El PSOE exige al Ayuntamiento el aumento de bonificaciones del IBI en función de la capacidad económica de las familias


Con una moción, los socialistas piden la aplicación de fórmulas para promover impuestos justos en situación de igualdad, sobre todo pensando en las personas vulnerables como ya han hecho otros municipios de la provincia, además de elevar hasta el 50% las ayudas municipales para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico responsable con el medio ambiente


El Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento de Málaga la modificación de la ordenanza sobre el IBI para que las bonificaciones de este impuesto en vivienda protegida “lo hagan justo y solidario con las familias”. Lo ha manifestado así el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz Begoña Medina y las concejalas Alicia Murillo, Rosa del Mar Rodríguez y Maricarmen Sánchez en la puerta de Gestrisam. “Desde el PSOE consideramos que los impuestos son necesarios, pero hay que pagarlos con un criterio de progresividad, que paguen más quienes más tienen, pero que sean justos para las familias”, ha explicado Pérez.

 

El líder socialista ha defendido que “el Ayuntamiento tiene en su mano métodos para aplicar el pago de estos impuestos con criterios de justicia y de equidad, en función de la capacidad económica de cada persona”. Y en el caso del Impuesto de Bienes e Inmuebles, “un impuesto muy necesario para que los ayuntamientos puedan costear el mantenimiento de los servicios públicos, la Ley de Régimen de Haciendas Locales permite márgenes de bonificación para mejorar la vida de los ciudadanos”, que suponen una ayuda para el pago de la vivienda habitual, tanto en régimen de alquiler y en propiedad, y se contempla un apartado concreto para la VPO.

 

Estas propuestas se suman a otras en una moción que se defenderá este jueves durante la comisión de Economía para proponer además “bonificar el IBI a aquellas viviendas cuyos propietarios pongan en carga con alquileres sociales, para ayudar a solucionar el gran problema de habitabilidad que tenemos en la ciudad de Málaga”, ha agregado el portavoz socialista.  “Si estos tenedores de vivienda las alquilar con un precio social, esta acción será recompensada con un mayor margen de bonificación del IBI”, ha explicado Daniel Pérez.

 

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha defendido la capacidad de las bonificaciones para conseguir objetivos sociales y medioambientales, por lo que pide al Ayuntamiento que se aumente “del 15% al 50% la bonificación por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico, recogida en el artículo 16 de la Ordenanza del IBI y que se amplíe a otro tipo de edificaciones y no solo de uso residencial”. Murillo ha señalado que “de todas las propuestas que los socialistas hemos hecho en el Consistorio durante los últimos tres años, ésta precisamente está aprobada en pleno. Nos preguntamos cuánto tiempo debe pasar para que el alcalde, instalado en punto muerto, la ponga en marcha. Porque Paco de la Torre se jacta mucho de que Málaga es una ciudad sostenible y una Smart city, pero lo cierto es que incluso los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad son insuficientes”.

 

La concejala ha incidido también, al igual que Pérez, en “la justicia, la igualdad y la progresividad que debe garantizar los impuestos municipales. Así, familias que viven en diseminados como los Gámez, que llevan 30 años sin agua suministrada por el Ayuntamiento, e incluso urbanizaciones de Ciudad Jardín y de Puerto de la Torre donde no llega la limpieza con Limasam, deben pagar menos en comparación con las zonas que cuentan con estos servicios a diario”. Por eso, propone al aumento de las bonificaciones del IBI para estos casos excepcionales, porque la “propia las propias ordenanzas fiscales permiten regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del IBI en estos inmuebles urbanos”.

 

El PSOE, en la senda de la progresividad en el cobro de los impuestos, sacó adelante el año pasado una moción para aplicar un recargo del 50% sobre los bienes inmuebles de uso residencial que estén desocupados y que pertenezcan a los grandes tenedores. “De lo que se trata es de que pague más quien más tiene”. Por eso, “se pretende ayudar a los tenedores de viviendas que las pongan en carga con alquileres asequibles para las familias, mientras que se persigue a los grandes propietarios que especulan con ellas mientras las persianas están bajadas”, ha zanjado Alicia Murillo.


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