Transparencia y Buen Gobierno

No es casualidad, y lo sabe cualquiera que entienda un poco de política, que cuatro grupos municipales socialistas en la oposición se hayan visto obligados a abandonar los Plenos de sus respectivos municipios. Pero es lo que ha ocurrido en esta provincia, en Málaga, la semana pasada. Primero en Coín, y luego en Marbella, en Vélez y en Málaga capital. Una coincidencia así no es posible sin una estrategia previa, la que practica quien gobierna para evitar que se hable de lo importante, de lo que preocupa a los ciudadanos.

El desencuentro se produce, además, la misma semana en la que Soraya Sáenz de Santamaría acapara portadas de la prensa escrita mientras da la vez a los periodistas de La Moncloa, bolígrafo mediante, supliendo una nueva ausencia de Rajoy. En el Consejo de Ministros del viernes el Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, un texto disponible en internet pero que no parece haber sido puesto a disposición de los responsables políticos y cargos públicos del PP malagueño.

Copio de la exposición de motivos: "Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa". Pues bien, en democracia, ese papel fiscalizador y controlador de la acción del gobierno corresponde a la oposición, y cuando la oposición es silenciada, o expulsada, o sufre recortes o mutilaciones en sus medios y recursos, entonces se está impidiendo, obstaculizando y destrozando su potencial trabajo a favor de la transparencia, del buen gobierno y de la propia democracia.

Ya lo hizo en su momento Esperanza Oña, alcaldesa del Ayuntamiento de Fuengirola, al que la prestigiosa organización independiente Transparencia Internacional declaró hace pocos meses como el municipio más opaco de España. Con siete sentencias acumuladas por vulnerar los derechos de la oposición, Esperanza Oña denunció hace poco tiempo que había aumentado el número de sentencias sin ejecutar, aunque se ignora si había incluido en la estadística las que le afectan a ella misma y al Ayuntamiento que preside.

Al gusto por el oscurantismo se ha sumado el Alcalde de Coín, que ha decidido limitar los fondos económicos necesarios para que la oposición haga su trabajo. Copia así la medida original del Alcalde de Estepona, que por cierto es natural de Coín. Me pregunto qué pasaría si en el Parlamento de Andalucía se decidiera que los parlamentarios del Partido Popular no cobrasen, para así impedir su democrática tarea de fiscalización del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¡Sería un escándalo! Pues es lo que han hecho en Estepona y Coín sin que a nadie la haya parecido escandaloso. Ni siquiera a los medios y periodistas más vigilantes de la calidad de la democracia española.

Para terminar el repaso, en Málaga los concejales de la oposición descubren en el Pleno que han sido apartados del Consejo de Administración de una empresa municipal; en Marbella se comienza antes de tiempo y luego se expulsa del Pleno a quien lo denuncia -cuando el tema estrella era el encierro de la policía local- y en Vélez un desafortunado comentario del Alcalde -anunciando que iba a vender su coche particular porque ya tenía coche oficial- terminó con otra polémica en el Pleno con resultado de expulsión de la oposición.

Termino: "permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico". En el PP de Málaga parece que no se han enterado. O son muy tontos, o se están pasando de listos.