Desahucios

El pasado martes 9 de abril el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda, una normativa inédita en España, valiente e innovadora, que persigue frenar el problema de los desahucios en un momento de crisis económica, deterioro de las condiciones de vida de miles de familias, de seguimiento ciego de políticas económicas inhumanas y de sufrimiento individual y colectivo.

Este Decreto Ley modifica y añade nuevos preceptos a la ya existente Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, aprobada en 2010 con mayoría absoluta socialista. Contra esta medida del ejecutivo andaluz se han vertido ríos de tinta, la mayoría de ellos cargados de ideología y de prejuicios. No parece que un intento como éste de tratar de poner orden en el mercado de la vivienda sea una amenaza para nadie. Como mucho, puede conseguir que un puñado de familias desesperadas acaben durmiendo bajo techo y no en un cajero automático sin más abrigo que alguna manta y unos cartones recogidos quién sabe dónde. Empieza a ser preocupante el sucio columnismo que alumbra este país, con opinadores de oídas y cazadores de piezas políticas sin más horizonte que su propio bienestar personal.

Y si llama la atención la beligerancia con la que ha sido acogido, sorprende aún más si cabe si nos atenemos al sonoro fracaso de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para presuntamente atajar este problema. En marzo de 2012, se publicó el RDL 6/2012, del que dijo de Guindos que iba a beneficiar a más de 600.000 familias. Un año después, las únicas estadísticas oficiales disponibles hablan de 52 casos resueltos favorablemente, muy lejos de las optimistas previsiones ministeriales. Y si hablamos del Fondo Social de Viviendas, creado al albur del RDL 27/2012, de noviembre de ese año, pues más de lo mismo: apenas 370 solicitudes recibidas en toda España para tratar de ocupar una vivienda en alquiler social, según fuentes periodísticas, pues también aquí brilla por su ausencia la cacareada transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, en Andalucía se puso en marcha el Programa en Defensa de la Vivienda, allá por octubre del año pasado, al que han recurrido más de 1.500 familias andaluzas, con casos de éxito reales y palpables, y ahora esta nueva normativa ha permitido a cientos de familias albergar una mínima esperanza. Soy de los que piensan que los poderes públicos deben regular de manera justa y equitativa, y también que en caso de que exista un problema social, deben ser especialmente respetuosos con los más vulnerables. Nada ya puede sorprenderme en el PP andaluz, errático en su malsana oposición. Pero sí que me ha sorprendido la ferocidad de sus adláteres, más preocupados por su cuenta de resultados que por valorar de manera objetiva una política que, hasta la fecha, está consiguiendo más de lo que muchos esperaban. Ya lo decía Alonso Quijano: ladran, luego cabalgamos.