Recortes y desigualdad avanzan de la mano

Un reciente paper editado por el FMI, Efectos Distributivos la Consolidación Fiscal, proporciona abundante evidencia de que los episodios de hachazos al gasto público llevados a cabo en los últimos treinta años siempre han conllevado efectos de empobrecimiento. En concreto, han provocado: a) incrementos significativos y persistentes de la desigualdad, b) reducción de las rentas salariales y de su aportación porcentual al PIB y c) aumento del desempleo a largo plazo.

Por supuesto, la implicación de política económica de este estudio es que el camino para la estabilidad de las finanzas públicas debe acometerse procurando minimizar (o compensar por otras vías) el impacto negativo de la llamada austeridad sobre la distribución de renta y riqueza. Por lo tanto, habría que centrarse en medidas que consoliden a largo plazo (por ejemplo, la reforma de las administraciones o la liberalización de determinados servicios) y olvidarse de aquellas que minan la capacidad de crecimiento (recortes a Educación o I+D).

En segundo lugar, de cara a evitar un mayor deterioro de la situación, se apunta a la necesidad de blindar el arsenal de fondos públicos (estabilizadores automáticos) para contrarrestar los episodios recesivos. De hecho, la misma OCDE, en su informe anual sobre Empleo, aparecido esta semana, pedía soluciones para el problema de los desempleados de larga duración (que en España son el 47% del total de parados), un colectivo abocado a la pobreza por el agotamiento de sus prestaciones.

Dicho de otro modo, no se puede jugar a precarizar las redes que tradicionalmente han evitado que los ciclos negativos desemboquen en tragedias económicas y sociales de amplio calado. En realidad, el mensaje, aunque no explicitado tal cual, es que constituye una auténtica locura empeñarse en agotar el germánico camino del empobrecimiento sistemático, de la devaluación interna que finalmente nos haría muy competitivos, aunque solo sea porque estaremos muy hambrientos.

Por lo menos debería mirarse de frente al problema: la austeridad, los recortes de gasto público y las subidas de impuestos, en general, y en España en particular, aumentan proporcionalmente más el sufrimiento de los que ya se habían quedado en la cuneta: menos ingresos, pero al mismo tiempo más gastos en bienes esenciales (por subida de luz, IVA, salud, etc.) que desmoronan su bienestar. Y, muy probablemente, su fe y apoyo a un sistema político donde se sienten maltratados, excluidos, lo cual le puede llevar a simpatizar con opciones radicales.

Por otro lado, la paciencia con los recortes cada vez es menor. Aquella fórmula de que “hemos vivido (todos) por encima de nuestras posibilidades” y de que estamos en medio de una crisis de deuda soberana porque el Gobierno ha gastado demasiado cada vez tiene menos recorrido. Las dificultades de los gobiernos proceden, por el contrario, del temor de los inversores de que realmente no dispongan de músculo suficiente para enjuagar todas las pérdidas de su sector financiero. Es decir, por estar en condiciones ni de dejar caer ni de rescatar a su sector financiero.

En fin, parece cada vez más imperativo dar un giro a favor del crecimiento, o al menos a favor de una consolidación menos lesiva. Y un giro a favor de mayor inclusividad y mayor legitimidad.