La casa por el tejado

Este mes planea la sombra de la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros del proyecto de reforma local. Abril es mes de la democracia local, porque las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos se celebraron un 3 de abril de 1979. Qué dos tiempos más lejanos. Quienes vivieron esa etapa, su vivo relato y testimonio, las referencias históricas, las hemerotecas rebosan de buenos recuerdos, o al menos, de cierta ilusión en el ambiente por una democracia recién estrenada, que llegaba al espacio público y político más inmediato, a las calles y plazas. Para los mayores, quienes habían vivido la democracia republicana fue la constatación directa de que España transitaba por otros caminos.

De ese pasado, a este presente de incertidumbre y malas, pésimas reformas, porque se hacen sin diálogo entre las fuerzas políticas, sin consenso con la ciudadanía y sin participación experta. Treinta y cuatro años de democracia y nos enfrentamos a una reforma local que convirte a las administraciones locales, sobre todo las de pequeños y medianos pueblos, en títeres o simples instrumentos de gestión económica sin criterios sociales.

El Partido Popular ha comenzado la casa por el tejado. Y todo, como veremos, porque la caldera de los recortes, que lo acaba consumiendo todo, exige más madera para lanzar mensajes de humo a Europa. En este caso, la madera será la de los ayuntamientos españoles, con argumentos de ahorro económico cuando el impacto es precisamente el contrario: el principal agente de desarrollo local, el ayuntamiento, queda sin margen de maniobra, a merced del viento que sople en las diputaciones provinciales.

La provincia, que es antigua pero no tiene por qué ser anticuada, es una unidad de organización territorial que no puede estar por encima del municipio. Ni la sustituye, suplanta o controla. La provincia asiste a los municipios. Y entre esos municipios, a aquellos que cuentan con menos recursos, no sólo económico, sino materiales: los pequeños y medianos municipio. Esta asistencia, en términos de cooperación, es el medio para garantizar una prestación de servicios en igualdad, viva donde viva la gente, pero sobre todo como motor para el desarrollo rural, que en esta situación de crisis no debe verse como un lastre sino como una auténtica oportunidad. En este punto radica la razón de ser de las diputaciones.

La reforma local que nos impone el Gobierno desvirtúa ese papel. Aquí en Malaga, los alumnos aventajados de Rajoy y Montoro que rigen la Diputación ejecutan un plan para que la Diputación sea fin y no instrumento. Es una avanzadilla centralizadora (como demuestra el intento de controlar el remanente del Patronato Provincial de Recaudación o el aumento de las partidas económicas asignadas a dedo), desequilibradora (las inversiones ningunean los pequeños y medianos municipios) y despilfarradora (crecientes estructuras de personal de confianza, puesta en marcha de iniciativas alejadas de las competencias reales de la institución o sin ninguna utilidad como es el caso de la oficina de alcaldes).

Comprenderán entonces la preocupación de los alcaldes y alcaldesas -de todo signo político- con una Diputación que ha laminado el modelo de concertación intermunicipal sustituyéndolo por el vetusto modelo predemocrático de la supramunicipalidad, mientras que el Gobierno le va a otorgar una legislación que debilita a los pequeños y medianos municipios.

La reforma local es una auténtica oportunidad. Los socialistas defendemos su reforma, en términos de aclaración de competencias -todo lo contrario de lo que alumbra la reforma del PP- y de financiación. Las leyes andaluzas de ámbito local son un buen fundamento para este cambio profundo, siempre en paralelo al debate sobre qué modelo territorial defendemos para nuestro país. Las diputaciones han de tener una visión de conjunto, vertebradora y cooperativa. Esa visión global buscará la igualdad de oportunidades entre territorios con sus realidades sociales. La vertebración es comunicación, invirtiendo realmente en una red de carreteras que conecten los núcleos de población (seguimos teniendo un evidente déficit en esa materia). La cooperación es material y técnica, no sólo económica, articulando verdaderas sinergias y economías de escala sin que se invada la autonomía local o acabe en la mera privatización de servicios públicos esenciales prestados con criterios únicamente económicos.

Las tutelas huelen a racio. Quienes gobiernan las diputaciones, y en Málaga no es el caso, deben entender la pluralidad de esta institución. Más que el gobierno de la provincia, es un gobierno para y al servicio de la provincia. Esa pluralidad -en la propia corporación y en los municipios- obliga a ser punto de encuentro y debate, foro y espacio de acuerdo. No valen las imposiciones en la planificación. El futuro de la institución pasa por el pacto, por el acuerdo, por la transparencia en la toma de decisiones ante los pueblos y su ciudadanía. Lo contrario sería un error para los pequeños y medianos municipios.