha adelantado.

En Málaga, ya hay 29.000 personas que reciben al menos una ayuda a través de la Ley de Dependencia, pero la cifra es mucho mayor si hablamos de número de prestaciones. En este sentido, como existen recursos compatibles, se están dando en estos momentos 37.500 prestaciones.

En cuanto a los dependientes moderados de los que hablaba antes, hay 6.700 personas que han sido valoradas y que son potenciales beneficiarias de estas prestaciones que se van a empezar a otorgar este año.

En la provincia de Málaga, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta mantiene convenios con 15 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, así como con la Diputación Provincial para la contratación de personas y la prestación de la Ayuda a Domicilio. "Desgraciadamente, no entra en este cupo el Ayuntamiento de Torremolinos, donde, como siempre, el alcalde, Pedro Fernández Montes, prefiere el frentismo partidista aun a sabiendas de que esta perjudicando a un colectivo de los que más protección necesita. Es el ejemplo del Tea Party más rancio, del que no entiende de derechos sociales y, mucho menos, de su aplicación", ha lamentado Heredia.

"Pero esta normativa no sólo tiene un impacto muy positivo en el dependiente y en su entorno, en los sufridos cuidadores. También se traduce en cifras muy positivas para el empleo", ha subrayado.

Sólo la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio supone actualmente más de 1.800 puestos de trabajo en la provincia. Por cada tres personas atendidas en situación de dependencia con este servicio se crea un puesto de trabajo. Actualmente, hay 5.600 malagueños y malagueñas beneficiados por la Ayuda a Domicilio.

A ello, hay que sumar los 87 empleos creados para la gestión de la Atención a la Dependencia en la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, así como las 86 personas contratadas con financiación a cargo de la Junta de Andalucía para el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en los ayuntamientos. Hablamos, en este último capítulo, de una inversión de 3,4 millones de euros durante el año pasado. En resumen, la Ley de Dependencia en Málaga supone en el entorno de 2.000 empleos directos.

Además, 20.000 personas han obtenido a través de esta normativa un reconocimiento del trabajo que realizan como cuidadores de sus familiares dependientes con la cotización en la Seguridad Social.

Por su parte, Marisa Bustinduy ha valorado que "Andalucía es la única comunidad española que paga el 100% del coste del Servicio de la Ayuda a Domicilio y transfiere el dinero a los ayuntamientos con seis meses de antelación".

"Actualmente hay 6.150 plazas públicas de atención a la Dependencia, que financia la Junta, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad. Hablamos de Centros Residenciales, Unidades de Estancia Diurna y Centros Ocupacionales. Estos datos significan que, desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia, en enero de 2007, la Junta ha incrementado un 75% este número de plazas", ha asegurado.

"Andalucía ha apostado desde el principio por la efectividad de esta Ley que beneficia y alivia la carga de miles de familias que conviven la dependencia y para quienes su situación supone un drama", ha concluido Bustinduy.

Por último, la secretaria de Bienestar Social del PSOE de Málaga y alcaldesa de Vélez-Málaga, María Salomé Arroyo, ha destacado que "existen bastantes diferencia entre las formas de gobernar del Partido Socialista y las formas de gobernar del PP". "Vélez-Málaga es un ejemplo en materia de Ley de Dependencia. El PP se opuso en un principio a la firma del convenio para la Ley de Dependencia y estando en el Gobierno sólo tramitó 381 solicitudes", ha asegurado.

"Desde la llegada del Partido Socialista al gobierno local se han tramitado 4.126 expedientes, de los cuales el 73 por ciento reciben prestación económica, el 16% la ayuda a domicilio y un 8% ha optado por la plaza residencial", ha señalado.

Asimismo, la alcaldesa se ha referido al programa de renta básica municipal puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. "La administración local es la más cercana al ciudadano, por eso hemos trabajado para adoptar medidas dirigidas a las personas con riesgo de exclusión social. Hicimos un esfuerzo y consignamos una partida de 500.000 euros de la Empresa Municipal de la Vivienda para poner en marcha un programa pionero como es el de la renta básica municipal, que ha sido muy criticado por el PP", ha apuntado Arroyo.

"En la primera anualidad, 2009, han estado trabajando unas 100 personas que no tenían ingresos, que estaban en riesgo de exclusión social, y que gracias a este programa desarrollaron un trabajo a tiempo parcial de mantenimiento de los servicios públicos, de la limpieza y de acompañamiento a los servicios operativos del ayuntamiento durante seis meses a cambio de una retribución de 420 euros", ha explicado. "En 2010 ya hemos consignado una partida más importante, 1,6 millones de euros, financiados a través del Plan ZP. En esta segunda anualidad han sido 200 personas las beneficiadas", ha agregado.

María Salomé Arroyo ha destacado el apoyo de las empresas al programa de la renta básica municipal. "Nosotros trabajamos con el convencimiento de que ahora más que nunca tenemos que estar cerca de la ciudadanía, tenemos que luchar por la igualdad y por la justicia social", ha concluido.