En un momento de emergencia habitacional en buena parte de la provincia de Málaga y Andalucía, es esencial recordar que las competencias en materia de vivienda pertenecen de forma clara y exclusiva a la Junta de Andalucía, tal y como lo establecen el artículo 148.1.3 de la Constitución Española, el artículo 56 del Estatuto de Autonomía andaluz y la Ley andaluza 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda. Competencias que también recaen en los municipios en la medida en que son responsables de la planificación de su territorio mediante la gestión del urbanismo, y la promoción y gestión de la vivienda de protección oficial, tal y como así viene previsto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) o la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las bases del régimen local (art. 25) entre otras normas.

Debemos de recordar que, en la Unión Europea, países como Holanda o Austria poseen un parque de viviendas de protección oficial que alcanza hasta el 30 % y el 24 %, llegándose al extremo de la ciudad de Viena (Austria) donde este porcentaje se eleva hasta el 60 %. Es decir, existe una política efectiva para dotarse de una oferta de viviendas a precios asequibles en régimen de alquiler o propiedad. En el lado opuesto, encontramos a Málaga capital donde la vivienda protegida representa aproximadamente del 2,2 % mientras que en la Costa del Sol desciende al 0,5%.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad urgente de sentar los cimientos para una planificación y gestión urbanística con conciencia social que acompañe las políticas de promoción y gestión de vivienda protegida. Una política que movilice los recursos financieros y técnicos necesarios para impulsar, sin renunciar a la colaboración público privada, la construcción de los miles de viviendas a precios razonables necesarias para atender las necesidades básicas de los andaluces con dificultades de acceso a una vivienda.

Sin embargo, a pesar de contar con instrumentos legales, financieros y urbanísticos para actuar, muchos alcaldes y el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía han demostrado una preocupante falta de voluntad política y de capacidad de gestión, han aumentado los problemas derivados de la turistificación y la especulación y han dejado a miles de ciudadanos sin acceso a una vivienda digna, aumentando su angustia y sufrimiento.

Frente a esto, el Gobierno de España ha dado un paso histórico aprobando la primera Ley de Vivienda estatal de la democracia (Ley 12/2023, de 24 de mayo), que proporciona herramientas jurídicas para frenar la especulación, garantizar la permanencia de la vivienda protegida y aumentar el parque público. Pero esta ley solo puede ser eficaz si la Junta de Andalucía la aplica al tener ellos la facultad delegada (el gobierno central no puede imponerla, aunque quisiera), y, lamentablemente, el presidente Moreno Bonilla del PP andaluz han optado por desaprovechar esta oportunidad, e beneficio de grandes operadores frente al derecho constitucional del artículo 47 de acceso a una vivienda digna y asequible.

Además, el Estado ha puesto recursos financieros sobre la mesa: ayudas al alquiler, fondos para rehabilitación y planes de vivienda que debe gestionar la Junta. Es decir, el dinero está, pero no se está ejecutando adecuadamente en Andalucía y los ayuntamientos, con competencias en planificación y gestión del suelo, tampoco las están ejerciendo con la eficiencia que se requiere para habilitar suelo el suelo necesario y promover la construcción de vivienda de protección oficial. Acción que también requiere de un respaldo y coordinación con la Junta de Andalucía que esta tampoco proporciona.

En resumen, el acceso a la vivienda es una obligación legal de la Junta de Andalucía, que hoy el PP como gobernante en Andalucía está incumpliendo; Málaga capital y los municipios de la Costa del Sol supeditan, en su inmensa mayoría,  una política de vivienda orientada a favorecer el acceso a la misma de la mayoría de sus vecinos en favor de los intereses especulativos de unos pocos con mucho patrimonio y poder financiero; mientras que el gobierno central hace lo que puede, pero desde una posición secundaria que es la que la otorga nuestro ordenamiento jurídico.

Por consiguiente, la verdadera responsabilidad recae sobre Moreno Bonilla, el PP andaluz y muchos alcaldes que están abandonando a miles de familias malagueñas y andaluzas y, con ello, renunciando a garantizar uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad justa: que todo ciudadano tenga acceso a una vivienda digna y a precio razonable.

Por lo que Málaga capital, los municipios de la Costa del Sol y la Junta de Andalucía del PP de Juanma Moreno Bonilla, no es que no deban ni puedan solucionar el problema de la vivienda, ¡sencillamente NO QUIEREN! Y, frente a esa negligencia y mal hacer del PP andaluz de Moreno Bonilla y muchos alcaldes, los malagueños, malagueñas, andaluces y andaluzas tenemos que alzar la voz y decir claramente que ¡la vivienda es un derecho, no un negocio! ¡Ya basta de excusas!

Ildefonso Ortega

Oficina de Defensa de Derechos de Ciudadanía