Una agresión que tiene nombres y apellidos

El pasado martes asistimos a una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una vuelta de tuerca económica que, más allá de ser una maniobra política y partidista, afecta en este caso a todos los ciudadanos andaluces: a los ocho millones de habitantes de Andalucía y al millón y medio de ciudadanos de Málaga. Una agresión inédita e intolerable, contra la que la Junta de Andalucía y el PSOE van a utilizar todos los recursos a su alcance.

Me gustaría explicar lo que ha ocurrido de una manera muy pedagógica. En resumen, el Gobierno de España, Rajoy y Montoro, han decidido asfixiar económicamente a las Comunidades Autónomas que no les son afines. Han decidido vengarse a través de las instituciones del resultado adverso cosechado por el PP en Andalucía. Han decidido quitar recursos a Andalucía como respuesta al fracaso electoral de Javier Arenas. Y eso, además de ser profundamente injusto, es completamente intolerable.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano en el que se debaten y establecen las condiciones de financiación de las Comunidades Autónomas, las reglas del juego del Estado autonómico. Es el órgano en el que se marcan las pautas para que nadie vaya por libre, para que se cumplan los grandes objetivos económicos del Estado. Es el punto de encuentro entre el Gobierno de España y los 17 gobiernos legítimos y constitucionales de las Comunidades Autónomas. El espacio para el diálogo y el consenso constitucional.

Todo esto ha saltado por los aires desde que gobierna el PP. Porque el PP ha decidido premiar a los que incumplieron y castigar a los que cumplimos. Por ejemplo, a Andalucía. Y para explicar esto hay que hacer un ejercicio de memoria reciente.

En primer lugar, hay que recordar que Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, varios meses después de ganar las elecciones del 20 de noviembre de 2011, decidieron retrasar la elaboración y presentación de los PGE 2012 como estrategia partidista del PP, para tratar de allanar el camino de su candidato a las elecciones autonómicas andaluzas. En vez de velar por el interés general de España y de los españoles, presentando los Presupuestos en el momento necesario y oportuno, decidieron no hacerlo, trasladando incertidumbre a los mercados financieros y generando desconfianza en los gobiernos europeos.

Si hoy España está más cerca del rescate y del abismo, no es por la herencia recibida, sino por la decisión de Rajoy de supeditar el interés general de los españoles a su interés partidista y a su frustrado intento de gobernar Andalucía.

Esa es la base de su rencor hacia nuestra tierra: perdió la batalla y con esa derrota además está a punto de enviar a España al temido rescate económico.

Todos ustedes saben que la salud financiera de las Comunidades Autónomas no es la mejor. Pero hay diferencias entre ellas. Algunas, como Valencia o Murcia, despilfarraron sus recursos, cuando había crecimiento económico no tenían bastante y además acumularon deudas. Otras, como Andalucía, aprovecharon los años de bonanza para crecer, invertir y además evitar el crecimiento desordenado de su deuda.

Andalucía está por debajo de la media en deuda con respecto a su PIB: 9’8% frente al 16% de media, con Valencia y Cataluña por encima del 23%. Andalucía está muy por debajo de la media de deuda por habitante: 1.825 euros, cuando en Cataluña es casi el triple y en Valencia más del doble. Andalucía tiene margen suficiente para endeudarse y conseguir así sus objetivos sociales .

Pero el martes, de repente, todos los mecanismos de igualación y de respeto hacia quienes habían hecho sus deberes saltaron por los aires. Con premeditación y alevosía: fue la respuesta de Rajoy y del PP a la reunión del lunes en La Moncloa y a la oferta de mano tendida y de responsabilidad institucional del Presidente de la Junta de Andalucía.

En esa reunión, la Consejera de Hacienda se encontró con un cuadro de obligaciones contrario a cualquier lógica política e institucional: un cuadro que premiaba a las Comunidades más incumplidoras (Valencia, Cataluña, Castilla – La Mancha, Madrid) a costa de las Comunidades más austeras, casualmente gobernadas por el PSOE: Andalucía y Asturias.

Rajoy ha decidido premiar a Camps, Fabra, Aguirre, Cospedal y Alicia Sánchez Camacho, a costa de Griñán y Javier Fernández. Con el aplauso cómplice de Zoido y Arenas entre bambalinas. Pero este castigo no es sólo un castigo a nuestro Presidente, al Presidente votado libremente por todos los andaluces. Es un castigo que se hace extensivo a toda Andalucía.

En la reunión del martes, se revisó el objetivo de deuda de las Comunidades Autónomas. Y resulta que Cataluña puede aumentar su endeudamiento (que ya está en casi 43.000 millones de euros) en 4.560 millones de euros más; que Castilla La Mancha puede hacerlo en 945 millones de euros más; que Madrid puede hacerlo en 712 millones de euros más y que Valencia puede endeudarse el año 2013 en 613 millones de euros más. Todo ello para salvar a sus irresponsables políticos de la quiebra. Y todo ello a costa de Andalucía, a la que se obliga a reducir su endeudamiento en 2.742 millones de euros.

Con la complicidad y el aplauso de Zoido, de Fátima Báñez y de Arias Cañete. Y también con el voto a favor de Celia Villalobos y Paco de la Torre.

Porque estas cantidades tienen rostro. Tienen nombres y apellidos. Los de las personas que van a sufrir el cierre de hospitales públicos en Andalucía si el Gobierno de España no rectifica: trabajadores, pacientes, familiares de enfermos que sólo tienen la sanidad pública para curar sus enfermedades y aliviar su sufrimiento. Al menos 3 hospitales están amenazados en la provincia de Málaga por este recorte inadmisible.

Los de los miles de niños y niñas que asisten a clase en los colegios públicos y para los que la educación pública es la única herramienta de movilidad social, el gran ascensor social de sus vidas. Los rostros de miles de profesores y profesoras, de miles de padres y madres . Unos 350 colegios públicos de la provincia de Málaga dependen de la financiación que nos niega Rajoy para dársela a Fabra, a Aguirre y a Cospedal.

Los rostros y las caras de 15.000 empleados públicos en Málaga que van a sufrir en su vida la decisión de Rajoy y del PP de premiar a las Comunidades Autónomas gobernadas por su propio Partido. Médicos, profesores, enfermeros, arquitectos, conserjes, celadores, administrativos. Personas de carne y hueso con familias y deudas e hipotecas. Castigadas por vivir en una Comunidad Autónoma que el 25 de marzo dio la espalda a los recortes del PP.

¿Alguien puede imaginar a Málaga sin el Hospital Carlos de Haya, sin el Hospital de Antequera, sin el Hospital de Vélez? ¿Cómo será el futuro de esta provincia con 350 colegios públicos cerrados, con miles de alumnos afectados, con cientos de profesores despedidos? ¿Qué será de Málaga con 15.000 trabajadores públicos menos? ¿Quién mantendrá el consumo? ¿Quién pagará sus deudas? ¿Quién dará una respuesta a esas familias? ¿Quiénes van a dar explicaciones? ¿Elías Bendodo? ¿Celia Villalobos? ¿Paco de la Torre?

Y todo por una venganza política.

Después de 250 días de gobierno, dos leyes y 22 decretos, España está hoy más cerca del rescate que el 20 de noviembre de 2011. El PP no ha cumplido ni uno solo de sus objetivos públicos. Pero está a punto de cumplir los grandes objetivos de su agenda oculta: revisar la Constitución por la puerta de atrás, acabar con el municipalismo, destruir el Estado autonómico y acabar de una vez y para siempre con la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones públicas y los elementos fundamentales del Estado del Bienestar.

Han emprendido un camino sin retorno, y es nuestro modo de vida y el de nuestros hijos lo que está en juego.