Hemos dado un paso de gigante como país. Lo hemos dado en la lucha contra el cambio climático, pero también, para la ciudadanía, que tendremos un nuevo derecho básico reconocido: el derecho a la movilidad. Un derecho que tiene también su reverso, pues obliga a las instituciones a garantizarnos su ejercicio práctico.

Tras muchos meses de trabajo, el Congreso ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, que pone fin a la anomalía de que España no tuviera legislación estatal al respecto, mientras normas similares son ya una realidad en países de nuestro entorno. Una nueva hoja de ruta compartida que permitirá la cogobernanza entre todas las instituciones públicas de ámbito local, autonómico y estatal, y que además supone la liberación para España de 10.000 millones de euros de fondos europeos, ya que la aprobación de esta ley era un hito comprometido por España en su Plan de Recuperación y Resiliencia.

La norma aún no es definitiva, pues ahora seguirá su tramitación en el Senado, donde el PP, con su sucio rodillo, tratará de ralentizar su aprobación definitiva; pero que nadie tenga duda de que, en poco tiempo, España la verá publicada en el BOE.

Afrontamos con ella uno de los debates más importantes para hacer frente al cambio climático, porque el transporte es el responsable de casi un tercio de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero. Por eso, uno de sus objetivos es contribuir a la neutralidad climática del transporte en 2050, que supone que para entonces alcancemos una reducción de las emisiones del 97%; es decir, cercano a cero. Para ello, se establecen una serie de medidas para la electrificación de todo el sector del transporte y, en los ámbitos en los que la electricidad tenga más difícil ser motor de empuje por cuestiones técnicas, la apuesta sigue siendo por energías no contaminantes o de bajas emisiones.

La Ley establece unos criterios para que en los ámbitos urbanos se desarrolle la movilidad sostenible, lo que requiere una morfología urbana que permita establecer en los espacios públicos más dimensión a formas de desplazamientos diferentes al vehículo privado, estableciendo una pirámide de prioridades: desde la movilidad activa (caminar o ir en bicicleta), el transporte público, la movilidad compartida y, en cuanto a los vehículos particulares, que se prioricen los vehículos eléctricos. Se elabora una nueva Estrategia Estatal para la bicicleta. Y una de las principales novedades es la definición y legalización de formas de movilidad que ya existen, pero que necesitaban un anclaje legal del que no disponíamos. El hecho de incluir como movilidad sostenible la movilidad compartida, la colaborativa, la eléctrica, la activa o el transporte a la demanda puede suponer un impulso a estas formas de transporte, ya que las administraciones públicas podrán encontrar ahora un soporte legal para potenciarlas en sus ámbitos territoriales.