Sobre la liberalización de los horarios de centros comerciales

En la comisión de turismo y deporte del Parlamento andaluz hemos seguido con un debate abierto una semana atrás, que me tocó defender, sobre el recurso que aprobamos poner contra el decreto del gobierno de España del Partido Popular de liberalizar los horarios comerciales.

Un recurso contra un decreto ley (20/2012 de 13 de julio) que se ha hecho a espaldas de los actores principales del comercio y que obliga a que las grandes superficies abran un mínimo de 10 domingos además de pasar su apertura de 72 horas semanales a 90.

Y digo que ha sido a espaldas de los actores principales del comercio porque no se les ha consultado y porque ellos no comparten este modelo. Hemos de recordar que todos los partidos con representación parlamentaria, entre ellos el PP, avalaron e incluyeron en los programas electorales el "Manifiesto sobre la regulación de los horarios comerciales ante los próximos procesos electorales" firmado por: UGT y CCOO, CECA que es la organización más representativa del sectorial de comercio en Andalucía, o las organizaciones de consumidores Al-Andalus, Facua y UCA. Por lo tanto este decreto se realiza contra la voluntad de los trabajadores, de las pymes y autónomos y de los consumidores.

En el caso de nuestra Andalucía, su marco jurídico garantiza el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales gracias a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que ha contado siempre con el consenso de los agentes sociales y políticos y que pretende conjugar los intereses generales del comercio con los de los consumidores. Sin embargo, con este nuevo modelo impuesto por el PP, se rompe el sistema comercial sostenible imagen de nuestra tradición y cultura en Andalucía.

Este proceso de desregulación total de los horarios comerciales y libertad de implantación de superficies comerciales va a conllevar consecuencias y efectos negativos golpea aún más a la difícil supervivencia del pequeño comercio minorista. Los cantos de sirena de que este decreto estimulará el comercio y generará puestos de trabajo se alejan totalmente de la realidad. Los comerciantes y consumidores lo tienen claro:

-No es cierto que la desregulación de horarios comerciales cree empleo. Valga como ejemplo un dato oficial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ofrecidos en su informe anual “La Distribución Comercial en España”, donde demuestra que la evolución del empleo durante el periodo 2007-2010 en la Comunidad de Madrid, la región con mayor libertad horaria de España, ha descendido un 4,27 %, mientras que en regiones con una política de horarios comerciales más restrictiva como Castilla-León ha aumentado un 15,37%, en Navarra, un 12,83% y en Baleares, un 3’67%.

-La liberalización de los horarios comerciales supondrá un exponencial incremento de los costes de personal, que afectará a la inflación, con lo que subirá el precio final de los productos y servicios, y, por ello, supone un perjuicio para los consumidores.

-No es cierto que una mayor apertura de domingos y festivos conlleve un aumento de la competitividad del comercio minorista. Por el contrario, va a acarrear consecuencias nefastas: cierre de empresas de comercio y la pérdida de empleo. Las grandes empresas de distribución comercial acapararan mayor cuota de mercado a costa de la de los pequeños y medianos establecimientos al no poder éstos competir con más horas de apertura, ya que en la mayoría de los casos son empresas con un reducido número de trabajadores por punto de venta.

-El coste personal y económico que tendrían que soportar los pequeños y medianos comercios (teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son empresas familiares) será enorme y tendrá sus consecuencias. Según el INE en 2010 existían 114.515 locales de comercio al por menor en Andalucía, pues tras la aplicación del Real Decreto-ley desaparecerán al menos 32.000 locales, lo que se traducirá en una pérdida de empleados por cuenta ajena y autónomos de 145.000 empleos en los sectores del comercio de Andalucía. Son datos de los actores sociales del comercio.

-Más horas y días de apertura no aumenta la posibilidad de incrementar el consumo, sino más bien traslada las compras habituales a unos formatos comerciales en detrimento de otros. Es decir habrá un traspaso de las compras en pequeños comercios a grandes superficies.

-España cuenta con unos horarios comerciales suficientes para cubrir las necesidades del turismo, ya sea de interior o de la costa. Los horarios establecidos hasta la entrada en vigor del nuevo decreto garantizaban suficientemente la demanda de este tipo de consumidores sin tener que recurrir a más horas o días de apertura. Ello se demuestra por el hecho de que la mayoría de los productos que los turistas suelen demandar (souvenirs, prensa, revistas y artículos puntuales para cubrir su estancia) ya se encuentran en las tiendas que gozan de libertad horaria.

-La desaparición del tejido comercial de proximidad supondría además un coste social inasumible para aquellas personas con mayor dificultad de movilidad. Va a acelerar la desertización de los centros y barrios de nuestros pueblos y ciudades, perdiendo las relaciones humanas y aumentando del riesgo de inseguridad.

Además de estos motivos existe otro de carácter legal, y es que este decreto del Gobierno del PP en España arremete contra el Estatuto de Autonomía, contra el artículo 58.1., donde dice que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la ordenación administrativa de la actividad comercial y la regulación de horarios comerciales.

Dicho todo lo anterior ahora viene la pregunta clave: ¿Qué persigue este decreto?, ¿A quién defiende este decreto? Pues sólo y exclusivamente a las grandes superficies.

Frente al Partido Popular de Andalucía que apoya este decreto y estas fórmulas de terminar con los pequeños comercios, tras una campaña electoral en que presumían de defender a las pymes y a los autónomos (en esto tampoco nos han engañado, han hecho lo contrario de lo que decían), desde el PSOE hemos recurrido el decreto y rechazado de forma contundente esta decisión unilateral y sin diálogo de la liberalización de los horarios, porque es cumplir con la voluntad de las pymes y los autónomos, con la protección de los trabajadores y la garantía de los consumidores andaluces.