Facua y las libertades publicas

A lo largo de las últimas semanas los ciudadanos españoles están asistiendo a un penoso episodio que tiene como asimétricos protagonistas al Gobierno de España, por un lado, y a la organización de consumidores FACUA por otro. FACUA - Consumidores en Acción es una federación nacional de asociaciones que defienden los derechos de los consumidores, nacida en Andalucía, plenamente constitucional, transparente, crítica con los parámetros de la sociedad de consumo y muy combativa. Muchas personas ignoran la existencia de FACUA, o de la UCE, pero cuando sus derechos como consumidores son vulnerados, cuando grandes o pequeñas empresas incumplen las cláusulas de los contratos firmados, entonces acuden a ellas en busca de amparo y de soluciones. Por lo tanto forman parte de la sociedad civil, y lo hacen permitiendo la defensa de los derechos ciudadanos a través de la acción colectiva.
 
Al actual Gobierno de España no le gusta FACUA. De hecho, no le gustan muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Y se nota. No se sabe qué opina de esta deriva totalitaria Víctor Pérez Díaz, el sociólogo español que más ha trabajado el tema de la sociedad civil, abonado ahora a la Fundación FAES. Y sorprende también la respuesta dada por la flamante Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la petición de amparo de FACUA, impropia de su cargo y de su trayectoria. Ver para creer.
 
Y como al Gobierno de España no le gusta FACUA, no contento con eliminar la estructura de defensa de los consumidores en el tristemente célebre Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, ha enviado a esta Federación una amenaza nada velada de ilegalización por realizar campañas críticas con dinero público. Un criterio tan arbitrario e inconstitucional que da vergüenza repetirlo si no fuese cierto y se hubiese manifestado por escrito.
 
No es la primera vez que el Gobierno de España, en manos del PP, amenaza a la sociedad civil que le es crítica o contraria. Ya ocurrió en el año 2002 cuando la Coordinadora Nacional de ONGs para el Desarrollo mostró sus críticas a la política de cooperación del Gobierno. En aquella ocasión fue Miguel Ángel Cortés -tan vinculado a Málaga a través de la consultoría privada- el que hizo de malo de la película. Bien a gusto. En sus estatutos el PP afirma que "promueve el protagonismo de la sociedad a través de la participación de los ciudadanos en la vida política". ¡Quién lo diría! En cuanto gobierna pisotea los derechos de los ciudadanos y trata de imponer una visión única de la realidad, coincidente con su ideario.
 
El PP no soporta incomodidades ni desaires, y su tan cacareada libertad apenas la aplica sólo a los campos de la vida política que le convienen. Pero no sólo FACUA se ha rebelado: también lo han hecho MÉDICOS DEL MUNDO, promoviendo una campaña sobre el "derecho a curar" y que pide la objeción de conciencia ante los ataques a la sanidad universal y a la atención sanitaria a los inmigrantes. Son los primeros, no serán los últimos.
 
Visto lo visto, la excusa de la crisis servirá al PP para desmantelar todo lo que no le gusta. Y con la economía de las familias en niveles críticos, será difícil sustituir la aportación pública por pequeñas contribuciones privadas. Las libertades públicas están amenazadas. También en eso han mentido.