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Dependencia en Andalucía, el derecho que no admite más demoras
Lo que está ocurriendo con la Dependencia en Andalucía duele. Porque no hablamos solo de cifras —que las hay, y son demoledoras—, hablamos de la realidad que viven cada día miles de familias: personas mayores que siguen esperando, personas con discapacidad sin apoyos, cuidadores agotados... Y mientras tanto, la administración guarda silencio. La Junta de Andalucía mira hacia otro lado.
Hablar hoy de Dependencia en Andalucía es hablar de espera, de desesperanza, del cansancio de muchas familias que conviven con la incertidumbre, atrapadas en un laberinto burocrático que no siempre les ofrece soluciones.
Más de 50.000 personas están en lista de espera. De ellas, 29.104 aún no han sido valoradas, y otras 21.199 tienen reconocido su derecho pero no reciben ninguna prestación. Detrás de cada número hay una historia, un hogar que necesita apoyo. No hablamos solo de estadísticas: hablamos de vidas, de personas.
Entre enero de 2024 y abril de 2025, han fallecido en Andalucía 8.378 personas esperando una ayuda. En lo que llevamos de 2025, ya son 2.551, de las cuales 809 tenían reconocido su derecho. Esa ausencia de atención no es solo un fallo administrativo: es un fracaso que cuestiona a nuestra sociedad y a nuestras instituciones.
Andalucía es, lamentablemente, la comunidad con mayor retraso en la tramitación de la Dependencia, con 574 días de media, muy por encima del plazo legal de 180. Mientras tanto, la vida continúa con cuidados invisibles, personas mayores y con discapacidad esperando, y familias cansadas sosteniendo una situación que no deberían afrontar solas.
Y todo esto ocurre a pesar de contar con la mayor financiación estatal de la historia. Andalucía ha recibido más de 735 millones de euros en 2024, lo que supone cerca del 40 % del total nacional. Desde 2019, ha recibido más de 3.730 millones, frente a los 1.752 millones que percibió durante los años del anterior gobierno del PP. Son cifras oficiales, no opiniones. Y, sin embargo, Andalucía sigue siendo la comunidad que menos invierte por persona beneficiaria: 7.173 euros anuales, frente a los 13.554 del País Vasco o los más de 11.000 de Extremadura.
¿Qué está fallando, entonces?
La gestión: un modelo ineficaz, deshumanizado, que no escucha a quienes trabajan sobre el terreno ni a quienes esperan una respuesta. Un sistema informático nuevo que no funciona, que bloquea procesos, que ralentiza expedientes. Un personal técnico agotado, con condiciones laborales precarias y una presión, a veces, insoportable. Y, por si fuera poco, el 72 % de los expedientes analizados por la Cámara de Cuentas presentan incumplimientos, y más de 500 residencias han mostrado graves deficiencias.
En provincias como Málaga, la situación es aún más grave: más de 12.000 personas esperan, muchas ya sin tiempo.
L@s trabajadores sociales, nuestros imprescindibles, llevan meses denunciando esta situación. Son ell@s quienes sostienen con esfuerzo diario un sistema que se cae, mientras desde el Gobierno andaluz se les abandona y se mira hacia otro lado. La respuesta institucional no llega. La solución, tampoco.
La Junta de Andalucía, lejos de asumir responsabilidades, culpa al Estado. Pero los datos la desmienten. El problema no es la financiación. El problema es la falta de voluntad política, la inacción, la falta de sensibilidad y la incapacidad para gestionar con eficacia y justicia un derecho tan fundamental como el cuidado.
La Ley de Dependencia no es un favor, es un derecho conquistado en 2006. Se trata de justicia social. Por ello, hablar de Dependencia es hablar de humanidad, de dignidad, de futuro. No podemos seguir permitiendo que la burocracia se imponga a la vida, ni que el sufrimiento ajeno se vuelva costumbre y se convierta en rutina.
Desde el compromiso político y humano, exigimos lo que tantas personas gritan en silencio:
una gestión digna, eficaz, humana y justa.
La Dependencia en Andalucía es un derecho que no puede seguir esperando, porque quienes la necesitan tampoco pueden hacerlo.
Elena Álvarez González
Secretaria de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional