Día Internacional de la Mujer

La gestión que el gobierno del PP está llevando de la crisis económica tiene, como consecuencia más terrible y directa, la pérdida de derechos y libertades por parte de la sociedad española. La igualdad de género es uno de nuestros pilares principales sobre los que no debemos admitir retrocesos en derechos, pero además debemos marcarnos como fin seguir construyendo sobre los logros ya adquiridos, lo que significa que mujeres y hombres sigamos compartiendo igualdad en derechos y deberes, tanto en la esfera pública como en la privada.

La actual crisis está sirviendo de argumento perfecto para la derecha reaccionaria en su contrarreforma ideológica del modelo de convivencia y la destrucción de los avances logrados en defensa del principio de igualdad real y efectiva, haciéndonos retroceder en derechos ya adquiridos gracias a las políticas de igualdad de género promovidas por los y las socialistas.

El desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar, de las políticas sociales, sanitarias, educativas o de atención a la Dependencia, los recortes del gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan directamente a la Administración Pública y a empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres; por un lado, porque en estos sectores somos mayoría, y por otro, porque empeoran la situación de todas las mujeres al tener que asumir la atención de las necesidades de cuidado hacia la familia, dificultando terriblemente la conciliación de la vida familiar y laboral.

Con el gobierno del PP, estamos padeciendo un retroceso en materia de derechos y calidad de vida de las mujeres españolas, comenzando por la reforma laboral que ha dejado sin efectos la Ley de Igualdad, provocando la expulsión de la mujer del empleo y haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral.

Las cifras demuestran lo expuesto anteriormente. A febrero de 2013, Málaga registra 110.744 mujeres desempleadas en las listas del SAE. El paro femenino ha aumentado el triple que el masculino en los últimos doce mese, de febrero de 2012 y febrero de 2013. Si el paro masculino ha crecido un 2,83%, el femenino ha aumentado en casi un 8%, que se traduce en casi 9.000 mujeres más. Tres de cada cuatro nuevas personas desempleadas en Málaga son mujeres. Hace un año, más hombres estaban parados que mujeres.

En un año la situación se ha invertido de manera acelerado. Por edades, el desempleo femenino en Málaga se distribuye de la siguiente manera: menos de 25 años 10.847 mujeres; entre 25-44 años: 57.494, y 45 y más: 42.403 mujeres.

Si observamos en qué franja de edad se ha concentrado el aumento del desempleo, éste ha afectado sobre todo a personas mayores de 45 años: un 10,75% más. Es decir, que si el aumento ha afectado a mujeres, entre ellas, las mujeres mayores de 45 años son las más afectadas. El perfil más habitual de nueva persona desempleada es mujer de más de 45 años. La destrucción de empleos en los últimos meses ha sido principalmente empleo ocupado por mujeres, sectores, como los servicios sociales.

Este partido ha pedido por activa y por pasiva al Gobierno, a la diputación y a los ayuntamientos del PP planes de empleo, con especial atención en medidas y programas para la mujer. Acciones positivas y específicas. Porque los datos demuestran que al crisis se está cebando con los empleos de la mujer.

Volvemos a pedir esos planes, hoy Día de la Mujer, y que se retire la reforma de la ley local, que vuelva al cajón en el que estaba y que se negocie de verdad, entre todo y todas.
Las mujeres hoy en día cuentan con menos derechos en el ámbito familiar y en el laboral, sufriendo situaciones de mayor discriminación en sus puestos de trabajo y con menos posibilidades de defender y garantizar sus derechos. La reforma de la administración local que propone el Gobierno tendrá un impacto negativo en el empleo público por la desaparición de programas específicos de igualdad de género. De hecho, el proyecto presentado deroga la capacidad de los entes locales de promover estas políticas y estrecha la puerta de entrada en los servicios sociales. Si las decisiones sobre la crisis impulsadas por el Gobierno salida de la crisis ha feminizado duramente sus consecuencias en términos de desempleo y pérdida de derechos sociales y libertades individuales, la reforma de la administración local puede acabar con más de treinta años de políticas de igualdad en los ayuntamientos. Pero además puede terminar con servicios sociales que prestan ahora los ayuntamientos, como guarderías o programa de conciliación familiar.

En este relato sintético del retroceso social que alimenta a diario el Partido Popular en el mando del Gobierno de España, la reforma presentada de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del embarazo, que agranda las condiciones de inseguridad de las mujeres con un gran riesgo para su vida y su salud, representa una involución en la libertad de decisión propias de cualquier mujer. Es para todo un país un paso atrás de décadas, un golpe a la base misma de la libertad de las mujeres en democracia, en sentido amplio, pero además un riesgo moral para la sociedad en su conjunto.

Los recortes en Ley de Dependencia son recortes a los derechos de las mujeres, porque son mayoritariamente las personas beneficiarias y perceptoras de las prestaciones del catálogo de servicios que proporciona esta Ley, y por otro lado, el sector de servicios está ampliamente feminizado, además el cuidado familiar recae mayoritariamente en las mujeres. Por lo tanto, afectan directamente a miles de puestos de trabajos directos e indirectos, además desde este mes de enero la cuota a la Seguridad Social será a cargo exclusivamente del cuidador o cuidadora no profesional, de las cuáles el 92% son mujeres, además del recorte del 15% de la prestación económica de los cuidadores familiares en su inmensa mayoría mujeres.

La lucha contra la violencia de género ya no es prioridad para el Gobierno, ha habido un recorte del 27% de las partidas dedicadas a luchar contra esta lacra dentro de los Presupuestos Generales del Estado, supresión de los programas de sensibilización y prevención, cierre en comunidades autónomas gobernadas por el PP de casas de acogida y programas de atención a las víctimas. Con estos recortes se están incrementando el riesgo de las mujeres y de sus hijos e hijas. Las mujeres cuentan con menos recursos y ayudas para denunciar las situaciones de violencia, por tanto esto conlleva a que estas tengan menos confianza en las administraciones públicas y en el Gobierno para afrontar la decisión de salir de una vida marcada por la violencia. Los resultados son claros: menos denuncias y menos llamadas a los servicios de atención.