Quienes gestionamos un ayuntamiento sabemos lo que significa estar en primera línea. Cada día atendemos lo inmediato, lo urgente y lo esencial. Escuchamos a nuestros vecinos y vecinas, resolvemos problemas reales y, muchas veces, tapamos los vacíos que otras administraciones dejan. Pero hay algo que también sabemos muy bien: ya no podemos hacer más con menos.

La situación financiera de los ayuntamientos es insostenible. Durante años, hemos asumido competencias que no nos corresponden por responsabilidad, por compromiso y por sentido común. Porque cuando una persona necesita ayuda social, una plaza en una escuela infantil o una vivienda de emergencia, no va al Parlamento ni a la Consejería. Viene al ayuntamiento.

Pero esas competencias impropias —porque en muchos casos pertenecen a las comunidades autónomas o al Estado— no vienen acompañadas de financiación. Y ese desequilibrio nos asfixia. Nos exigen servicios cada vez más amplios, con herramientas que no están a la altura. Y con presupuestos que, en lugar de crecer al ritmo de nuestras obligaciones, se estancan.

Un ejemplo claro lo tenemos aquí mismo. En 2024, la Junta de Andalucía ha asignado a los ayuntamientos de la provincia de Málaga 95,4 millones de euros a través de la PATRICA, una asignación a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades reales de nuestros municipios.

Esta situación ha afectado gravemente a los ayuntamientos malagueños, sobre todo a los más pequeños, que dependen en gran parte de este fondo para financiar servicios esenciales. La PATRICA debería actualizarse anualmente, tal como contempla la ley andaluza de financiación local, pero la Junta ha incumplido sistemáticamente este compromiso.

El caso de Campillos deja al descubierto una realidad que ya no se puede disfrazar: el abandono financiero de la Junta frente al respaldo del Gobierno central. En 2020, el municipio recibió 510.510,54 euros del fondo PATRICA. Desde entonces, la subida ha sido prácticamente simbólica: 513.916,44 euros en 2021, bajada en 2022 a 506.286,59, leve recuperación en 2023 hasta 509.854,79 y un pequeño avance en 2024 (520.631,66 euros) y 2025 (525.145,29 euros). En total, solo un 2,86 % más en seis años. Un aumento que no cubre ni de lejos la subida de precios, ni el crecimiento de nuestras obligaciones como ayuntamiento.

Y frente a esta inercia de la Junta, el Gobierno central ha respondido con hechos. Las entregas a cuenta del PIE han seguido una trayectoria ascendente. En 2020, Campillos recibió 1.742.907,08 euros del Estado. En 2021, con la economía aún golpeada por la pandemia, cayó levemente a 1.678.496,81 euros. Pero desde 2022, el impulso ha sido claro y sostenido: 1.977.714,19 euros, luego 2.021.506,18 en 2023, y 2.111.683,76 en 2024. Un incremento acumulado del 21,14 %.

La diferencia no es solo económica. Es política. Es institucional. Es una cuestión de respeto. Mientras el Estado entiende que los ayuntamientos somos la base del sistema y nos dota de más recursos, la Junta de Andalucía se limita a mirar hacia otro lado, incumpliendo su propia ley y dejando a los municipios asumiendo responsabilidades sin medios.

No se puede hablar de municipalismo si no se financia. No se puede presumir de colaboración con los ayuntamientos mientras se los asfixia presupuestariamente año tras año. Y no se puede pedir eficacia local sin compromiso autonómico.

No estamos pidiendo privilegios. Pedimos justicia. Pedimos un sistema de financiación local que esté a la altura del trabajo que hacemos. Que nos dé recursos estables, suficientes y justos. Que se acabe con la improvisación, con los fondos condicionados que llegan tarde y mal, y que se reconozca de una vez el valor que aportan los ayuntamientos al conjunto del país.

También es hora de que se clarifiquen las competencias. Si un servicio depende de otra administración, debe asumirlo. Y si lo gestionamos desde el ayuntamiento, debe venir con financiación suficiente, ajustada al coste real y con garantías de actualización. No podemos seguir prestando servicios a coste cero o a pérdida.

Los municipios somos el pilar que sostiene lo cotidiano. La primera respuesta, la última trinchera. Si de verdad se quiere una administración cercana, eficaz y comprometida con las personas, hay que empezar por respetar y financiar como se debe a los ayuntamientos.

Esto no va de partidos ni de colores. Va de dignidad institucional y de responsabilidad con la ciudadanía. Porque sin recursos, la autonomía local es solo un discurso vacío. Y nosotros no estamos aquí para discursos: estamos aquí para cumplir. Denos los medios. Lo demás, ya lo estamos haciendo.

Daniel Gómez Aguilar

Secretario de Movilidad Sostenible y Transporte y Alcalde de Campillos