Contrarrefoma local

La reforma de la administración local que va a realizar el PP supone un duro golpe para uno de los pilares de nuestra democracia: el municipalismo. Una reforma que perfectamente podría llamarse contrarreforma va a dejar sin servicios sociales básicos a muchos municipios, va a despojar de sus derechos laborales a muchos trabajadores que prestan excelentes servicios desde lo público a los ciudadanos de sus municipios y va a propiciar la privatización de empresas municipales. Parece una herramienta de trabajo, básica para el PP, en esta vorágine privatizadora y de corte neoliberal que rige los destinos macroeconómicos de nuestro país de la mano de la política económica que se realiza desde la Europa conservadora.

El proyecto de reforma local último aprobado por el Consejo de Ministros fue el pasado 24 de Julio. Éste llega después de numerosos borradores, anteproyectos, documentos, estudios, etc. que el PP ha intentado disfrazar de reforma cuando eran de por si ataques flagrantes a la administración local y que numerosos municipios, incluidos los gobernados por el PP, han rechazado por invasivos y por el despojo de sus competencias propias.

Puede decirse con contundencia que este proyecto de ley de reforma local quita directamente competencias a municipios de menos de 20.000 habitantes (suponen el 95% de los Ayuntamientos del país) para que sean las diputaciones quienes presten determinados servicios o decidan la fórmula de gestión. De esta forma se abre la puerta, directamente, a la privatización de los servicios con la consecuencia grave de que los ciudadanos serán los grandes perdedores con esta reforma.

Este nuevo proyecto elimina “los costes estándares” así ya no se fija un coste para en caso de incumplimiento quitar a estos ayuntamientos determinados servicios, ahora directamente y desoyendo los mandatos constitucionales, se les sustraen competencia. La intención primigenia de esta reforma de evitar las duplicidades de servicios ofrecidas por las administraciones públicas, mejorar su financiación y modernizar las estructuras administrativas locales de nuestro país se queda en nada.

Es un proyecto de ley que nace con la oposición de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales salvo el PP. Su mayoría absoluta pretende imponer una norma que hasta el informe del Consejo de Estado, dirigiéndose al Gobierno, al respecto recoge lo siguiente: “revise en profundidad el texto para darle coherencia y el rigor del que carece en lo referente a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa local”.

Es obvio, por tanto, que es una reforma que nace contra todos y no contando con todos. Una ley de estas características no puede hacerse de espaldas al resto de grupos que conforman el arco parlamentario porque está abocada al fracaso. La imposición a la hora de sustraer competencias a los ayuntamientos va a suponer un duro golpe a la eficiencia en la prestación de servicios públicos, especialmente a los de carácter social. El PP ha perdido la oportunidad de reformar el modelo de administración en pos de una del siglo XXI. Se ha empeñado, a pesar de todas las voces , incluidas desde sus filas, las que decían todo lo contrario.

Una reforma local que parece una contrarreforma que traerá más problemas de financiación, más privatización y puede suponer un varapalo al empleo público municipal.