La palabra dada

Conforme se abrían los sobres de las papeletas la noche del 25 de marzo de 2012, Andalucía abría una nueva etapa política de su historia reciente. El presidente José Antonio Griñán había pasado las semanas previas recorriendo cada palmo de Andalucía con un mensaje para un futuro: Andalucía debe marcar su propio camino. Cuando echamos un vistazo a estos doces meses, si el análisis es justo, la promesa está siendo cumplida. Griñán está cumpliendo su palabra. El gobierno de progreso fruto del alianza entre PSOE e IU presentó sus objetivos, propuestas e iniciativas, pero sobre todo, dejó claro desde el principio que demostraría otra forma de gobernar la crisis y el paliativo de sus durísimas consecuencias.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha recorrido un camino alternativo en virtud a una posición ideológica clara. En ocasiones leo a dirigentes del Partido Popular acusar al gobierno de Griñan de actuar con ideología. Resulta curioso que los cachorros del neoliberalismo, los que gobiernan al dictado de una exclusiva visión del mundo, acusen a otros de actuar según otra visión opuesta, en este caso progresista, incluyente, solidaria, emancipadora. Llevan años alimentando desde todos los frentes un pensamiento único, un pensamiento ideológico único rechazando cualquier pluralidad, cualquier alternativa, venga de donde venga.

La comparación es muy pedagógica, nos ayuda a comprender. De ahí que sea imprescindible para entender qué ha pasado este año en Andalucía dibujar qué hubiera pasado sin un gobierno de izquierdas, sin este gobierno andaluz con Griñán al frente. Utilizo este hilo conductor porque en Andalucía -muy habitual en ciertos sectores- gusta compararnos con otras comunidades, a veces con crítica destructiva, como si se olvidara de un plumazo nuestros lastres históricos, de profundas raíces. Sólo el Gobierno andaluz ha abierto en España un proceso de concertación y diálogo social, de pacto para articular un programa de medidas para salir juntos, más fuerte y unidos, de la crisis económica. Si el gobierno de PSOE e IU surge de un diálogo, de buscar los puntos de acuerdo por encima de las diferencias entre las dos formaciones de izquierda, su manera de hacer ha sido y debe seguir siendo -en todos los asuntos- el diálogo, con la sociedad, con otras administraciones, con sentido y responsabilidad de gobierno.

No ha sido fácil, porque el Gobierno de Rajoy ha puesto más de una zancadilla, como los recursos de insconstitucionalidad de la subasta de medicamentos, la imposición de un déficit público sin atender la población al prestar servicios como la sanidad y la educación, ha negado reiteradamente un plan específico de empleo para la comunidad y siempre ha dado lo justo de liquidez a las arcas andaluzas. Aún así, Andalucía siempre ha estado en los foros autonómicos, ha sido leal y ha puesto sus ideas sobre la mesa para el resto de comunidades.

Sólo el Gobierno andaluz ha sido de las autonomías más pobladas que ha desarrollado políticas de estímulo económico. El primer año de la legislatura en Andalucía ha permitido comprobar, con letra impresa en los boletines oficiales y en la realidad -lo más importante- que la alternativa para salir de la crisis y para reparar sus efectos es un fortalecimiento de lo público, que lleva aparejado tomar decisiones vía leyes. Sí, interviniendo. Actuando. Haciendo. Cambiando. Desde lo público. Los conservadores hablan de apoyo público cuando se da dinero público o facilidades a las grandes empresas, pero de intervención pública -de manera negativa- cuando legisla para todos, sobre todo para los muchos que tienen poco. Los poderes públicos tienen que intervenir en la economía. Este año se han movilizado 500 millones de euros para frenar la sangría del paro, con 21 medidas de estímulo, con el plan de construcción y arreglos de colegios (Plan Ola).

Hemos sido la comunidad con la mayor oferta de empleo público de España. No sólo no ha habido recortes en educación -con un gran esfuerzo de redistribución de los recursos, fijando prioridades, trazando líneas rojas-, sino que se han sacado 592 plazas de docentes. Hemos abierto el debate sobre el ahorro sanitario frente a las fórmulas de repago, privatización o eliminación de servicios (el 96 por ciento de los andaluces está cubierto por una sanidad gratuita).

Dos medidas adoptadas por el Gobierno de Andalucía han sido los mejores ejemplos de este camino alternativo. Ejemplo de una política propio y ejemplo para aplicar en otras comunidades. Los decretos sobre vivienda y contra la exclusión social, ambos con un evidente sustrato ideológico. El primero -acompañado de otras medidas en la materia, protección de consumidores, etc- responde a una injusticia social y representa un cambio en una reglas del juego que parecían inamovibles: la banca siempre gana. El segundo, es una respuesta a los efectos de la crisis: la exclusión y la desigualad, y me permite afirmar que garantiza la dignidad de cualquier andaluz en estos momentos y enfrenta la justicia que defendemos los progresistas con la beneficencia. Ninguna comunidad ha dado un paso legislativo de tal envergadura.

No caeremos en la autocomplacencia. Aprendimos de los errores. Esta comunidad decidió tomar un camino. La mayoría plasmada en las urnas dio un mandato. Nos dio un mandato a los socialistas. Solo queremos seguir cumpliendo con nuestra palabra dada, demostrar que el cambio social sólo puede hacerse con la política y con la democracia.

* Artículo publicado en Diario Sur