A vueltas con el modelo

Se trata de poner en común ideas, de comparar propuestas y de que el resultado sea un modelo mejor, más eficiente y que satisfaga a la mayoría. Esto que puede parecer la panacea no es tan difícil ni complicado. Basta con la voluntad política de la que, por desgracia, adolece el PP con su mayoría absoluta para llevarlo a la práctica. El diálogo político para transformar modelos que traspasarán las acotaciones temporales que imponen las legislaturas debería ser leitmotiv, especialmente, con el calado que representa la reforma de la administración local en nuestro país.

Una reforma de estas características no puede tener un calado ideológico, tan profundo y evidente, como la que propone el PP con la connivencia de muchos de sus alcaldes y alcaldesas como en el caso del Alcalde Málaga, Francisco de la Torre. No se trata de perfilar un modelo “más barato” sino de hacerlo más transparente, más sostenible y, por supuesto, con mayor control público. La reforma de las administraciones públicas, sea la local o de cualquier otro ámbito, no puede pasar por la privatización de servicios que si no se ofrecen desde un ámbito público no ofrecerán nunca empresas privadas puesto que no repercutirá, positivamente, en sus cuentas de resultados. Resolver el conflicto de competencias nunca puede hacerse desde la imposición a unas administraciones de criterios económicos que como resultado den la desaparición de la prestación de esos servicios que desde hace décadas prestan los Ayuntamientos. La fórmula que patenta el PP para solucionar la necesidad de financiación es trasladar dicha carga a otra administración pública, en este totum revolutum aprovecha para hacer desparecer servicios públicos y otros, por la puerta de atrás, los privatiza.

La reforma local, inconsistente e ideológica, que propone el PP no va a suponer un salto cualitativo para mejorar los servicios que desde los Ayuntamientos prestamos a los ciudadanos, sino que va a suponer abrir la puerta a la privatización y al engorde de la cuenta de resultados de amigos de sectores ideológicos que persiguen todo lo público.

La reforma local propuesta por el PP tiene graves consecuencias en la ciudad de Málaga. El Alcalde, a pesar de que su justificación para simultanear su puesto con el de Senador era la contribución a la reforma de la administración local, ha mostrado públicamente su apoyo al Anteproyecto de ley de reforma de la administración local presentado por el Ministro Montoro que perjudica, y mucho, toda la infraestructura pública municipal. La propuesta que emana del Consejo de Ministros recoge en la exposición de motivos que “favorecerá la iniciativa de la economía privada” es evidente, por lo tanto, que muchas de las políticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento caerán en manos privadas. Esto despierta grandes dudas para el normal desarrollo de las funciones del Ayuntamiento de la ciudad.

Todas las sociedades mercantiles en las que intervenga el Ayuntamiento requieren solvencia económica e informe favorable en tal sentido del interventor local ¿Qué sucederá con la EMT, Palacio de Ferias, Onda Azul entre otras? A la policía local se le excluye de la competencia de la seguridad de espacios públicos ¿Sobrarán policías locales? La promoción del empleo y el emprendimiento también se excluye de las competencias municipales ¿Qué ocurrirá con Promalaga y con el IMFE? ¿Y con las ingentes inversiones municipales en incubadoras de empresas? ¿Y con las empresas ahí alojadas? La promoción de la igualdad de la mujer desaparece de entre las competencias de los municipios ¿Qué sucederá entonces con el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, con su sección de igualdad, el negociado de apoyo a mujeres con especial dificultad o con el negociado de formación y sensibilización? ¿Qué ocurrirá, por tanto, con todos esos puestos de trabajo que ahora desempeña el personal del Ayuntamiento? Una reforma local que pone el acento en la eficiencia económica no se detiene, sin embargo, en ella para establecer tope máximo de salario de Alcaldes que lo eleva al salario de Secretario de Estado. Ni tampoco en las retribuciones del Presidente de la Diputación que lo igualan al salario del Alcalde de la mayor ciudad de la provincia, así como las retribuciones de los altos directivos nombrados por los equipos de gobierno municipales cuyos topes máximos salariales los fijará el Pleno.

A tenor de la literalidad del Anteproyecto por el principio de “estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los proyectos” podrán dejarse de prestar servicios por los ayuntamientos, podrán intervenirse municipios menores de 5.000 habitantes, se pueden disolver entidades locales menores que no presenten sus cuentas solventes, pueden modificarse los acuerdos alcanzados en los consorcios entre administraciones públicas. El Anteproyecto se propone liberalizar servicios como lonjas, mercados y mataderos municipales. La evidencia marca un primer análisis de este anteproyecto de reforma local y esa pasa por el temor al despido de numeroso personal laboral de los ayuntamientos, incluyendo como no podía ser de otra manera, al Ayuntamiento de Málaga.

En definitiva esta reforma local ideológica que choca directamente con leyes orgánicas como los Estatutos de Autonomía invadiendo competencias ya transferidas siembra la duda y ataca frontalmente uno de las piedras angulares del estado democrático: el municipalismo.