Reforma local: un paso atrás de 30 años

A finales de los setenta, la democracia española dio un paso de gigante con las elecciones municipales, porque los españoles ejercieron para cerca, muy cerca, sus recién estrenadas libertades políticas. En uno y otro sentido. Para elegir y ser elegidos.

Debemos recordar en esta semana del Día de Andalucía, que fueron los ayuntamientos contribuyentes necesarios y entusiastas de la consecución de la autonomía de nuestra autonomía. El 97 por ciento de los municipios andaluces se pronunciaron a favor de que la autonomía andaluza se canalizara por la vía del artículo 151 de la Constitución Española. El municipalismo entendió que el proceso autonómico alumbraría un proceso de descentralización, de autogobierno, de participación ciudadana y acercamiento de las decisiones a su más estrecho territorio.

Andalucía ha recorrido los años de democracia sin perder a ningún municipio por el camino. No es una cuestión numérica, pues el éxito representa que por muy duras que sigan siendo las condiciones para buscarse la vida en los pueblos, sus habitantes pueden seguir viviendo en ellos, pueden verse llenar sus plazas de jóvenes estudiantes universitarios que regresan cada fin de semana, de familiares de la capital que gracias a la mejora de las comunicaciones -aún queda mucho por hacer- pueden visitar a los abuelos o a las titas, recoger los frutos del pequeño huerto o simplemente regresar para pasear por las calles de esa patria que es la infancia.

Se trata de que cada cual pueda cumplir con su proyecto de vida sin necesidad de huir de su tierra, y que llegado el caso sea una decisión personal, en busca de otros horizontes. Las políticas de desarrollo rural, con sus planes y objetivos estudiados durante años por la comunidad autónoma, por el Gobierno y la Unión Europa, persiguen un principio básico de igualdad de acceso a servicios y oportunidades. Como socialista, nuestra visión universalista, no cabe duda, se alimenta de nuestra capacidad de amar sin autocomplacencia la tierra que nos vio nacer.

Más de tres décadas después esa proceso se ha reinvertido con el proyecto de ley de reforma local presentado por el Gobierno del Partido Popular. Destruir a golpe de proyecto de ley el modelo de convivencia sin consenso ni debate parlamentario real en un tiempo en el que la ciudadanía pide participar activamente en los cambios políticos es el peor favor que puede hacerse a la democracia. Ésta se pelea más cuanto menos democrática es la sociedad que puede articular.

Hemos vivido un debate continuo sobre el modelo local y es cierto que las asignaturas pendientes son muchas, que las reformas necesarias conforman un listado amplio, que puede resumirse en dos, a los que la legislación andaluza aportó claridad: competencias y financiación. No hemos construido una democracia local perfecta. De ahí a la destrucción de lo que tenemos, por mejorable que sea, media un abismo.

El Gobierno de Rajoy ha decidido dar un paso adelante. Y que caigamos en ese abismo. El proyecto de ley para la reforma de la administración local del Consejo de Ministro de 15 de febrero, después de varios borradores y propuestas falsamente negociadas por el Ejecutivo, es el peor que podía ofrecerse a la sociedad española.

Primero, porque no hay una sola línea de consenso, entre partidos, entre federaciones de municipios y provincias, entre expertos en la administración local o constitucionalistas. Huele a despacho ministerial viejo, de antes de que en las plazas de los pueblos se colgarán carteles con la foto de nuestros vecinos. Es un texto intervencionista, invasivo, mercantilista, reconcentrador, centralista, añejo y antiguo. Es una propuesta que inunda la autonomía local, expuesto por el ministro Montero con justificaciones falsas y ataques a los ayuntamientos y los responsables municipales.

Segundo, porque la rentabilidad social desparece de la gestión de los recursos públicos. Cuesta mucho mantener los servicio en pequeñas poblaciones, por eso propone el PP establecer baremos comunes -sin importar las características propias de esos pueblos- y retirar competencias, concentrarlas en las diputaciones y privatizar esos servicios. La ciudadanía va a pagar más, por menos y por peor calidad.

Tercero, porque Montoro manda a sus hombres de negro a los pequeños y medianos ayuntamientos acusados de despilfarradores cuando sólo concentran el 4,1 por ciento de la deuda de todas las administraciones. Deja sin retribuciones a los alcaldes y alcaldesas de pueblecitos, pero mira para otro lado con los sueldos de cargos gerenciales y directivos de las grandes ciudades.

Y cuarto, no por ello menos importante, es un golpe a las economías locales y al empleo en los pueblos y ciudades. La brecha entre zonas rurales y urbanas se va a agrandar, pone en riesgo la fijación de la población en el territorio, si bien la propuesta no tiene empacho en sugerir que su objetivo es la eliminación de ayuntamientos y de municipios.

Un debate territorial es necesario y urgente. Del modelo de Estado: Gobierno, autonomías y municipios. Serio y constructivo. Cada cual con su visión y sus principios. Una reforma política del Estado, no una imposición economicista ni mercantil de los servicios que son derechos de la ciudadanía y viceversa.