BLOGOSFERA

Enrique Benítez Palma

Beteta y Montoro


Jueves, 17 de mayo. Se celebra la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas de régimen común (todas, excepto País Vasco y Navarra, que en la Constitución de 1978 mantuvieron sus privilegiados regímenes forales). Un órgano compuesto por el Ministerio de Hacienda y los responsables de hacienda de cada una de las Comunidades Autónomas, nacido en 1980, cuando se promulgó la LOFCA.

La reunión es tensa. Desde que tomó posesión el Gobierno de España ha hecho un uso partidista y partidario de su posición institucional, sembrando dudas sobre la solvencia financiera de Andalucía. El PP quería ganar las elecciones andaluzas a toda costa, hasta el punto de que muchos han recordado aquella célebre expresión de Nixon, el tramposo Nixon luego dimisionario a raíz del escándalo Watergate, cuando dictaminó aquello de "haremos aullar de dolor a la economía chilena" para derrocar al Presidente Allende. Los personajes cambian, permanecen los métodos.

Montoro y Beteta habían puesto proa a las cuentas andaluzas. Nada de Valencia, ni de Baleares, ni de Castilla y León, ni de Murcia. Desde el ministerio han hecho declaraciones en contra de Andalucía. Y mientras atacaban con sus insidias la salud de las finanzas públicas de nuestra Comunidad -afectada, como todas, por la caída de ingresos derivada de la brutal crisis económica- ayudaban mes sí y mes también a la depauperada Comunidad Valenciana, con un aval en enero de 123 millones de euros, con un anticipo de 420 millones de euros, poco después, y con una enorme flexibilidad a la hora de evaluar su Plan de Reequilibrio, un plan homólogo al que intentaron echar para atrás el jueves a la Consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo.

Cuando gobierna el PP, Andalucía es maltratada por el Gobierno de España. Ya ocurrió entre 1996 y 2004, cuando Aznar, con la complicidad de Rajoy y el aplauso de Arenas y Montoro, aplicó en el sistema de financiación autonómica el censo de 1991, y no el de 1996. Al hacerlo dejaron de contar a 400.000 andaluces, beneficiando de paso a las Comunidades del noroeste de España, gobernadas por el PP, y que ya perdían población: Galicia, Cantabria, Castilla y León. Tuvo que llegar Zapatero en 2004 para saldar aquella deuda, pagando en efectivo nada menos que 2.500 millones de euros que los andaluces habíamos dejado de percibir de pleno derecho.

Vuelven los modos groseros, la deslealtad institucional. Las declaraciones intempestivas y las insidias arropadas por la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros -¿tú también, Soraya?-. Volvemos al maltrato descarado, volvemos a los aplausos de fondo. Otra vez Arenas, otra vez Montoro. Intentan conseguir desde sus tribunas públicas lo que les niegan las urnas y los votos de Andalucía. Y al hacerlo ponen en peligro no sólo el prestigio de Andalucía, sino también el del país cuyo honor y cuya imagen dicen defender.

Es muy curioso que siendo Andalucía responsable del 14% del déficit de todas las CCAA, se le exija nada menos que el 21% del ajuste total. Y es preocupante que el viernes, un día después de las amenazas de Montoro y Beteta a las cuentas de Andalucía, se sepa que Madrid, Valencia y Castilla León no habían declarado 3.000 millones de déficit oculto, una cantidad superior al ajuste que desde el Ministerio se ha impuesto a nuestra Comunidad.

El Gobierno de Rajoy está haciendo trampas. Admite ahora un déficit oculto de 2.000 millones de euros de la liberal Aguirre, la que presumía de bajar impuestos haciendo competencia desleal fiscal al resto de Comunidades. Asiste con dinero contante y sonante a Valencia, cuyo déficit no sólo viene de la bajada de ingresos, sino también de una larga lista de políticas populistas de gasto -Ciudad de las Artes, Auditorio, Terra Mítica, Fórmula Uno, aeropuertos sin aviones, Copa América de Vela, Ciudad de la Luz, visita de Su Santidad, etcétera- que están en la base de las mayorías electorales de Zaplana y Camps. Un dato: en los tres primeros meses de 2012 el Estado ha recaudado en Andalucía 2.753 millones de euros. Somos la tercera Comunidad que más aporta a la solidaridad interna que mandata la Constitución. Hemos adelantado a la joya de la corona del PP, a Valencia, que ha sufrido el desplome de la recaudación tributaria en Castellón, el paraíso terrenal de Carlos Fabra. En Málaga aportamos un 2% más que en el primer trimestre de 2011. En la provincia del aeropuerto sin aviones han recaudado un 22% menos.

Por lo tanto, hay que exigir lealtad y responsabilidad a Rajoy, a Montoro, a Beteta y a todos los que utilizan a Andalucía como cortina de humo para tapar sus propias vergüenzas institucionales. También a quienes aplauden, a quienes son cómplices, a quienes repiten los argumentarios de Génova como autómatas. Al ir contra Andalucía, van contra toda España. Y cuanto antes se enteren, cuanto antes se lo hagamos saber, mejor para todos. Con las cosas de comer no se juega.

TRANSPARENCIA

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